crisis política en la COmarca ngäbe Buglé

Grupos indígenas se acusan de traición

El cacique local de Muna dijo que la empresa y el gobierno han provocado la división a causa del proyecto de Barro Blanco.
El proyecto hidroeléctrico de Barro mantiene dividido al movimiento indígena. El proyecto hidroeléctrico de Barro mantiene dividido al movimiento indígena.
El proyecto hidroeléctrico de Barro mantiene dividido al movimiento indígena.

La crisis y el conflicto por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco no es un tema nuevo. Tiene más de 15 años de tener enfrentados a indígenas y campesinos del sector de Tolé y de la propia comarca Ngäbe Buglé.

Los indígenas ngäbe buglés aseguran que ellos ya han puesto muertos, heridos y lesionados en una lucha por su cultura, recursos naturales, su religión, su forma de vida y sus derechos ancestrales.

“Sabemos que es un conflicto difícil, pero que ha estado en manos de muchas personas que solo han mirado sus intereses personales y no los de la colectividad”, afirma Rogelio Moreno, cacique local comarcal.

Moreno asegura que los gobiernos han promovido la división de los propios indígenas para intentar lograr sus objetivos de introducirse a la comarca y saquear sus recursos.

Y es que en el tema de la representación indígena por el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco han surgido muchas organizaciones que han dicho ser los voceros de los intereses de la población ngäbe buglé.

Quizás una de las más antigua sea el Movimiento 10 de Abril, creado por los afectados directos del proyecto en las riberas del río Tabasará, de la cual Toribio García, cacique local de Muna, asegura ayudó a formar en 1998.

“Los indígenas no están divididos, fue la empresa, los gobiernos y los funcionarios quienes han fomentando esta división, ofreciéndoles y ellos aceptando dádivas por sus favores y traiciones”, dijo García.

García ataca el Decreto Ejecutivo 537, que modificó la forma en que se eligen a los representantes a los congresos generales, regionales y locales de la comarca, como lo establece la Ley 10 que la creó y que causó la división y dualidad de sus representantes, entre los elegidos por voto vigilado por el Tribunal Electoral y los escogidos mediante los congresos de masa tradicional.

Ricardo Miranda, otro de los dirigentes de la facción más radical del M-10, afirma que la compra de dirigentes, tanto por la empresa que edifica Barro Blanco como por los gobiernos, no es nueva.

Expresa que los malos dirigentes cuando se sienten con el poder empiezan a pedir y a pedir, y el gobierno a prometer y prometer obras, proyectos y ayudas sociales. “Muchos no tienen solvencia moral, porque han recibido favores y deben pagarlos al Ejecutivo”, dijo.

Omaira Silvera, gobernadora de la comarca Ngäbe Buglé, rechaza estos argumentos, afirmando que existe una diferencia muy marcada entre las obras de Gobierno, que son necesarias y que son gestionadas por las entidades, y los conflictos indígenas por Barro Blanco.

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