Superación de complejos y respeto

Adolfo Linares: ‘Ya es hora de que echemos a un lado nuestros complejos de país bananero y empecemos a tener una política exterior acorde y cónsona con los intereses nacionales...’.

23 DE FEBRERO

En el reportaje publicado el miércoles 17 de febrero de 2016 en la página 31A de La Prensa, con el título “Panamá defiende su modelo de intercambio”, se hace referencia a declaraciones que diera mi apreciado y respetado colega Carlos Barsallo, que son las siguientes: “…el reto de Panamá para cumplir estándares internacionales cada día se hace mayor…….. Mientras que los argumentos del porqué es un país tan especial que no puede hacer lo que no haría el resto de países, se van acabando…….. más allá de los discursos, Panamá debe probar que encontrará mecanismos distintos a la mayoría para lograr el mismo resultado…..”.

Quisiera refutar los argumentos expresados de la siguiente manera:

Frase 1 “…el reto de Panamá para cumplir estándares internacionales cada día se hace mayor”: Barsallo parte de un enfoque equivocado. El reto de Panamá, como país independiente y soberano, es cumplir con las expectativas –o estándares para usar la palabrita que tanto les gusta a quienes defienden a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo)– de su pueblo, y no de la OCDE, ni del G-8, ni de EU, ni de la Unión Europea. Nuestras relaciones internacionales, por tanto, deben tener como objetivo primordial y principalísimo el interés nacional, de nadie más, y lo que pretende la OCDE es que Panamá modifique su legislación nacional para beneficio de los países que la integran, y en afectación de la economía nacional. Esto es un absurdo, pues atenta contra nuestra soberanía e interés nacional que, entre otras cosas, no es más que el derecho que tiene cada país para elegir a sus gobernantes y redactar sus leyes sin injerencia extranjera de ninguna naturaleza. Así lo enuncia claramente nuestra Constitución en su artículo 2 cuando dice que “el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce por medio de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Por otro lado y bajo las normas del derecho internacional público, que son las que Panamá debe acatar por mandato del artículo 4 de nuestra Constitución, no existen los “estándares internacionales” y, por lo tanto, Panamá no está obligado a cumplirlos. Y si alguna organización o grupo de países decidiera implementarlo, esto no los convierte en normas de obligatorio cumplimiento, ni les da el derecho de imponérselos a otras naciones, sobre todo si se pretenden implementar en contra de la voluntad del otro país, ya que le violaría su consentimiento, por lo que se considera nulo. Esto está claramente establecido en la Convención de Viena, que rige los tratados internacionales de 1969.

Frase 2: “….mientras que los argumentos del porqué es un país tan especial que no puede hacer lo que no haría el resto de países se van acabando”. Panamá no está exigiendo un trato “especial”, sino un trato igualitario, pues el derecho internacional público reconoce como principio fundamental la “igualdad jurídica de los Estados”, que significa que ningún país puede abusar de su poderío militar, económico, político, o como sea, para obligar a otro a firmar un tratado en contra de su voluntad, y es eso exactamente lo que está haciendo la OCDE. El hecho de que todos los países, menos uno -que no es el caso– firmen un convenio, eso no obliga al “rebelde” solitario a tener que firmarlo en contra de su voluntad, pues eso se llama soberanía y autodeterminación. La misma soberanía que EU utilizó para negarse rotundamente a firmar el Protocolo de Kioto, refrendado por casi todos los países del planeta para la prevención del cambio climático, es la misma autonomía que Panamá está argumentando. Si ellos pueden por qué nosotros no podemos, así de sencillo.

Frase 3: “….más allá de los discursos, Panamá debe probar que encontrará mecanismos distintos a la mayoría para lograr el mismo resultado…..”. No quiero sonar pedante, pero por el talante de esta frase pareciera indicar que quien las dice está partiendo de la premisa de que Panamá está obligado a obedecer a la OCDE, o que tiene que cumplir las expectativas de la comunidad internacional aún en contra de nuestra voluntad y del interés nacional, y esto no es así pues ellos tampoco lo harían. Como he dicho antes, en el derecho internacional cada país tiene la libertad de diseñar su gobierno, economía y fiscalidad a su imagen y semejanza sin intromisiones ni presiones de nadie.

Ya es hora de que echemos a un lado nuestros complejos de país bananero y empecemos a tener una política exterior acorde y cónsona con los intereses nacionales, y es esto lo que ha estado haciendo el gobierno del presidente Juan Carlos Varela cuando divulgó en la Asamblea General de la ONU la posición de Panamá; ese es el camino que se debe seguir. Nuestra política exterior, económica y fiscal no puede estar supeditada a la amenaza de que nos ponga en listas discriminatorias. ¡Ya está bueno!

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