PANAMÁ COMO CENTRO FINANCIERO

Acciones al portador, a la palestra

Mientras se acerca la fecha del Foro Global de la OCDE, aumenta la presión por inmovilizar las acciones, lo que tiene a muchos expertos en duda.

El debate sobre la eliminación de las acciones al portador regresa a primer plano, mientras se acerca la edición anual del Foro Global sobre Transparencia Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad famosa por querer eliminar estos instrumentos.

Durante esta sesión, la cual tendrá lugar en septiembre, se analizarán los pasos que ha dado el Gobierno por adecuar las leyes del país a fin de reconocer las demandas de la OCDE.

Esta adecuación legislativa incluiría primero la inmovilización de las acciones al portador y luego la eliminación de estos títulos, los cuales muchas jurisdicciones ya han desechado.

La pregunta que ronda ahora en los pasillos de muchas firmas de abogados y de financistas es: ¿Vale la pena sacrificar uno de los atractivos de Panamá para evitar las posibles sanciones que pueda aplicar la OCDE?

Esta pregunta ha sido discutida varias veces en reuniones entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de del sector privado, como bancos y estudios jurídicos.

La tendencia aparente del Gobierno es hacia la inmovilización de las acciones, lo que implica el depósito del controvertido instrumento con un agente de custodia que tendría el conocimiento de la identidad del dueño de la acción.

Para otros, entre ellos el abogado Eduardo Morgan Jr., la eliminación de las acciones al portador sería un golpe importante para la soberanía jurídica del país y, además, a la competitividad en cuanto a la atracción de fondos al sistema financiero nacional.

“Es tiempo que nuestro Gobierno empiece una campaña de divulgación de las bondades de las sociedades panameñas en este mundo globalizado”, comenta el abogado.

Este es un debate del cual muchos panameños han escuchado, pero de poco han sido informados por parte de los grupos de interés cuyas opiniones disímiles usualmente permanecen recluidas en reuniones de banqueros, abogados y funcionarios.

La existencia de la acción al portador genera incentivos para que inversionistas extranjeros decidan iniciar negocios en Panamá.

Estos negocios usualmente devienen en una mayor liquidez bancaria, debido a la entrada de fondos nuevos al sistema monetario, aunque no sean depositados directamente por parte del inversionista.

El aumento de la liquidez bancaria le crea un estímulo al banco para producir renta de esos nuevos fondos, por lo cual reduce las tasas de interés y amplía su cartera de prestamos, ya sean hipotecarios o personales.

Esto a su vez crea una expansión económica, ya que, para atender el aumento de la demanda, se deben crear nuevos productos.

Este proceso implica nuevos empleos e inversión en tecnología, mejorando el capital productivo del país.

En neto, este ciclo económico, siempre y cuando no provenga de una burbuja alimentada por subsidios o incentivos estatales, es positivo para el desarrollo de las finanzas nacionales.

Adicionalmente, la mayor cantidad de negocios redunda en mayores entradas tributarias para el Gobierno, casi a cero costo para el ciudadano.

La posibilidad de eliminar uno de los productos que atrae fondos del extranjero debe ser sometida al escrutinio, tanto del público como de técnicos en la materia. Esta postura es compartida por abogados relacionados a la materia tributaria y corporativa como Gian Castillero y Camilo Valdés, quienes consideran que debe darse un debate más amplio sobre las medidas a ser tomadas.

Para la OCDE, las acciones al portador pueden ser utilizadas como herramientas en el ejercicio de actividades ilegales y nocivas para la economía mundial, como el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo y narcotráfico y la trata de personas.

Por esta razón, durante la última década, el organismo ha llevado una campaña mundial para la eliminación de este tipo de instrumentos y para la implementación de medidas legales más rigurosas y severas sobre transparencia fiscal e intercambio de información financiera.

Debido a esta presión, Panamá ha firmado acuerdos de materia tributaria como el Acuerdo para la Cooperación Fiscal con Estados Unidos, que entró en vigencia en 2011.

ACCIONES EN CIFRAS

300,000

cantidad estimada de sociedades anónimas activas en Panamá.

480

millones emitidos en acciones preferidas en el mercado panameño.

17

tratados firmados por Panamá en materia tributaria según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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