INFRACCIONES DE TRÁNSITO

Arrendadoras demandan contrato de vigilancia vial

La demanda por parte de la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos de Panamá asegura que el contrato con Traffic Safety es oneroso para el Estado.
SUSPENSIÓN. La Autoridad del Tránsito ya ha tenido que suspender el funcionamiento de las cámaras de la empresa Traffic Safety por varios tropiezos y críticas sobre el contrato otorgado el año pasado. LA PRENSA/ Ana Rentería SUSPENSIÓN. La Autoridad del Tránsito ya ha tenido que suspender el funcionamiento de las cámaras de la empresa Traffic Safety por varios tropiezos y críticas sobre el contrato otorgado el año pasado. LA PRENSA/ Ana Rentería
SUSPENSIÓN. La Autoridad del Tránsito ya ha tenido que suspender el funcionamiento de las cámaras de la empresa Traffic Safety por varios tropiezos y críticas sobre el contrato otorgado el año pasado. LA PRENSA/ Ana Rentería

Aunque el Gobierno disminuyó las ganancias que recibiría Traffic Safety de Panamá, S.A. por operar el sistema de vigilancia vial, en la Corte Suprema de Justicia reposa una demanda de ilegalidad presentada por la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Panamá (Anav) contra el contrato firmado con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La demanda “contencioso administrativa de nulidad” fue presentada el 31 de agosto pasado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por la Anav y solicita la suspensión provisional de las operaciones de la compañía Traffic Safety.

El gremio de empresas dedicadas al alquiler de vehículos asegura en la demanda, que el contrato resulta “oneroso” y “lesivo” al Estado y particulares por varias razones, y de manera directa, afecta las operaciones de las empresas de arrendamiento de carros por el sistema de pago.

Según la Anav, en el periodo inicial de operación de las cámaras por sólo 15 días, el sistema de Traffic Safety impuso multas por 10 mil dólares, que para empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos “representa una carga sustancial...”.

Indica que más del 50% del mercado de alquiler de vehículos está dirigido a clientes extranjeros, los cuales una vez cancelan el servicio abandonan el país, imposibilitando la recuperación de las multas impuestas.

La sanción se aplica al propietario del vehículo que comete la infracción y no a quien lo conduce, según la imagen captada por la cámara cuando este se excede de la velocidad permitida en algunos puntos de la ciudad.

La única cámara que la empresa Traffic Safety había instalado fue apagada el 22 de junio pasado, día en que este diario reveló los detalles del contrato.

La Autoridad ordenó a la compañía suspender sus funciones en el sector de Costa del Este 15 días después de estar operando, y tras haber registrado 2 mil multas a razón de 50 dólares cada una, lo que representó una facturación de 100 mil dólares.

Originalmente, el contrato otorgaba 65% de las ganancias a Traffic Safety, y sólo 35% al Estado. Además, la inversión que debía hacer la empresa sólo era de 3 millones de dólares, lo que la demanda define como una suma “irrisoria” si se considera el corto plazo en que la compañía recuperaría los fondos y la cantidad de ganancias exponenciales que tendría al poco tiempo de funcionamiento.

Esta cláusula se cambió cuando el Gobierno dio un paso atrás y pactó nuevos términos con la compañía encargada de operar el sistema de vigilancia vial en la ciudad de Panamá.

Ahora, de acuerdo con declaraciones dadas por Ventura Vega, director de la ATTT, el 7 de diciembre pasado, el Estado se quedará con el 65% de las multas que se pongan a través del sistema de vigilancia de Traffic Safety, pero el contrato sigue vigente y con exclusividad en el mercado, tema que también se plantea en la demanda.

Inclusive, la demanda argumenta que las multas por infracciones de tránsito constituyen por mandato de la Ley patrimonio y renta de la ATTT.

Este diario insistió en conocer detalles de la ATTT sobre el acuerdo logrado con Traffic Safety, pero la institución no atendió la solicitud que se hizo desde la semana pasada.

Fuentes vinculadas al sector aseguran que “no hay pruebas fehacientes, ni refrendos de la Contraloría General de la República que prueben que el cambio en los porcentajes sea cierto”.

Ricardo Chanis Correa, representante de Traffic Safety en la firma del contrato con el Estado y miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros por designación del presidente Ricardo Martinelli, tampoco dio respuesta sobre el tema al cierre de esta edición.

ARGUMENTOS

Según la Anav, aunque la ATTT hizo un acto público, la adjudicación del contrato a Traffic Safety se hizo de manera ilegal, sin fundamento, y de manera arbitraria.

Primeramente porque, de acuerdo con la demanda, hubo una falta de proponentes adecuados debido a que “el pliego de cargos establecía una serie de condiciones que le ofrecían una ventaja significativa a Traffic Safety de Panamá, S.A.”.

Más allá, constata la demanda, resulta perjudicial al Estado que se le permita a la empresa “el acceso a la base de datos del Registro Único Vehicular y a la venta de la información de carácter estadístico a terceros distintos del Estado, de acuerdo a lo que señalan las cláusulas tercera, octava y décimo sexta del contrato de concesión No. 40-2011”.

Además, a pesar de que el contrato dice que Traffic Safety brindará un “servicio”, la demanda argumenta que el “(servicio) no existe, al no corresponder un servicio brindado a los conductores y particulares que circulen por las calles y avenidas de nuestro país, sino a una herramienta de fiscalización contratada por la ATTT”, el cual fue otorgado en “concesión administrativa” de manera que viola la ley.

“Es de cardinal importancia resaltar que dicho contrato fue suscrito sin la debida autorización del Órgano Ejecutivo, tal y como lo exige la Ley 5 de 1988, de manera tal que la única autorización existente para la realización de dicho contrato es la resolución de junta directiva de la ATTT JD-No. 17 de 23 de junio de 2011, mediante la cual se autorizó al director general, para la tramitación de los actos de selección del contratista bajo las diversas modalidades encaminados a licitar el servicio de cámaras de vigilancia para la seguridad vial”, dice la demanda.

No obstante, según la ley, la junta directiva de la Autoridad de Tránsito no tiene la facultad para autorizar concesiones administrativas, ya que es un poder único del Órgano Ejecutivo a través del Consejo de Gabinete. Según el artículo 2 de la Ley 5 de 1988, se exige la aprobación del Ejecutivo cuando se tiene que pactar un derecho o cifra en concesión administrativa.

La Anav consiguió una certificación, el 24 de agosto de 2012 de la Dirección General de Gaceta Oficial, que confirma que el contrato de concesión con Traffic Safety No. 40-2011 nunca fue publicado en Gaceta Oficial. Igualmente, recibió certificación por la Dirección General de Contrataciones Públicas el 29 de agosto de que el contrato No. 40-2011 no fue publicado en PanamaCompra.

Otra violación directa de disposiciones, según estipula la demanda, fue la omisión de una consulta ciudadana como requisito previo a la contratación de Traffic Safety, citan los artículos 24 y 25 de la Ley 6 de 2002 como prueba.

Este establece que debe haber acto de consulta por la administración pública si se afectan los intereses y derechos de grupos ciudadanos. Anav mantiene que “se refleja una conducta poco transparente por parte de la (ATTT), al no publicar un contrato que afecta de manera directa los intereses tanto de los particulares como de los gremios comerciales ligados al transporte terrestre...”.

Capital e infracciones

$3 millones

inversión mínima exigida a Traffic Safety de Panamá, S.A. en 10 años.

$10,000

multas en boletas colocadas por Traffic Safety a agencias de alquiler de vehículos.

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Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

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El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



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