POLÍTICA INTERNACIONAL FISCAL

Aumenta presión de la OCDE

Lo que para muchos es un elemento clave de la jurisdicción panameña, se encuentra en jaque por el organismo internacional.

Es una batalla campal que se ha estado luchando durante la última década, pero cuyas escaramuzas se han agudizado en los últimos meses debido a la sesión que se avecina del foro global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La reunión, programada para septiembre, es de particular importancia para Panamá. Allí se estará realizando un escrutinio del manejo de la transparencia fiscal en el país y sus respectivas deficiencias.

Una de las principales quejas de la OCDE ha sido la existencia de acciones al portador. A su juicio, estos instrumentos atentan contra los esfuerzos de las economías desarrolladas en su lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal.

Para varios expertos nacionales, entre ellos el abogado Eduardo Morgan Jr., las acciones al portador son uno de los elementos más atractivos de la jurisdicción panameña.

Es una de las piezas clave en la atracción de inversiones, ya que financian parte de la economía al aumentar la liquidez bancaria y, por ende, la disponibilidad de crédito para los locales.

Tanto los organismos internacionales como los profesionales panameños continúan presentando sus argumentos, mientras el Gobierno impulsaría un proyecto de ley que habría preparado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este proyecto buscaría inmovilizar las acciones al portador emitidas por empresas panameñas, de tal forma que estas tendrían que ser depositadas ante custodios que conocerían la identidad de su dueño.

Para Morgan y aquellos que comparten sus ideas, tal decisión sería un arma de doble filo, ya que le restaría competitividad al sistema financiero ante otras jurisdicciones que todavía permiten la emisión de acciones al portador (entre ellas, el estado de Delaware, Estados Unidos). Además, tendría un efecto dramático en la entrada de capital extranjero.

Los argumentos de la OCDE

Para el organismo internacional, una de las principales amenazas es que el sistema financiero puede ser utilizado por agrupaciones ilegales para realizar transacciones ilícitas que resultan en el lavado de dinero o el pago de salarios a sicarios y terroristas.

Es por esto que ha solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno, a través de varios estudios y revisiones, que considere la eliminación de las acciones al portador.

Adicionalmente, la OCDE ha pedido mayores controles y regulaciones sobre la entrega de información fiscal de contribuyentes extranjeros a sus países miembros, con el propósito de evitar la evasión de impuestos.

La organización internacional, formada por las principales potencias del mundo, tiene varias herramientas a su disposición para influenciar a países que no son miembros de que adopten sus peticiones y posturas, como es el caso de las listas negras y prohibiciones comerciales entre sus miembros y las naciones que no adopten su agenda.

Las presiones dirigidas a la eliminación de estos tipos de instrumentos se originaron a finales del siglo pasado, cuando los países miembros de la OCDE enfocaron su atención sobre jurisdicciones con bajos impuestos y leyes territoriales de aplicación tributaria. Los ciudadanos de estos países estaban retirando importantes sumas de esas economías, para evitar las crecientes cargas tributarias necesarias para financiar el incremento de la participación del Estado en la economía, una tendencia importante en los últimos años que ha desembocado en múltiples crisis financieras en Estados Unidos y en Europa.

La opinión de expertos

Para varios abogados y expertos financieros locales, entre ellos Gian Castillero, de la Asociación de Abogados Internacionales, y los abogados tributarios Adolfo Linares y Camilo Valdés, este es un tema que debe ser discutido ampliamente y cuyas consecuencias deben ser analizadas para entender si podrían perjudicar a la economía nacional.

Las acciones al portador resultan en una importante protección a la privacidad del inversionista.

Para estos abogados se hace necesario demostrar que para obtener la meta de prevenir el financiamiento de actividades ilícitas y el blanqueo de capitales hay mejores métodos que la eliminación de estos instrumentos, y que no tendrían un efecto tan negativo para la economía nacional.

Según estos juristas, el método de la eliminación de las acciones al portador –una importante parte de las acciones emitidas por las alrededor de 300 mil sociedades anónimas activas que hay en el país– podría causar un perjuicio mayor a la economía, que los beneficios que la OCDE propone resultarían.

La economía nacional tiene una fuerte exposición al flujo de inversiones del extranjero, la cual experimentó un crecimiento de 18.7% en el año 2011 hasta los 2 mil 789 millones de dólares, por lo que resulta importante para los abogados y economistas que se discuta profundamente acerca de este tema y no sea una decisión únicamente del Ejecutivo respondiendo a presiones de organismos internacionales.

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Cortesía/Sinaproc

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