Mercado de valores

SMV exigirá calificación de riesgo a emisiones

El regulador aspira a aumentar la protección a los inversionistas y 'tener un mercado más fortalecido y transparente'.

Caso de R.G. Hotels entra a la esfera penal

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Las emisiones del grupo R.G. Hotels que cayeron en impago no tenían calificación de riesgo cuando salieron al mercado. Actualmente los emisores no están obligados a obtener una calificación. Las emisiones del grupo R.G. Hotels que cayeron en impago no tenían calificación de riesgo cuando salieron al mercado. Actualmente los emisores no están obligados a obtener una calificación.
Las emisiones del grupo R.G. Hotels que cayeron en impago no tenían calificación de riesgo cuando salieron al mercado. Actualmente los emisores no están obligados a obtener una calificación. Archivo

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) trabaja en una nueva normativa para exigir a las emisiones de deuda que se hagan en el mercado local una calificación de riesgo, una medida que pretende reforzar un mercado de valores afectado recientemente por el descalabro de la empresa R.G. Hotels y un fallo judicial que podría dejar indefensos a los inversionistas que compraron deuda emitida por la empresa panameña en el mercado local. 

Las calificaciones son opiniones de firmas especializadas que valoran la capacidad de las empresas para repagar la deuda que están contratando. 

Marelissa Quintero, superintendente del Mercado de Valores, dijo que en los mercados de países avanzados se exigen calificaciones de riesgo de las emisiones. También en países de la región, como Costa Rica, donde se piden dos calificaciones para las emisiones.  

El regulador del mercado de valores espera que para el primer trimestre de 2016 entre en vigor el acuerdo, que primero debe ser aprobado por la junta directiva de la SMV y pasar un proceso de consulta pública. 

"Con una calificación, vamos a tener otro documento que hablará del producto que se está adquiriendo, y ya le corresponde al inversionista asumir el riesgo”.

Marelissa Quintero Superintendente del Mercado de Valores

Quintero pronostica que “habrá sectores que no estén de acuerdo”. Recordó que a los bancos se les exige tener una calificación, algo que actualmente se ve con normalidad y que en su momento generó cierto recelo.  

En el proceso de consulta habrá oportunidad de terminar de definir el requisito: si se exige a todas las emisiones o se hacen distinciones dependiendo del tipo de emisión o de a qué tipo de inversionista va dirigida.  

Destacó que es importante que el inversionista tenga información para tomar la decisión acertada.  

Con una calificación de riesgo, “vamos a tener otro documento que hablará del producto que se está adquiriendo, y ya le corresponde al inversionista asumir el riesgo”.  

Con esta medida el regulador aspira a aumentar la protección a los inversionistas y “tener un mercado más fortalecido, más transparente, con las reglas del juego claras, sobre todo de protección al inversionista”. 

La iniciativa de la SMV, que se venía trabajando desde el inicio de la actual administración, toma más relevancia luego de la quiebra de R.G Hotels, empresa del sector turístico que no cumplió con los pagos en dos emisiones de deuda registradas por la SMV en agosto de 2012.  

En el prospecto de la emisión , el documento en el que se dan los detalles financieros de la misma y se plantean sus riesgos, consta que las emisiones no contaban con una calificación de riesgo, aunque la empresa como tal sí la tuviera.  

En los registros de la Bolsa de Valores de Panamá figura casi un año después de la emisión, en marzo de 2013, que los bonos recibieron una calificación por parte de la agencia SCRiesgo.  

REACCIONES

El financista Álvaro Naranjo dijo que exigir calificaciones a las emisiones es una medida positiva, porque dará más transparencia al mercado, pero advirtió de que hay una serie de implicaciones, ya que hace que los procesos de las emisiones sean más lentos y más costosos.

Aunque esto puede suponer “un freno” para el mercado, “el balance al final es positivo, porque se depura el mercado y se evita que entren emisores dudosos”.

No obstante, aunque la calificación es una opinión de una firma especializada, no es una garantía de que el emisor vaya a cumplir con los inversionistas.

Un sonado ejemplo que recuerdan los críticos de las calificadoras es que Lehman Brothers, el banco de inversión cuya caída fue símbolo de la crisis financiera mundial de 2008, tenía calificación de alta solvencia poco antes de declararse en bancarrota.

Olga Cantillo, gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, dijo que desconoce el borrador en el que trabaja el regulador. Coincidió en que es necesaria una revisión del acuerdo actual de los emisores, aunque no especificó en qué dirección.

“Es un tema que también se está revisando a lo interno de la Bolsa de Valores de Panamá y consideramos que necesitamos trabajar en conjunto con el regulador y los actores del mercado con el objetivo de contar con emisiones sólidas en el mercado y a favor de los inversionistas”, dijo a este diario.

 

 

Caso de R.G. Hotels entra a la esfera penal

Una querella penal por la presunta comisión del delito de estafa fue presentada ayer ante la Fiscalía Auxiliar contra los accionistas de R.G. Hotels.

El recurso fue presentado por el abogado Armando Fuentes y acusa a Manuel Cristóbal Valencia, presidente de R.G. Hotels, Inc., y a los inversionistas Antonio Bonilla, Ricardo Bonilla, Howard Víctor Rodríguez, Gregory Louis Kay y Franchesco Magaliato de despojo mediante engaño de las acciones de R.G Hotels, Inc., Casa de Campo Farallón y Blue Vacation, por un monto de $60 millones en perjuicio de Rugiere Gálvez.

Según el documento, las personas objeto de la querella fingieron hechos que los hacían ver como empresarios e inversionistas de gran poder económico para asumir las obligaciones de un contrato de compraventa de acciones de los hoteles y proyectos propiedad de Gálvez.

También detalla que Gálvez era el único tenedor de las acciones de R.G. Hotels, dueño de Casa de Campo Farallón, S.A., Blue Vacation y que los denunciados le hicieron una oferta de compraventa de todas estas empresas.

Asegura además que Gálvez aceptó un contrato de depósito el día 30 de octubre de 2014 de la empresa Guardian Financial Group, propiedad de las personas objeto de la querella, pero luego, en acto de compraventa se sustituye a Guardian Financial Group por la Nabali Investment, Corp., y se le convence de firmar el contrato de compraventa.

Fuentes detallan a su vez que Nabali Investment, Corp., empresa a la que se transfirieron las acciones, no tenía liquidez para hacer la compra.

Plantearon que dicha acción configura una conducta delictiva que buscaba mediante engaño apoderarse de un bien sin estar en capacidad de cubrir el pago pactado y causar un daño patrimonial a la víctima que asciende a la suma de $60 millones.

Los abogados de los inversionistas hoy objeto de la querella de Gálvez han reiterado que los primeros dueños de la empresa presentaron una falsa situación económica desde el año 2012, cuando emitieron los valores, incluyendo estados financieros y avalúos que no reflejaban la realidad del grupo hotelero.

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