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La Ley 29 de 30 de diciembre de 1992, “ Por la cual se adopta un sistema especial de Puerto Libre para la provincia de Colón, y se dictan otras medidas” fue promulgada para darle a la provincia de Colón un sistema especial con estructura de puerto libre, sujeto a las políticas económicas del gobierno nacional y a los controles y fiscalización del hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre este mismo tema, nos atrevimos a escribir bajo el título de “ Sistema fiscal y aduanero especial de puerto libre ( Ventana Fiscal, La Prensa, 14 de agosto de 2016)".

Dentro de unos tres meses ese puerto libre, ahora limitado a la ciudad de Colón, será una realidad gracias a la Ley 7 de 2016 (“ Que modifica y adiciona artículos a la Ley 29 de 1992, que adopta un sistema especial de Puerto Libre para la provincia de Colón, para su efectiva implementación y funcionamiento”), que resucitó y le dio vida a la Ley 29 de 1992 cuando esta parecía dormir el sueño (o pesadilla) del paraíso perdido.

En concordancia con nuestra burocracia y con la política del “ después”, está pendiente el reglamento de control y que en propiedad sea nombrada o tome posesión la junta asesora, pues la Ley 7/2016 la considera como el máximo organismo consultivo y asesor del Órgano Ejecutivo en las políticas del Sistema Especial de Puerto Libre para la ciudad de Colón. Dicha junta asesora estará integrada por 9 miembros más el gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), en calidad de secretario técnico sin derecho a voto.

Los empresarios interesados en invertir en infraestructura o en comercializar o importar mercancías o productos ya pueden inscribirse en el Registro de Inversionistas en la Administración de la ZLC, señalado en el artículo 12 de la ley en comento. Es decir, que habrá espacio para los constructores y para los comerciantes en general, pero quedan por fuera de la ley, y por ende de sus incentivos y control, las empresas de servicios que ya se encuentran establecidas dentro del perímetro de las 16 calles que forman la ciudad de Colón. Entre esas empresas están las que brindan servicios de hospedaje y los centros médicos, situación que deberá resolverse a corto plazo.

En la investigación que hiciéramos, el formulario de inscripción (Registro de Inversionistas) que se obtiene en la Administración de la ZLC tiene como una de las condiciones la presentación del aviso de operación. Advierto que esto no es parte de las condiciones que establece la ley que le dio vida al proyecto.

Los incentivos fiscales incorporados por la Ley 7/2016 a la modificada Ley 29/1992 son aplicables de acuerdo con la categoría de la inversión de los participantes, según la siguiente división:

A) A los inversionistas comerciantes o importadores se les concede la exoneración de todos los impuestos de importación, salvo de los automóviles y equipo pesado, así como la exoneración del impuesto sobre el capital de la empresa.

B) A los inversionistas de infraestructura, además de los incentivos mencionados en el literal anterior, se les otorgan los procedimientos, beneficios, incentivos, requisitos y sanciones establecidos en la Ley 136 de 2013: “ Que actualiza el régimen fiscal aplicable para la rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá” (artículo 12-A de la Ley 7/2016).

Es importante advertir de que el artículo 30 de la Ley 136/2013 obliga a los inversionistas a realizar sus compromisos de inversión dentro de los dos años siguientes contados a partir de su vigencia, y que el término venció el 17 de enero de 2016. Queda en manos de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico fijar plazos distintos para su ejecución.

Muy a pesar de la confusión literaria y del calendario, los beneficios fiscales que ofrece la Ley 136/2013 están destinados a:

* los propietarios o inversionistas de bienes inmuebles ubicados dentro de la ciudad de Colón;

* los arrendatarios de un bien inmueble construido, reconstruido o restaurado dentro de la ciudad de Colón que haya sido destinado para vivienda;

* y a las edificaciones y áreas de estacionamiento.

CÁPSULA FISCAL: En términos generales, los beneficios tributarios, además de la exoneración del impuesto de importación, contemplan la exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, exoneración del impuesto sobre la renta (10 años), el impuesto al capital y exoneración del impuesto de inmuebles (30 años).

El autor es asesor fiscal

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