VENTANA FISCAL

Confidencialidad fiscal

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Confidencialidad fiscal

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

Antes de empezar este artículo debo, por el respeto que merecen los lectores, confesarles “confidencialmente” que en el artículo sobre las Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ventana Fiscal de La Prensa del 1 de marzo de 2015) pasé por alto una modificación. Aunque no es excusa, ello es prueba de mi condición humana. Gracias al licenciado Juan Pablo Fábrega hoy advierto que la norma que concedía a estas sociedades un régimen fiscal especial en cuanto al impuesto sobre la renta fue derogado con la Ley 49 de septiembre de 2009, quedando expuestas a las condiciones generales del Código Fiscal, incluyendo lo concerniente a la tarifa para personas jurídicas, y no sobre la persona de los socios.

Ahora bien, en el complejo campo fiscal existe un elemento de estricto cumplimiento, so pena de sanciones legales. Se llama CONFIDENCIALIDAD.

La autoridad fiscal, la Dirección General de Ingresos (DGI), está impedida legalmente de dar información o divulgar “la cuantía o fuentes de entradas o beneficios, ni las pérdidas, gastos o algún otro dato relativo a ello que figuren en las declaraciones del contribuyente…”, tal como señala el artículo 722 del Código Fiscal, que a su vez señala dos excepciones:

1 .– lo concerniente a personas que son parte de procesos de alimentos, siempre que sea solicitada por autoridades competentes, y

2.- cuando se trate de personas que están dentro de procesos en que el Estado es parte y que las autoridades judiciales y del Ministerio Público consideren justificado solicitarlas.

Agrega el artículo 722 antes señalado que la responsabilidad sobre la confidencialidad de la información así suministrada queda en manos de la autoridad que la solicitó, debiendo asegurar que sea utilizada estrictamente para lo que fue solicitada. Por ejemplo, en los juicios civiles en que un contribuyente sea parte podrán llevarse a cabo inspecciones oculares con los mismos requisitos y formalidades permitidos para la inspección de los libros y documentos de los comerciantes, además de la debida confidencialidad.

Por otro lado, tenemos que el artículo 21 del Decreto de Gabinete 109 de mayo de 1970 (“Por el cual se reorganiza la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas”) señala que todos los funcionarios de la DGI están obligados a mantener absoluta reserva “de las cuestiones que lleguen a su conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones”.

Además, el artículo 169 del Decreto 170 de 1993, el reglamento del impuesto sobre la renta, tal como quedó con el Decreto Ejecutivo 98 de 2010, es directo al indicar que “Con excepción de lo que se establezca en convenios internacionales suscritos por la República de Panamá para el intercambio de información tributaria, o en circunstancias expresamente consignadas en la ley, no se podrá divulgar la cuantía o fuente de rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquier otro dato relativo a ello que figuren en las declaraciones del contribuyente, ni se permitirá que estas, sus copias y los documentos que con ella se acompañen sean examinados por personas distintas al contribuyente o de su representante o apoderado”.

Tal es el obligado grado de confidencialidad que lo que hemos conocido recientemente a través de ciertos medios de comunicación sobre la auditoría que realiza la DGI a una empresa azucarera, seguramente tuvo su fuente de información fuera de la DGI. La probabilidad apunta al mismo contribuyente y/o personas relacionadas. Algo así como el círculo cero.

Finalizo advirtiendo de que las normas sobre confidencialidad fiscal no impiden ni limitan a la DGI hacer del conocimiento público la lista de los morosos tributarios. Esto es otro caso digno de estudio.

Recuerde que mañana se vence el plazo normal para presentar la declaración jurada de rentas de las personas naturales.

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