Gobierno y Pycsa preparan nueva ronda de conversaciones

El Corredor Norte, en la encrucijada

La operación del Corredor Norte está retrasada por asuntos legales. El Gobierno quiere concretar la compra antes de fin de año.
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Tras la emisión de bonos del pasado jueves en la que Empresa Nacional de Autopistas (ENA) consiguió los recursos para cerrar la compra del Corredor Sur –que se terminará de concretar la próxima semana–, las miradas volverán a dirigirse a la estancada negociación por el Corredor Norte, propiedad de la empresa Pycsa.

Las dos operaciones se anunciaron a la vez –en marzo de 2010– y las negociaciones se iniciaron en paralelo. La intención del Gobierno era cerrar las compras al mismo tiempo y cumplir así con una promesa de campaña. Por el Corredor Sur se pagarían $420 millones a ICA Panamá y por el Norte, $650 millones a la citada Pycsa.

Sin embargo, las conversaciones con esta última no avanzaron al mismo ritmo y el Gobierno decidió separar las operaciones.

Desde un principio hubo muestras de las diferencias entre el Gobierno y Pycsa. El presidente, Ricardo Martinelli, llegó a acusar a los responsables de la empresa mexicana de “resbalosos”, de no estar cumpliendo su palabra y amenazó, incluso, con expropiar la concesión. Eso sucedió el año pasado.

En sus manifestaciones públicas, los voceros de la empresa siempre han manifestado su interés por concretar la operación, un capítulo que sigue abierto tras haber transcurrido un año desde que se hizo el anuncio presidencial.

Negociaciones

Esta misma semana, el ministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino dijo que no era “muy optimista con la situación actualmente. No se han podido remover los factores de riesgo que han apuntado los abogados, y los señores Haddad (propietarios de Pycsa) no son personas muy fáciles con las cuales tratar”.

La operación, señaló el ministro, está retrasada porque Pycsa no ha podido cumplir con los documentos, garantías y representaciones que han solicitado y recomendado nuestros asesores legales”.

A partir de la próxima semana se acordará una nueva ronda de negociaciones.

El gerente de ENA, Rigoberto Effio, dijo que la intención es comprar el Corredor Norte antes de que termine el año.

Cuestionado sobre si todavía está sobre la mesa la posibilidad de la expropiación, Effio dijo que no tiene responsabilidad sobre esa decisión, pero opinó que traería problemas de seguridad jurídica. “No sé si es el camino más recomendable. Vamos a tomar todas las alternativas antes de llegar a una decisión como esa”, añadió.

El ministro Vallarino dijo que “antes de expropiación se estaría considerando una cancelación de la concesión, pues hay elementos suficientes de acuerdo con algunos abogados. Evidentemente, Pycsa utilizaría recursos legales o acudiría a una solicitud de arbitraje”, un final que el Gobierno siempre ha intentado evitar.

Las ampliaciones

El hecho de que las negociaciones por el Corredor Norte estén ralentizadas no impedirá la extensión de la vía hasta la 24 de Diciembre.

La próxima semana se le dará a ICA la orden de proceder de esta obra. Anteriormente, Pycsa le había cedido a ICA los derechos para ejecutar la obra, un cuestionado traspaso que formó parte de las negociaciones.

La misma ICA será la encargada de ampliar a seis carriles el Corredor Sur, obra estimada en $150 millones. El inicio de estos trabajos, sin embargo, demorará más tiempo, puesto que ENA está a la espera de una asesoría, cuyos resultados se conocerán en dos o tres meses.

La orden de proceder se podría estar entregando antes de final de año, dijo Effio.

Entre otros aspectos, la asesoría analiza cómo explotar los derechos de relleno de lecho marino frente al centro de convenciones Atlapa, con los que se financiarán las expansiones de los corredores.

Aunque ya no haya obstáculos para que las carreteras se conecten físicamente, hasta que no se concrete la compra del Corredor Norte no se podrá contratar a un solo operador para toda la infraestructura. ENA pretende hacer una licitación pública a finales de 2012.

Para entonces, los dos corredores deben ser propiedad del Estado y los peajes de los usuarios se estarán utilizando para pagar la deuda de $970 millones.

Solo habrá comenzado un largo recorrido que, si todo marcha según lo previsto, no terminará hasta 2020, cuando el Ejecutivo estima que se terminará de pagar la deuda y liberará las carreteras.

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