Corte no define caso de impuesto a juegos de azar

En 2009 se aprobó un incremento en el impuesto a los operadores de juegos de azar. Tres años después, las máquinas tipo A fueron excluidas de la medida.
Se estima que el Estado ha dejado de percibir 17 millones de dólares en un año. La Prensa Se estima que el Estado ha dejado de percibir 17 millones de dólares en un año. La Prensa
Se estima que el Estado ha dejado de percibir 17 millones de dólares en un año. La Prensa

Inconstitucional. Así pidió hace un año la exprocuradora Ana Belfon a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declarasen el artículo 11 de la Ley 28 de 8 de mayo de 2012 que redujo el impuesto que pagan las salas de máquinas tragamonedas tipo A al Estado.

Pese a la opinión de Belfon, el máximo organismo de justicia del país no se ha pronunciado sobre el caso, que está en el despacho del magistrado Jerónimo Mejía, al tiempo que la reducción impositiva aprobada por el gobierno de Ricardo Martinelli ha generado una disminución significativa en la recaudación de impuestos.

En 2009 se aprobó un incremento progresivo en el impuesto que pagarían los operadores de juegos de azar, que debía llegar hasta el 22% para 2014 en el caso de las máquinas tragamonedas tipo A, conocidas por pagar múltiples premios. Específicamente en 2012, la administración Martinelli introdujo cambios fiscales, entre los que se encuentra la reducción al 18% en el impuesto que debían pagar las máquinas tipo A, y también se aumentó de 15% a 18% el pago a los casinos completos.

Belfon indicó que el artículo 11 de la Ley 28 de 8 de mayo de 2012 desconoce los artículos 46, 276 y 298 de la Constitución Nacional. Estos tienen que ver con el carácter retroactivo de las leyes, la creación de renta sustituta y la intervención del Estado en los sectores económicos.

Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar, organización que presentó una demanda de inconstitucional contra el artículo 11, se abstuvo de realizar comentarios sobre el tema.

Algunos conocedores del sector de juegos de azar indicaron que a consecuencia de la reducción del impuesto a las tragamonedas tipo A, el Estado ha dejado de percibir unos 17 millones de dólares desde 2014 a la fecha.

En los casinos completos, que son aquellos establecimientos de apuestas que operan en los hoteles con 300 habitaciones, el negocio de las salas tipo A es controlado por la compañía Gaming & Services de Panamá, que tiene 26 salas distribuidas en todo el país.

Esta empresa, además, recibió a inicios de 2014 una extensión por 20 años para seguir controlando este negocio, a pesar de que su concesión se vencía en 2017.

Para lograr esta extensión, Gaming & Services pagó 13 millones de dólares antes de marzo de 2014, tres meses antes de que venciera el mandato de Martinelli. La cifra es inferior a los 20 millones de dólares que pagó la compañía en 1997 cuando se adjudicó la concesión.

En el primer semestre del año las apuestas en máquinas tragamonedas tipo A alcanzaron los mil 107 millones de dólares.

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