Junta Directiva de Etesa insiste en consumo moderado

Cortocircuito de opiniones en Etesa

El gerente de Etesa, Iván Barría, renunció a su cargo, y expresó que la Ley 22 de contrataciones públicas limita la respuesta de la empresa.

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Óscar Rendoll (Izq.), gerente encargado de Etesa a partir de l de abril; Dulcidio De La Guarida, ministro de Economía y Finanzas; Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía; e Iván Barría, gerente saliente de Etesa. Óscar Rendoll (Izq.), gerente encargado de Etesa a partir de l de abril; Dulcidio De La Guarida, ministro de Economía y Finanzas; Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía; e Iván Barría, gerente saliente de Etesa.
Óscar Rendoll (Izq.), gerente encargado de Etesa a partir de l de abril; Dulcidio De La Guarida, ministro de Economía y Finanzas; Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía; e Iván Barría, gerente saliente de Etesa. Eric Batista

El lenguaje corporal de los exponentes antes de que se iniciara la conferencia de prensa advertía el grado del cortocircuito. Hasta que lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia: la renuncia de Iván Barría al frente de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) se debe a diferencias de opinión entre el gerente y la junta directiva de la entidad.

Barría deja la gerencia de Etesa luego de 32 meses al frente de ella, en momentos en que la empresa pública atiende daños en la subestación de Panamá, ubicada en Condado del Rey, que tras dos explosiones, registradas el viernes 17 y martes 21, dejó sin suministro eléctrico parcial a las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

Permanecerá en el cargo hasta el próximo 1 de abril, día en que Óscar Rendoll, actual subgerente de Etesa, asumirá como gerente encargado. En ese momento, Barría pasará a ser asesor de su sucesor hasta el 30 de abril, mientras se completa la transición.

'ME SENTÍA IMPEDIDO'

Los sucesos que provocaron la renuncia de Barría se iniciaron en enero de 2015, cuando se detectaron anomalías en los sistemas de medición de energía ante la posibilidad de explosiones de la subestación Panamá. Siguiendo parámetros que le facilitó una empresa de transmisión eléctrica de otro país, que había tenido problemas similares, Etesa determinó que debía cambiar 12 piezas.

Los parámetros de la empresa panameña habían determinado que los equipos funcionaban correctamente.

Por precaución y sin saber qué sucedía entonces, explica Barría, en febrero de 2015 Etesa ordenó la compra de 12 piezas, siguiendo los procesos dispuestos en la Ley 22 de contrataciones públicas.

Las piezas llegaron al país el pasado jueves 16, un día antes de la primera explosión en la subestación de Condado del Rey. Con ellas, la empresa pudo reemplazar los equipos dañados y resolver parcialmente el infortunio.

A finales de 2015, continúa Barría, la gerencia determinó que se debían cambiar los 40 transformadores de la subestación. Luego de dos licitaciones que se declararon desiertas, a la tercera se logró adjudicar la compra. Esto se logró un año después -finales de 2016- de que Etesa definiera comprar las piezas, que se espera lleguen al país desde Turquía el próximo 30 de abril.

Barría subraya que la demora en la compra de los equipos se debe al “proceso complicado” que se debe seguir, acatando lo dispuesto en la Ley 22 de contrataciones públicas.

“Etesa es una empresa de servicios y tiene una obligación. Me sentía muchas veces impedido e incapacitado de dar las soluciones que merece el pueblo”, explicó Barría al final de la conferencia, en la que no tuvo la palabra durante su desarrollo.

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Cortocircuito de opiniones en Etesa

“No voy a comentar dónde se demoraba (el proceso de contratación), pero sí es un proceso que limitaba la capacidad de ser una empresa de servicios (...) Hay diferencias fundamentales en el enfoque que quisiera dar y el enfoque que me permite la ley. La directiva tiene su punto de vista, yo el mío”, agregó Barría.

REVISIÓN DE LA LEY

Cuando en 2001 se creó Etesa, la intención era que funcionara como una empresa privada. Que fuera su junta directiva la que definiera los procedimientos, como los de compra de equipos o contrataciones para suministro.

Así funcionó durante cinco años: Etesa no estaba sujeta a la Ley 22 de contrataciones públicas. Hasta que en 2006 se aprobaron las reformas a la legislación y quedó sujeta a ella.

“Todas las empresas públicas, ministerios, instituciones (...) estamos obligados a operar bajo las normas que establece la ley panameña, en particular la Ley 22 de contrataciones públicas”, explicó el ministro De La Guardia. “Efectivamente, le imponen a las instituciones o empresas públicas limitaciones, pero esas limitaciones son producto de la ley, y como servidores es nuestra obligación cumplir con la ley”, agregó, al tiempo que reconoció que “eso hace que Etesa sea menos competitiva que las empresas distribuidoras eléctricas”.

Ni la junta directiva de Etesa ni Barría profundizaron en las diferencias de opiniones que afirmaron existen entre ambas partes. No obstante, hay un tema en particular que generó disconformidad entre los directivos, y es que la gerencia nunca informó desde 2015 que se necesitaba la compra de los 40 transformadores.

Fernando Aramburú Porras, miembro de la junta directiva de Etesa, afirmó que se enteraron de lo que sucedía cuando se registró la primera explosión, el pasado viernes 17.

Entre las diferencias de opinión, existe un punto en el que parecen coincidir: la revisión de la Ley 22 de contrataciones públicas para que Etesa tenga más flexibilidad en temas de operación y mantenimiento.

Para Barría, el legado que deja en la empresa es que “entré en una institución y salí de una empresa”. De La Guardia le agradeció haber sido “una pieza fundamental para lograr el avance de la tercera línea de transmisión eléctrica”, con un 96% de avance.

La construcción de la tercera línea de transmisión se comenzó cuatro años más tarde de lo establecido en el plan de expansión de Etesa, después que la administración de Ricardo Martinelli paralizara el proyecto, situación que no permitió que la energía que se necesitaba fuera transportada desde las plantas de generación en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas hasta los centros de consumo.

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