VENTANA FISCAL

Cuentos de controversias

OPINIÓN

El camino de los impuestos siempre es interesante. Nunca aburrido. Está lleno de cambios y controversias que mantienen en estado de alerta a quienes nos dedicamos a este escabroso tema.

Aunque la labor de cobrar nunca ha sido ni será fácil ni grata, especialmente si se trata de impuestos, las controversias fiscales tienden a hacer más pesada la carga. Aún así, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha vendido públicamente una imagen de cobrador de impuestos, función que tiene su apoyo en las normas fiscales, pero que históricamente se ha realizado de manera discrecional en clara violación al principio de que los funcionarios solamente pueden hacer lo que las leyes permitan, pues ir más allá es abuso de autoridad.

Solo hay espacio para la aplicación de las normas; no para la interpretación.

Velar por la recaudación de impuestos es una obligación de la DGI, como es también una obligación del sector privado pagar lo que le corresponde a cada cual. Ambos elementos son importantes ante la necesidad de aumentar los ingresos tributarios que permitan cumplir compromisos presupuestarios, pero la labor se hace más difícil cuando se expiden normas que contravienen esa misión. Una de ellas es la promovida y muy probable venta de las acciones que posee el Estado en ciertas empresas privadas, que traerá como consecuencia que la recaudación tributaria se afecte negativamente, pues la tarifa impositiva para ellas disminuirá automáticamente.

Parece cuento, pero la verdad la encontramos en el artículo 699 del Código Fiscal, tal como quedó modificado con el artículo 9 de la Ley 8 de 2010, que en uno de sus párrafos dice que “Las empresas en las que el Estado tenga una participación accionaria mayor del cuarenta por ciento (40%) de las acciones pagarán el Impuesto sobre la Renta a la tarifa del treinta por ciento (30%)”. Dicho en otra manera, cuando el Estado disminuya su participación o salga como accionista la tarifa impositiva será de 25%; es decir, 16.7% menos.

Con la venta de acciones que posee el Estado no solo se pierde una buena inversión, sino sus dividendos anuales y a la vez disminuye la recaudación tributaria. Cómo pretender elevar la recaudación para cumplir compromisos si se acepta en inocente silencio la disminución del impuesto a las grandes empresas por el solo hecho de salir el Estado como accionista de ellas? Como dice una cuña publicitaria: saca la cuenta y date cuenta.

Es de suponer que las acciones del Estado panameño en las empresas de generación y distribución de energía eléctrica y en la telefónica Cable & Wireless son inversiones sólidas y que tienen un buen rendimiento en cuanto a los dividendos anuales, y que anualmente se revalorizan más. Estos son los elementos de venta para ofrecer este producto a futuros inversionistas, y bajo ese mismo prisma debemos ver este negocio.

Cabe entonces la conclusión: si las acciones que posee el Estado representan una buena inversión para los compradores, igual de buena debe ser para los vendedores (el Estado). La venta es un mal negocio.

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