CATASTRO

Decreto ejecutivo 130 de 2017

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Decreto ejecutivo 130 de 2017

Recién salió a la luz pública el decreto ejecutivo 130 fechado el 6 de junio de 2017, que establece normas o directrices con el fin de que los bienes inmuebles mantengan la información catastral actualizada.

Tiene su base legal en la Ley 59 de 2010 que otorga potestad a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) de crear un sistema de información nacional con el fin de crear un catastro único “con propósitos multifinalitarios y garantizar la administración, accesibilidad y manejo de la información” sobre bienes inmuebles que se genera en las diferentes entidades que intervienen en el registro y control de los mismos.

El mencionado decreto ejecutivo se apoya en los artículos 794 y 795 del Código Fiscal.

El primero de ellos (artículo 794) se refiere a la obligación del Registro Público, en coordinación con la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Anati, de “regular, estructurar, compartir y administrar” sus bases de datos informáticos para controlar y hacer más efectivos los valores catastrales actualizados, sin necesidad de hacer avalúos catastrales.

El segundo (artículo 795) no hace más que repetir lo que ya existe señalando la obligación de los notarios públicos de remitir “mensualmente a la DGI y a la Anati una relación de todas las escrituras extendidas durante el mes, que se refieran a inmuebles, con indicación de las fincas afectadas y de los valores asignados a ellas”.

Los dos artículos, que no son nuevos, están diseñados para la debida actualización directa y expedita de los valores de los inmuebles y sus efectos tributarios.

Lo nuevo está en la obligación de quienes están a cargo de expedir permisos de construcción (municipios, instituciones y funcionarios) para nuevas obras o para remodelaciones de remitir a la Anati y a la DGI, dentro de los primeros 15 días de cada mes, un informe de los permisos de construcción otorgados, los cambios que de zonificación o de uso de suelo autoricen y los permisos de ocupación, con el fin de mantener la información catastral de los bienes inmuebles situados dentro de sus respectivas jurisdicciones. Se quedaron por fuera los permisos de demolición y su respectivo certificado de “ejecutada”, que sin duda tiendan a disminuir el valor catastral y su respectivo impuesto de inmuebles.

Aunque siempre ha existido la obligación de declarar las mejoras (obras) construidas, se hace constar en el aludido DE-130/2017 que los propietarios de las fincas o bienes inmuebles afectados con la construcción de nuevas mejoras o remodelaciones deben actualizar la información en la Anati dentro de los siguientes seis meses, contados a partir de la fecha del permiso de ocupación.

En caso contrario, y esto sí es lo nuevo, la Anati hará la actualización catastral de oficio. Pero no se define el valor de tal actualización y queda en el aire si será con base en el valor declarado en el permiso de construcción o queda al arbitrio de la misma Anati.

Por otro lado, el citado decreto ejecutivo le permite a la DGI, previa solicitud de los municipios, entregar la lista de los inmuebles morosos por más de un año ubicados en su área geográfica, “con el propósito de ubicar a los propietarios de dichos inmuebles bajo su jurisdicción y remitir dicha información a la Dirección General de Ingresos”.

Sin lugar a dudas, la medida tiende a hacer más efectivo el control y la recaudación de este impuesto.

Lo más crítico de las nuevas reglas es la obligación de los notarios públicos de exigir, para cerrar una escritura pública de transferencia del título de dominio o propiedad de un bien inmueble, el desglose del valor del terreno separado del valor de las mejoras.

Igual queda el Registro Público obligado a no inscribir escritura alguna que no cumpla con tal desglose. En caso de cumplir con lo exigido, la Anati tiene la potestad de ajustar dichos valores si, según su criterio, el desglose no se ajusta al valor real de ambos componentes de los bienes. Aunque este desglose es recomendado por los expertos en el tema, dejar a criterio de una autoridad tales valores sin una fórmula que sea cónsona con la realidad del mercado es por demás un peligro para la industria inmobiliaria.

CÁPSULA FISCAL

Si hoy tenemos un vía crucis para hacer efectivos los diferentes pasos para escriturar en debida forma las transferencias de bienes inmuebles, con las nuevas normas el sector no solamente perderá más tiempo, sino que los compradores estarán a la espera de sus escrituras sin poder hacer uso de sus nuevas viviendas.

Todos perderán.

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