DECRETO EJECUTIVO 194 DE 5 DE MARZO DE 2012

Demandan cambios en reglamento de TDT

El Órgano Ejecutivo modificó uno de los literales de la ley que reglamentó el intercambio de información fiscal, y este decreto fue objeto de demanda.

Mediante el Decreto 194 de 5 de marzo de 2012, el Órgano Ejecutivo modificó uno de los literales de la ley que reglamentó el proceso para el intercambio de información, en el marco de los convenios para evitar la doble tributación (TDT) y para el intercambio de información fiscal (TIEA) firmados con 13 países.

Estos convenios se firmaron con el fin de que Panamá dejara de ser considerado paraíso fiscal.

El citado decreto ya fue objeto de una demanda contenciosa administrativa de nulidad con solicitud especial de suspensión provisional ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La acción pública presentada por el abogado y ex viceministro de Finanzas, Publio Cortés, solicita que se declare nulo por ilegal el literal “q” del Artículo 4 del Decreto Ejecutivo 85 de 28 de junio de 2011, reformado por el Decreto Ejecutivo 194 de 5 de marzo de 2012.

La demanda presentada la semana pasada está basada en que con la modificación del citado literal se violan disposiciones locales, en cuanto al proceso que rigen los actos administrativos en materia fiscal.

Actuando en línea contraria a los convenios firmados, resalta la demanda, el Ejecutivo emitió el Decreto 194 de 5 de marzo de este año eliminando el reconocimiento del derecho a ser parte del proceso que tiene la persona que es sujeto del intercambio de información.

El demandante recuerda que el Gobierno panameño y los otros Estados contratantes se comprometieron a que el intercambio de información tributaria se realizara en el entendimiento de que seguirán siendo aplicables, antes de que se concrete el intercambio, los procedimientos administrativos ya existentes que salvaguardan los derechos de los contribuyentes y personas involucradas en este proceso.

También señala que los convenios establecen que las autoridades competentes recabarán la información en la medida que lo permita la legislación interna, y que ello incluye a las leyes procesales que rigen los procesos administrativos de carácter fiscal.

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