VENTANA FISCAL

Derecho a la tarifa preferencial

OPINIÓN

Tengo la impresión de que pocos conocen las nuevas normas para poder obtener la tarifa progresiva combinada alternativa (TPCA) del impuesto de inmueble.

Me refiero a esa tarifa preferencial que nació con la Ley 6/2005, que fue reinstalada con la Ley 49/2009 y finalmente modificada con la Ley 8/2010.

Esta tarifa mantiene la exoneración de los primeros 30 mil dólares para todo bien inmueble, y ofrece la tarifa de 0.75% sobre los siguientes 70 mil dólares y 1% sobre todo excedente de 100 mil dólares.

Es muy común pensar que la TPCA, la tarifa más baja que grava la propiedad inmobiliaria en Panamá, solamente se obtiene por medio de los avalúos inmobiliarios, ya sean privados o de oficio, porque esa es la fórmula que ofreció la Ley 6/2005.

Pero lo cierto es que los promotores de la Ley 8/2010 construyeron un puente para que los propietarios de bienes inmuebles tengan derecho a la TPCA sin necesidad de hacer avalúos. Pero la buena noticia tiene sus condiciones. Veamos:

Toda nueva finca producto de proyectos inmobiliarios tiene derecho a la tarifa preferencial del impuesto de inmuebles en forma automática, bajo tres condiciones: 1) que el permiso de construcción haya sido emitido a partir del 1 de julio de 2010; 2) que se haya presentado una revalorización del terreno dentro de los cinco años previos a la fecha de inscripción de las mejoras en el Registro Público, y 3) que esta inscripción se realice dentro del término de un año contado a partir de la fecha del permiso de ocupación correspondiente. Esta oferta implica que no se requiere hacer otro avalúo de las nuevas fincas que nacen con el proyecto y que el impuesto de inmueble será calculado por derecho propio con la TPCA, excepto en las propiedades horizontales donde priva la tarifa de 1% sobre el valor del terreno mientras dure la exoneración de las mejoras.

Otras mejoras nuevas (ya construidas) también tienen derecho a la TPCA, siempre que no hayan transcurrido más de dos años entre la fecha de vigencia de la Ley 8/2010 (1 de julio de 2010) y el permiso de ocupación, y que las mejoras hayan sido inscritas en el Registro Público antes del pasado 1 de julio de 2011.

Lo expuesto se limita al impuesto de inmuebles. Si se requiere establecer un nuevo valor catastral que sirva como costo básico a la hora de la transferencia del bien inmueble, es imprescindible realizar el trámite de avalúo a la propiedad, siguiendo lo que señalan las normas fiscales al respecto.

Me pregunto, con dudas razonables, si las autoridades fiscales están en esta onda y si el programa del impuesto de inmueble ha considerado estas normas muy peculiares, que se han de aplicar incluso en las propiedades horizontales una vez se les termine la exoneración de las mejoras.

En caso contrario, les corresponde a los propietarios de estos inmuebles velar y hacer valer los derechos consagrados en el Código Fiscal.

Otra cosa. Por la revolución fiscal que hemos vivido en los dos últimos años, y ante la necesidad de tener una organización privada especializada en dichos temas, un grupo de profesionales de la tributación (sobre todo abogados y contadores) se ha dado a la tarea de organizar el Instituto Panameño de Tributaristas, con ganas de ser el gremio referente en materia fiscal para coadyuvar en las relaciones fisco-contribuyentes. La invitación a participar está abierta.

El autor es consultor fiscal

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