Aviación

Discuten liquidación de Pluna

Tras la subasta de los activos de Pluna, la prioridad de pago a los acreedores la tiene el canadiense Scotiabank.

El Parlamento uruguayo debatía ayer una ley para liquidar la aerolínea de bandera uruguaya Pluna, cuya sorpresiva quiebra generó cientos de desempleados, afectó la conectividad aérea del país y provocó acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición sobre el origen de la crisis de la empresa.

La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley aprobado la semana pasada en el Senado que acelera el proceso de liquidación de Pluna, regulando la venta de los activos de la compañía -siete aviones Bombardier CRJ900 que adquirió con el Estado uruguayo como garante- y la posterior negociación de las rutas aéreas a cambio de la contratación de exempleados de la aerolínea. El gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) logró comprometer el voto de sus 50 legisladores, ajustada mayoría en 99 bancas de diputados, luego que uno de sus representantes condicionara su apoyo a que el Estado se hiciera cargo de la deuda que Pluna mantiene con la petrolera estatal Ancap, de unos 28 millones de dólares. Según el proyecto, tras la subasta de los activos de Pluna la prioridad de pago a los acreedores la tiene el canadiense Scotiabank, con el que el Estado asumió la garantía de 130 millones de dólares para la compra de aviones. En segundo lugar está el pago a los funcionarios de la aerolínea, cerca de 900 empleados enviados al seguro de paro.

Indicando que se está “ante una situación dolorosa y de emergencia”, el diputado oficialista Daniel Caggiani defendió el proyecto “en beneficio de la conectividad aérea del país”, al tiempo que ennumeró las dificultades de las compañías aeronáuticas a nivel mundial. Caggiani atribuyó además el inicio de los problemas financieros de Pluna a su asociación con la brasileña Varig, en 1995.

La asociación con Varig -que terminó tras la quiebra de la brasileña, en 2006- “no fue un gran negocio, por lo menos para Pluna, fue un verdadero desastre”, acusó, asegurando que ese acuerdo le costó al país al menos $159 millones entre 1995 y 2007.

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