Cinco años de crecimiento

Elevarán la deuda 35%

En el gobierno de Martinelli el aumento de los ingresos ha sido el motor para engrosar el gasto corriente del Estado y seguir abultando la planilla.

De cumplirse las estimaciones, esta administración habrá elevado el saldo de la deuda en $3 mil 880 millones o 35.36% desde que subió al poder en 2009, año en el que la deuda pública cerró en $10 mil 972 millones.

En las nuevas proyecciones de deuda no se incluyen los balances de varias empresas estatales, excluidas en abril del sector público no financiero. En 2014, además, no se habrán terminado de pagar todos los compromisos adquiridos por este gobierno en contratos llave en mano (ver nota: La deuda pública que no se ve).

Martinelli habrá aumentado el saldo de la deuda más que cada uno de sus antecesores en la época democrática del país, para financiar parte de su ambicioso plan de inversiones por $13 mil millones.

Guillermo Endara, el primer presidente de la democracia, elevó la deuda del país en $756 millones, hasta los $7 mil 310 millones en que culminó la deuda en 1994, según datos de la Dirección de Crédito Público.

En el quinquenio de Ernesto Pérez Balladares, la deuda apenas creció $383.4 millones, cerrando el año 1999 con un saldo de $7 mil 694 millones. Para efectos reales el mandato de Pérez Balladares no endeudó al país, pues creó un ahorro de $1,300 millones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Por su parte, en el período de Mireya Moscoso se elevaron los compromisos del país en $2 mil 282 millones, al pasar la deuda de $7 mil 694 millones en 1999 a $9 mil 976 millones cuando culminó 2004. En términos relativos, el salto fue de 29.6%.

Martín Torrijos subió al poder en 2004, que cerró con una deuda pública de $9 mil 976 millones, y salió en 2009, año que en el que la deuda terminó en los mencionados $10 mil 972 millones. En sus cinco años de gestión, la deuda se elevó poco menos de mil millones de dólares, un 10%.

Para el excontralor José Chen Barría la deuda pública es un elemento que tiene que manejarse con mucha responsabilidad.

“Los casos de Grecia, Irlanda, Portugal y la crisis española se deben al sobreendeudamiento. La deuda debe utilizarse para proyectos de inversión con rentabilidad y repago, además de los sociales. Lo que se haga fuera de estos contextos es perjudicial”, dijo.

El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, defendió el manejo de la deuda por el elevado nivel de inversiones que tiene este gobierno.

No es lo mismo endeudamiento sin inversión, que para financiar un porcentaje minoritario de enormes inversiones, dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, indicó.

El tamaño del PIB

Funcionarios del Gobierno y economistas coinciden en que el volumen de la deuda debe ser medido en relación al tamaño de la economía.

Según las proyecciones del Gobierno, la relación deuda/PIB será en 2014 de 36.2%, muy por debajo de los niveles de los presidentes anteriores, sobre todo de los que gobernaron en los primeros años de la democracia. “Siempre es importante observar el saldo absoluto de la deuda, pero a medida que se va creciendo económicamente se puede hacer frente a las deudas con mayor comodidad”, explicó el exviceministro de Economía Domingo Latorraca.

En ese sentido, los gobiernos de Martín Torrijos y de Ricardo Martinelli se han beneficiado del fuerte crecimiento económico que ha vivido el país desde la segunda mitad de la pasada década, con tasas que llegaron a los dos dígitos.

Ese dinamismo ha generado mayores ingresos para el Estado por la actividad económica y mayores aportes del Canal de Panamá.

Entre 2000 y 2004, el Canal hizo aportes directos e indirectos al Estado por $1,366.8 millones. Y solo en 2007, ya con Torrijos en el poder, el Canal aportó $847 millones. En los dos años de este gobierno los aportes también han sido sustanciales: $780.4 millones en 2009 y $817.6 millones en 2010, según la Autoridad del Canal de Panamá.

En el caso de Martinelli, este mismo aumento de ingresos ha sido el motor para engrosar el gasto corriente del Estado y seguir abultando la planilla estatal. A pesar de que se ha hablado de la posibilidad de crear un fondo soberano para ahorrar los excedentes del Canal, todavía no se ha concretado la medida y estos recursos siguen alimentando los ingresos del Gobierno.

Tocumen S.A., la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) y la recién creada Empresa Nacional de Autopistas (ENA) se excluyeron del denominado sector público no financiero, según la Ley 31 de 5 de abril de 2011.

Las tres empresas están inmersas en costosos proyectos y sus deudas no se reflejarán en los balances del Gobierno.

ENA comprará los corredores por $1,070 millones e incurrirá en una deuda de $970 millones. Tocumen construirá la Terminal Sur por $400 millones y la Empresa de Transmisión Eléctrica participará en un programa de interconexión regional que costaría otros $500 millones. La actual administración también optó por el método de “llave en mano” para contratar obras que serán financiadas por las empresas y en la cuenta estatal no figurará el gasto hasta que se efectúe el pago. Las contrataciones “llave en mano” ya superan los $2 mil millones, cantidad que tendrá que ser pagada en los próximos años.

El indicador Deuda Pública/PIB ha cobrado gran popularidad, pero resulta extraño que se use una medida que es influida por el gasto estatal para determinar el peso de la deuda estatal.

Mejor utilicemos un método más sencillo e intuitivo. Para analizar la salud financiera del Gobierno mejor compararemos sus ingresos totales frente a sus gastos totales, tal como se haría con una empresa. Si hay un déficit (pérdida), el Gobierno requiere endeudarse o vender activos para cubrir sus gastos; si hay un superávit (ganancia) podría amortizar parte de la deuda, reservar para emergencias o reducir impuestos. Utilizando este método, el déficit fiscal fue de 4% en 2009, 7.4% en 2010 y 14.7% en el primer trimestre de 2011. Es decir, el Gobierno gastó, en 2009, $252 millones más de lo que ingresó; en 2010, $511 millones más, y, en el primer trimestre de 2011, $264 millones más. En 27 meses, el Gobierno acumula un déficit de $1,027 millones.

Más gasto público no puede cambiar esta tendencia deficitaria. La realidad es que gran parte del gasto público obedece a criterios políticos y no de sostenibilidad financiera.

Ello implica una destrucción de escaso capital y, por tanto, un freno a la creación de riqueza.

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