Oposición a uno de los puntos clave de proyecto de ley

Empresas piden respetar inversiones

Representantes del sector privado advirtieron que la reforma generará un incremento en el costo de hacer negocios en las zonas francas.

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Ayer comenzó en la Asamblea Nacional la consulta de las reformas. El debate se cerraría hoy jueves, pero se anotaron más de 150 personas. El proceso se extenderá. Ayer comenzó en la Asamblea Nacional la consulta de las reformas. El debate se cerraría hoy jueves, pero se anotaron más de 150 personas. El proceso se extenderá.
Ayer comenzó en la Asamblea Nacional la consulta de las reformas. El debate se cerraría hoy jueves, pero se anotaron más de 150 personas. El proceso se extenderá. Ana Rentería

Representantes del sector empresarial manifestaron ayer que el proyecto de ley 509, que reforma el impuesto de inmuebles, puede perjudicar las inversiones nacionales y la atracción de inversión extranjera al país.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Héctor Cotes, dijo durante el periodo de consultas del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que en un entorno de menor crecimiento como el actual, hay que analizar cómo se mantiene la competitividad, y que es el sector privado el que crea empleos. Cotes señaló que el país atrae anualmente $5 mil 200 millones de inversión extranjera. “Para mantener esa inversión se requieren reglas claras, de fácil aplicación e iguales para todos”, manifestó Cotes, quien dijo que el proyecto en términos generales es positivo, aunque requiere ciertos ajustes.

La propuesta legal, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), plantea una reducción considerable en las tarifas del impuesto de inmuebles, especialmente a las residencias de las familias. En contraposición, elimina exoneraciones que existen en el sector energético, en zonas francas y en áreas especiales.

Uno de los desarrollos afectados sería el área económica especial Panamá Pacífico. Ayer, representantes del desarrollador London & Regional Panamá expusieron que en el área se han generado 10 mil empleos de calidad y se ha atraído a multinacionales que han propiciado una transferencia tecnológica hacia Panamá.

Henry Kardonski, gerente de London & Regional Panamá, dijo que antes de la licitación para seleccionar al desarrollador de la zona se había predefinido un contrato con el Estado y unas condiciones que amparan la inversión. Las condiciones pactadas eximen del pago de impuesto de inmuebles al desarrollador y a las empresas que se instalan en la zona especial. Por su parte, las residencias que se han construido en el complejo sí pagan el impuesto.

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Empresas piden respetar inversiones

Kardonski añadió que han invertido a la fecha más de $700 millones y las compañías instaladas otros $300 millones. Además, el desarrollador ha tomado ciertas obligaciones que serían propias de un municipio, como el mantenimiento de las infraestructuras, añadió. Si no se modifica el proyecto de ley, crecerá el costo de hacer negocios en la zona especial, que está viendo cómo otros países de la zona han replicado el modelo y están atrayendo a potenciales inversionistas de Panamá.

El proyecto de ley no cambiaría solo las reglas del juego de Panamá Pacífico, sino a todas las zonas francas del país, que también perderían la exoneración al impuesto de inmuebles. Aida Michelle de Maduro, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, dijo que, según está el proyecto, un desarrollador que tiene 50 o 60 hectáreas se vería obligado a pagar impuesto de inmuebles desde el primer día, se haya desarrollado o no el proyecto.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, dijo que el proyecto no debe incorporar una renta sustituta penalizando al sector privado, porque las rebajas al impuesto de inmueble se empezarán a aplicar en 2019 y todavía no se ha confeccionado el presupuesto de ese ejercicio. Además, planteó que es más conveniente que los $40 millones de sacrificio fiscal que se han estimado en el primer año de vigencia de la reforma estén en el sector privado y no en un presupuesto del Estado que ya supera los $23 mil millones.

Los representantes de gremios reconocieron que es positivo que se haya abordado la reforma al impuesto y que las tarifas propuestas por el Ejecutivo representan una rebaja en relación a las tasas actuales. No obstante, señalaron que como se va a ampliar la base de contribuyentes, las tarifas se deben reducir más y eliminar el concepto de patrimonio familiar tributario, que concede tarifas más ventajosa para las propiedades residenciales de familias. El Conep plantea que los primeros $120 mil de todas las residencias se deben exonerar y sobre el excedente se aplicaría una tarifa única de 0.5%.

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