PUERTO RICO

Gobierno recibe más presiones

Las corporaciones publicas puertorriqueñas arrastran una deuda de $73 mil millones que el Gobierno dijo que no podrá pagar a tiempo.
Los fondos de inversión reclaman que la decisión del Gobierno de no pagarles viola la ‘Constitución’. Los fondos de inversión reclaman que la decisión del Gobierno de no pagarles viola la ‘Constitución’.
Los fondos de inversión reclaman que la decisión del Gobierno de no pagarles viola la ‘Constitución’.

Los fondos de inversión Oppenheimer y Franklin Advisers reclamaron al Gobierno de Puerto Rico que cumpla con sus compromisos, tras el primer impago de una de las endeudadas corporaciones públicas de la isla, confirmaron ayer a EFE fuentes de la Liga puertorriqueña de Cooperativas, otro de los acreedores.

William Ortiz Negrón, presidente de la junta de directores de la Liga, indicó que ambos fondos remitieron una carta conjunta a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), una subsidiaria de Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que este fin de semana no cumplió con uno de los vencimientos de su deuda.

Las corporaciones publicas puertorriqueñas arrastran una deuda de $73 mil millones que el Gobierno de la isla ya ha advertido de que no se podrá pagar en las condiciones fijadas.

Según Ortiz Negrón, las cooperativas financieras de la isla, afectadas en $4 millones por el impago, han mantenido contactos con representantes del Ejecutivo para que se salde lo adeudado, además de estudiar posibles medidas legales en el caso de que no se alcance un acuerdo.

La carta de Oppenheimer y Franklin Advisers destaca que el impago afectará a los inversores de esos dos fondos, particulares y cooperativas financieras de Puerto Rico.

En su carta los fondos señalan que, además del perjuicio financiero para quienes depositaron su confianza en una corporación pública de Puerto Rico, el camino elegido por el Gobierno dirige a la isla caribeña “hacia el litigio y a deteriorar más la confianza de los mercados de capitales” en el Estado Libre Asociado.

La misiva subraya que la decisión del Ejecutivo de Alejandro García Padilla viola la ley de Puerto Rico, que a través de su Constitución obliga al pago a los acreedores.

Se matiza que a diferencia de lo que apunta el Gobierno de que era necesario contar con la aprobación de las cámaras legislativas para aprobar una partida que cubriera el pago a los acreedores del PFC, el secretario de la Hacienda de Puerto Rico está facultado para ordenar ese pago sin necesidad de cualquier autorización, de acuerdo a la Ley 164 de 2001.

Oppenheimer y Franklin Advisers mostraron su sorpresa porque se haya decidido no pagar a unos fondos que han ayudado al desarrollo de Puerto Rico durante las últimas tres décadas sin ni siquiera negociar un plan de reestructuración.

Ortiz Negrón resaltó que aunque no descarta ninguna medida están en marcha contactos con el Gobierno con la esperanza de que se cumpla en el futuro con los pagos establecidos. Dijo que, de momento, se mantiene la serenidad a pesar de que las cooperativas financieras puertorriqueñas tienen en sus carteras de inversión cerca $1,100 millones en deuda de las corporaciones estatales de Puerto Rico que vencen en plazos que se cumplen durante los próximos 40 años.

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