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Intervienen la aerolínea TAP

El 70% de los empleados están obligados a presentarse en su puesto de trabajo, bajo castigo penal si no lo hacen.
Las pérdidas ascendieron a $6.1 millones por día. Las pérdidas ascendieron a $6.1 millones por día.
Las pérdidas ascendieron a $6.1 millones por día.

El Gobierno luso aprobó ayer en consejo de ministros la “intervención civil” de la aerolínea TAP, una medida extraordinaria que no se aplicaba desde 2005 y con la que se pretende impedir que la huelga convocada para finales de año deje sin servicio a la compañía.

El ministro de Economía, António Pires de Lima, justificó esta decisión por el elevado número de emigrantes portugueses que dependen de la TAP para regresar a su país en Navidad, así como por los perjuicios para el sector turístico, que sufriría “un daño en términos de imagen irreparable”.

En términos prácticos, el recurso a la “intervención civil” supondrá que el 70% de los empleados del grupo estén obligados a presentarse en su puesto de trabajo, bajo castigo penal si deciden no hacerlo, de acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo.

“Una situación excepcional exige tomar medidas excepcionales”, defendió Pires de Lima, quien insistió en que “los servicios públicos tienen que prevalecer sobre los intereses particulares”, por lo que harán “todo lo posible” para contrarrestar los efectos del paro, previsto para los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

La huelga fue convocada la semana pasada por una plataforma de once sindicatos de la compañía aérea en protesta por el relanzamiento de la privatización de TAP que prepara el Ejecutivo, venta que se prevé cerrar en los próximos meses.

La aerolínea lusa ha recibido la petición de más de 20 mil de los cerca de 130 mil pasajeros que tiene programado transportar en esos cuatro días para cambiar de vuelo o directamente cancelar su viaje.

El consejo de administración de la compañía advirtió del impacto financiero de este paro y recordó que, en cada una de las cinco jornadas de huelga registradas en los últimos meses, las pérdidas ascendieron a $6.1 millones por día, lo que perjudicará su cuenta de resultados.

En este contexto, el Gobierno liderado por el primer ministro conservador Pedro Passos Coelho optó por aplicar la “intervención civil”, un mecanismo recogido en la ley portuguesa y al que sólo se ha recurrido tres veces en los últimos 20 años.

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