Cuestionan pagos a Cobranzas

Frank De Lima Frank De Lima

Frank De Lima

Para la dirección actual de Tocumen, S.A. no tiene sentido dar comisiones por los impuestos pagados, porque ‘el que decide pagar es el mismo Gobierno’. Para la dirección actual de Tocumen, S.A. no tiene sentido dar comisiones por los impuestos pagados, porque ‘el que decide pagar es el mismo Gobierno’.

Para la dirección actual de Tocumen, S.A. no tiene sentido dar comisiones por los impuestos pagados, porque ‘el que decide pagar es el mismo Gobierno’.

El exministro de Economía Fernando Aramburú, el consultor fiscal Osvaldo Lau y el gerente general de Tocumen, S.A., Joseph Fidanque III, cuestionaron ayer la asignación de comisiones millonarias a la empresa Cobranzas del Istmo por el pago de impuestos morosos de la empresa estatal que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Fidanque III dijo no entender cómo se cobraron comisiones por esos pagos. “El que decide pagar es el mismo Gobierno. El presidente de la directiva de Tocumen, S.A. es el ministro de Economía y Finanzas”, recalcó.

La persona que ocupaba esos dos cargos cuando se efectuaron los pagos a Cobranzas del Istmo –por la suma de 21.8 millones de dólares– era Frank De Lima, quien reconoció que la junta directiva del aeropuerto internacional aprobó que la entidad debía ponerse al día con los impuestos, pero desconocía la existencia de comisiones a un tercero.

A criterio de las actuales autoridades de la Dirección General de Ingresos, dicha cancelación supone una violación del contrato suscrito.

Investigan posible violación de contrato

La asignación de $21.8 millones en comisiones a Cobranzas del Istmo por la gestión de cobro de impuestos morosos de la empresa estatal Tocumen, S.A supondría, según la Dirección General de Ingresos (DGI), una “violación del contrato”.

La entidad puso estos hechos —así como otras supuestas irregularidades halladas— en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, que comenzaron sus investigaciones.

Publio Cortés, director general de Ingresos, dijo a este diario que “la esencia del contrato es supuestamente ayudar a cobrar cuentas con cierta antigüedad y que sean difíciles de cobrar para la DGI. Esa es la ‘filosofía’ que se pregona detrás de la cobranza privada, evidentemente eso no se aplica cuando el deudor es el propio Estado, el cual está en perfecto alcance de comunicación para la DGI”.

El contrato fue firmado en 2010 por el entonces director general de Ingresos, Luis Cucalón, y la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos.

En cuatro años, la empresa recibió comisiones por $47.1 millones tras recuperar para el Estado cuentas morosas por un total de $172.9 millones.

Para Cortés, se trata de un contrato “público”, en el que “la interpretación que debe prevalecer es la que favorece a los intereses del Estado. No favorece los intereses del Estado pagar una comisión a un tercero, cuando el propio Estado puede fácilmente lograr el mismo resultado sin sacrificar recursos”.

De la misma opinión es el actual gerente de Tocumen, S.A, Joseph Fidanque III, quien dijo no entender cómo se cobraron comisiones por estos pagos. “El que decide pagar es el mismo Gobierno. El presidente de la directiva de Tocumen es el ministro de Economía y Finanzas (MEF)”, recalcó.

Esta posición la ocupó en la pasada administración Frank De Lima. El representante legal de Tocumen, S.A, la empresa estatal que pagó los impuestos, ocupaba también la cartera del MEF cuando se hicieron los pagos a Cobranzas del Istmo.

Consultado al respecto, De Lima dijo que “cuando Tocumen S.A. pagó esos impuestos morosos, la DGI no existía porque ya estaba funcionando la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), la cual tenía autonomía y no estaba bajo la esfera de responsabilidad del MEF”.

Recordó que “Tocumen, S.A debía impuestos de vieja data”, ya que “nunca se había pagado impuesto de inmueble desde que se convirtió en sociedad anónima en el gobierno de Mireya Moscoso”.

De Lima reconoció que sí dio las aprobaciones para que la empresa estatal se pusiera al día en el pago de impuestos, algo que sucedió a finales de 2013. “Como se estaba estructurando la emisión de bonos [para financiar la ampliación del aeropuerto] la calificadora de riesgo recomendó cancelar todos los impuestos viejos que debía Tocumen S.A. Eso lo aprobó la junta directiva de Tocumen en su totalidad”, dijo.

No obstante, De Lima negó que la directiva tuviera conocimiento de que detrás de esos pagos habría una comisión para Cobranzas del Istmo. “Toda comunicación se daba entre Tocumen, S.A. y la ANIP. La junta directiva de Tocumen y me incluyo a mí, no tenía idea de que se iba a pagar una comisión sobre esos pagos morosos”.

Por su parte, el exministro de Economía Fernando Aramburu dijo que el pago de comisiones a Cobranzas del Istmo por los impuestos atrasados de Tocumen, S.A. “no tiene ni pies ni cabeza. Tanto el director de la ANIP como el ministro y el presidente debieron estar enterados y lo permitieron. El ministro debía estar informado, sobre todo cuando se estaba afectando al fisco de esa manera tan burda”.

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