Memorando Multilateral de Entendimiento

Iosco refuerza regulación del mercado de valores

El organismo internacional solicita nuevas facultades para los reguladores de valores en la lucha contra el fraude.

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El organismo internacional retiró en 2014 a Panamá sus derechos de voto por no cumplir con los estándares. El organismo internacional retiró en 2014 a Panamá sus derechos de voto por no cumplir con los estándares.
El organismo internacional retiró en 2014 a Panamá sus derechos de voto por no cumplir con los estándares. Archivo

Panamá tardó 15 años en adaptar su marco legal a las exigencias de la comunidad internacional de los mercados de valores y cuando se aproxima el momento en que se reconozca el reciente avance del país, el estándar volverá a modificarse.

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) reúne a los reguladores de los mercados de capitales del mundo, siendo Panamá uno de sus miembros.

En 2002, el año siguiente a los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono de Estados Unidos, la organización lanzó el llamado Memorando Multilateral de Entendimiento (MMOU), una herramienta de colaboración que ha permitido a los reguladores combatir el fraude internacional y las conductas que pueden debilitar los mercados globales y minar la confianza de los inversores.

Para poder firmar el memorando de entendimiento, los países tenían que tener la capacidad legal para atender una solicitud de información de un regulador extranjero. Panamá no estaba en capacidad de solicitar información a los bancos y compartirla, pero manifestó un interés en adecuar su marco legal para cumplir con el estándar. Así, en 2005, el país quedó encuadrado en el anexo B del MMOU, junto a Bulgaria, Chile, Chipre, Indonesia, Holanda, Perú, Suiza y Tailandia.

La falta de avances del país en adecuar su marco legal trajo consecuencias: en 2014, la organización retiró a Panamá sus derechos de voto y de participación en los comités de trabajo.

La situación de Panamá empezó a cambiar con la Ley 23 de 2015, que introdujo un nuevo régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, ya que en la norma se incluyó la facultad de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de solicitar información a la Superintendencia de Bancos de Panamá en el marco de una investigación internacional o local por malas conductas vinculadas al mercado de capitales.

Un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República y un acuerdo firmado por ambos reguladores terminaron de dotar de la facultad legal a la Superintendencia del Mercado de Valores.

El regulador panameño trasladó a Iosco que ya está en disposición de firmar el MMOU de 2002, el mismo que ya ha sido rubricado por 112 países. En 2015 los países firmantes hicieron 3 mil 203 solicitudes de información, un aumento sustancial desde las 56 peticiones registradas en 2003.

El país está siendo parte de un proceso de evaluación que podría derivar en la firma del MMOU el próximo mes de mayo en Jamaica. Cuando esto suceda, Panamá recuperaría los derechos retirados en 2014 y sería considerado un país cooperador.

Pero en ese momento no habrá terminado el trabajo. El pasado 31 de marzo, la organización internacional aprobó un nuevo Memorando Multilateral de Entendimiento Ampliado (Emmou, por sus siglas en inglés), que pide nuevas facultades para los reguladores de valores del mundo.

“Durante 15 años los reguladores han utilizado el MMOU para ayudar a asegurar una cooperación global efectiva y fortalecer los mercados de valores internacionales... A pesar de este enorme éxito, los mercados de valores han sufrido cambios radicales en los últimos años, impulsados por aspectos como las nuevas tecnologías y la regulación”, señaló la organización en un comunicado.

El abogado Carlos Barsallo, excomisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (antecesor de la SMV), dijo que el memorando de entendimiento original “ya se quedó corto”. Con la nueva herramienta se pretende que los reguladores tengan acceso a información y facultades adicionales. En concreto, Iosco pide que los reguladores puedan obtener y compartir las notas de trabajo de los auditores; solicitar la presencia física para dar testimonio; congelar activos si es posible, y si no, ofrecer información de cómo hacerlo a otro país firmante; así como obtener y compartir registros telefónicos y del proveedor de servicios de internet, sin incluir el contenido de las comunicaciones.

Barsallo explicó que el contenido se podría ver a través de protecciones judiciales. “Para probar el uso de información privilegiada un elemento importante son las comunicaciones. Uno necesita saber cuándo el celular A llamó al celular B y luego la persona compró determinada acción. Sin eso, estas investigaciones no son posibles. Lo que se quiere es que el regulador tenga esa herramienta”.

Iosco dijo que el MMOU original seguirá teniendo efecto, pero señaló que “el objetivo es que todos los firmantes del MMOU migren eventualmente al Emmou”. Según Barsallo, Panamá tendría que reformar algunas leyes para cumplir con el estándar ampliado. “Siendo responsables, deberíamos buscar los nuevos requisitos y estar listos de primeros. Si queremos liderar el mundo financiero, ese es un camino”, manifestó.

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Cortesía/Sinaproc

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