Conflicto por tercer juego de esclusas

Italia: hay que respetar el contrato

El consorcio a cargo del tercer juego de esclusas amenazó con suspender sus trabajos, amparado en una cláusula del contrato que no tiene sustento.
Por el Canal de Panamá transitan en forma ininterrumpida los barcos que han programado su paso por la vía acuática. El 5% del comercio mundial se mueve a través de la ruta interoceánica. LA PRENSA/Luis García. Por el Canal de Panamá transitan en forma ininterrumpida los barcos que han programado su paso por la vía acuática. El 5% del comercio mundial se mueve a través de la ruta interoceánica. LA PRENSA/Luis García.
Por el Canal de Panamá transitan en forma ininterrumpida los barcos que han programado su paso por la vía acuática. El 5% del comercio mundial se mueve a través de la ruta interoceánica. LA PRENSA/Luis García.

El Gobierno de Italia respaldó, al igual que el de España, la posición de respetar el contrato firmado entre la administración del Canal y el consorcio a cargo del tercer juego de esclusas, que ha reconocido problemas de liquidez que le impiden continuar con el proyecto de ampliación.

Tras más de una semana de silencio, el ministro de Infraestructuras italiano, Maurizio Lupi, aseguró ayer que “están siguiendo muy de cerca la historia del Canal de Panamá”.

“Junto con el Gobierno español nos esforzaremos para asegurar que se complete una gran obra civil con la contribución de las empresas italianas y europeas líderes en el cumplimiento de las leyes, contratos y los intereses legítimos de las partes”, aseguró Lupi, dejando claro que cualquier movimiento del Gobierno italiano ante la paralización de las obras del Canal será una acción conjunta con el Gobierno español.

La mediación diplomática, que públicamente se ha enfocado en la recomendación de llegar a un acuerdo bajo los parámetros del contrato, no ha tenido efecto para que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) –con una composición accionaria mayoritaria de una empresa española y otra italiana– flexibilice su postura.

La última propuesta de Salini Impregilo, empresa italiana con el 48% de las acciones de GUPC, fue que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le desembolse $1,000 millones por imprevistos o le reconozca $500 millones en concepto de pagos adelantados.

El Canal respondió que es imposible, con esas condiciones, llegar a un entendimiento. Se estarían saliendo de los parámetros plasmados en el contrato, que fija tres instancias hasta llegar a un arbitraje internacional para reconocer pagos por imprevistos.

GUPC reveló el pasado 1 de enero que no podía continuar la construcción del tercer juego de esclusas por sobrecostos que ascienden a $1,600 millones.

De allí que surgiera la intermediación de los gobiernos, primero de Panamá y luego de España e Italia, en los asuntos contractuales de la vía interoceánica, cuando no tienen potestad legal para mediar en el diferendo.

Después de los primeros acercamientos diplomáticos, que se iniciaron con una reunión entre el presidente Ricardo Martinelli y Ana Pastor, ministra de Fomento de España, la propuesta de la ACP fue inyectarle a GUPC solo $100 millones, con el compromiso que aportaran otros $100 millones como contraparte.

La idea era que con este dinero retomaran el ritmo de los trabajos, que en estos momentos van a paso lento. Pero, dados los montos que reclama el consorcio, es claro que la propuesta de la ACP poco o nada hará sobre sus finanzas.

Tambalea el consorcio

Cuando GUPC hizo público sus problemas de liquidez, también advirtió a la ACP de que si no resolvía sus escollos financieros, paralizaría la obra en 21 días.

Ese plazo vence el 19 de enero, lo que significa que quedan nueve días calendario para que GUPC abandone la ampliación.

La tabla de salvación del grupo, según fuentes consultadas, es que los gobiernos de sus países les apoyen financieramente, ya que si están insolventes es casi imposible que consigan financiamiento de la banca privada internacional.

El escenario para Salini Impregilo y la española Sacyr Vallehermoso (también con un 48% de las acciones de GUPC) es fatídico. No solo están en problemas financieros para seguir con la construcción del tercer juego de esclusas, sino que sus países pasan por severas crisis económicas, lo cual limita la capacidad de respuesta de sus gobiernos.

El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, ha dicho que no cederá ante las presiones de GUPC. Han desembolsado $2 mil 831 millones a favor del consorcio, que se adjudicó la obra por $3 mil 118 millones.

Con un 65% de avance en los trabajos, GUPC alega que necesita 50% más de lo pactado para terminar la construcción.

A juicio de la ACP, la aplicación de la subcláusula 16.1 del contrato –citada por el consorcio para suspender los trabajos– está equivocada, porque esta solo aplica si la entidad hubiera incurrido en un impago de las cuentas al contratista, lo cual no ha sucedido. De hecho, GUPC ha recibido pagos anticipados que debe reembolsar.

Quijano ha manifestado que están preparados para tomar el control de la ampliación. Si las conversaciones entre la ACP y GUPC llegan a un punto de quiebre y el consorcio decide paralizar los trabajos, el primer escollo para la ACP será traer a Panamá las cuatro compuertas que están listas en Italia y que cuyo costo se ha cancelado en un 75%.

“Para los panameños, el Canal de Panamá nunca ha sido un asunto fácil. Recuperarlo significó una dura lucha generación. Tampoco fue fácil demostrarle al mundo que podíamos administrarlo mejor. Hoy enfrentamos nuevos retos con la ampliación, pero al igual que siempre, probaremos que tenemos la capacidad y la determinación para superarlo”, fue el mensaje que plasmó Quijano en un video, que se regó como virus en las redes sociales, en razón de la conmemoración de las gestas patrióticas del 9 de enero.

(Con información de Isabel Cerdán)

Las variantes peticiones de GUPC

$400

Millones pidió inicialmente GUPC como anticipo para no frenar las obras de ampliación.

$1,000

Millones fue lo que reclamó posteriormente el consorcio en concepto de pagos por imprevistos.

$1,600

Millones fue lo que declaró el grupo como sobrecostos.

Revelan detalles de cuentas secretas

Publicaciones en medios españoles revelan una conexión entre un caso de corrupción y los representantes de Grupos Unidos por el Canal (GUPC).

De acuerdo con el diario digital El Confidencial, el expresidente de la constructora Sacyrvallehermoso Luis del Rivero y José Manuel Loureda, actual directivo de GUPC, recibieron pagos por parte del empresario

Amando Mayo, imputado en el llamado “caso Gürtel”, red de corrupción política vinculada al Partido Popular de España.

La documentación, que cita el diario español,

surge luego de una petición hecha por la Agencia Tributaria española, cuando seguía el rastro de los pagos efectuados por Mayo a las cuentas que los dos exdirectivos de Sacyr tenían en bancos de Suiza.

Loureda es el actual representante legal de GUPC, el consorcio formado por Sacyrvallehermoso, Impregilo, Jan De Nul y Constructora Urbana S.A.

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