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Juez de EU rechaza petición de Sacyr

El consorcio Gupc –liderado por la empresa española Sacyr– está pidiendo a una empresa que asesoró a la ACP una gran cantidad de documentos.

Una juez estadounidense rechazó la petición que hizo Sacyr para que una firma que asesoró a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) proporcione un gran volumen de documentación, que ayudaría al consorcio que lidera esta empresa española a probar con fundamento, en el arbitraje internacional, sus reclamaciones en los sobrecostos en que incurrió para los trabajos de ampliación del Canal de Panamá. Así lo registró ayer el diario español El País en su versión electrónica.

Sacyr pidió a un tribunal de Colorado (Estados Unidos) acceder a documentación de la empresa de ingeniería CH2M HILL, que trabajó para la ACP en el proyecto de ampliación del Canal y que tiene su domicilio en ese estado del país norteño.

Las reclamaciones del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) –liderado por Sacyr– suman unos $2,700 millones y están basadas en que hubo imprevistos no contemplados en el proyecto que provocaron retrasos y aumentos en la obra. La ampliación de la vía tiene un presupuesto de $5,250 millones.

El contrato de la ampliación del Canal de Panamá prevé tres instancias para resolver las reclamaciones que puedan surgir: la propia ACP, que las ha ido rechazando; la Junta de Resolución de Disputas, formada por tres expertos, uno elegido por la ACP, otro por GUPC y un tercero consensuado; y, en última instancia, un arbitraje internacional en Miami (Estados Unidos) bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional.

El medio señala que en una decisión reciente, la juez Kathleen M. Tafoya rechazó la solicitud del consorcio liderado por Sacyr, pues considera que no cumple con los requisitos exigidos por la ley estadounidense para proceder al discovery, mecanismo procesal por el que las partes pueden solicitar auxilio judicial para acceder a documentos que creen que pueden ser necesarios para su defensa en el pleito.

La juez Tafoya justificó su decisión en que la ley obliga a facilitar información “a tribunales extranjeros o internacionales”, pero que un arbitraje privado no encaja en esa definición y que tampoco podría obligar a facilitar documentación que está en poder de la filial CH2M Hill Panamá, por ser documentos situados físicamente en Panamá y que conciernen a actividades en ese país.

Otro de los motivos que expone para su rechazo, es que obligar a CH2MHill a facilitar esa documentación al consorcio habría sido una carga excesiva, pues comprende 89 cajas y archivos por 1.65 terabyte.

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