Ejecutivo convoca a reuniones diplomáticas

Martinelli imprime su sello

Con mil 600 millones de dólares en sobrecostos hay millones de razones para ejercer presión sobre la Autoridad del Canal.

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El proyecto, a un costo de 3 mil 118 millones de dólares, está a cargo de Gupc. El consorcio está compuesto por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. El proyecto, a un costo de 3 mil 118 millones de dólares, está a cargo de Gupc. El consorcio está compuesto por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A.
El proyecto, a un costo de 3 mil 118 millones de dólares, está a cargo de Gupc. El consorcio está compuesto por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A.

El presidente Ricardo Martinelli interfirió en los asuntos del Canal de Panamá. Un conflicto entre la administración de la vía y un contratista ha quedado en la agenda diplomática y política de su gobierno.

Con vehemencia y en tono exaltado dijo que viajaría a España e Italia para exigir que Grupo Unidos por el Canal (Gupc) termine el proyecto de expansión. De estos países provienen dos empresas que hacen parte del consorcio responsable del tercer juego de esclusas.

“Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos Gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación, que es una obra de la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios”.

Así se expresó Martinelli un día después de que se hiciera público el sobreaviso de Gupc de paralizar la obra por problemas financieros y sobrecostos que llegan a los mil 600 millones de dólares, lo que eleva en un 50% el costo total de su contrato.

Pero lo que parece una disposición irrestricta a favor de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por parte de Martinelli es una intromisión del Ejecutivo en la empresa que administra el activo más importante de los panameños.

La ACP firmó un contrato con Gupc que en ninguna de sus cláusulas habla de mediación diplomática para resolver un conflicto contractual.

Hay tres instancias para resolver las diferencias: directamente con la ACP; en la junta de resolución de conflictos, organismo independiente compuesto por tres miembros internacionales; y ante un Tribunal de Arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

Pero, sin que los reclamos siquiera hayan cumplido con su ciclo legal, Martinelli ha convocado a reuniones diplomáticas para “resolver” el asunto, y anunció que iría así fuese a la “conchinchina a pelear por los intereses de Panamá”.

El viernes pasado sostuvo una reunión “amistosa” con el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, y el encargado de negocios de la embajada italiana en el país, Massimo Tudini.

Mañana recibirá en el Palacio de las Garzas a la la ministra de Fomento de España, Ana Pastor; al presidente de la constructora española Sacyr, Manuel Manrique; y al administrador del Canal, Jorge Luis Quijano.

En términos prácticos para Panamá, el mejor resultado de esa reunión es que los Gobiernos extranjeros decidan financiar a las empresas con el objetivo de mantener su prestigio como constructor de un proyecto de trascendencia mundial. La ACP no tendría nada que ver en ese acuerdo. Se trataría de un pacto entre el contratista y sus países de origen. En palabras de Quijano “no hay espacio para negociar fuera del contrato, que es lo que Gupc quiere”.

Sin embargo, con mil 600 millones de dólares en sobrecostos y reclamos, obviamente hay millones de razones para ejercer presión sobre la ACP.

El consorcio dio un ultimátum a la ACP para que resuelva sus peticiones financieras, lo que implicaría atender los costos adicionales generados por la ejecución del proyecto. Si el tema no se resuelve en 21 días­ que vencen el 19 de enero­ la obra se paraliza.

Fuentes consultadas en el tema advierten de la incertidumbre que genera la mediación del Presidente, en especial por las relaciones que pueden tener miembros del Gobierno con el consorcio a cargo de las esclusas.

El contratista podría contar con un aliado dentro de Palacio. Uno de los principales asesores de Martinelli es Aníbal Galindo, socio de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, que tiene entre sus clientes a Gupc.

Este despacho legal actuó como agente residente de Gupc, de acuerdo con la información registral de la empresa.

Galindo es vicepresidente de Cambio Democrático, partido que fundó y preside Martinelli. Como asesor acude regularmente a los Consejos de Gabinete, prerrogativa que no tiene el administrador del Canal.

En España, en tanto, los medios hacen revelaciones que en Panamá no han podido ser confirmadas.

El Confidencial publicó ayer que el proyecto de ampliación fue adjudicado siguiendo criterios “escrupulosamente técnicos”. Pero, según fuentes vinculadas a la operación, Martinelli “envió a un estrecho colaborador a Madrid para que cerrara con Sacyr Vallehermoso (líder del consorcio) los flecos del contrato”. Martinelli, como candidato presidencial, sería el encargado de cerrar el proceso de adjudicación una vez en el poder.

El “colaborador” del que habla el medio es Salomón Shamah.

Este diario intentó hablar con Galindo y Shamah. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Gupc no revela detalles del reclamo

Grupo Unidos por el Canal (Gupc) no reveló el desglose de los sobrecostos que presentó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que asciende a mil 600 millones de dólares.

Ayer, en las instalaciones de Gupc, ubicadas en Cocolí, ciudad de Panamá, los representantes del consorcio convocaron a los medios de comunicación para aclarar “algunos puntos importantes” del conflicto con la ACP, pero no hubo disposición para hablar en detalle de las cuentas.

Paolo Möder, coordinador de la junta directiva de Gupc, se limitó a indicar que parte de los supuestos sobrecostos de la obra se sustentan en “fallas geológicas que la ACP fue incapaz de detectar en siete años de estudios”.

Conforme a los estudios de la ACP, el 96% del material de la excavación se iba a utilizar como agregado para el concreto. Pero una vez excavado el basalto, según José Peláez, gerente de Proyecto del Atlántico de Gupc, se comprobó que el material no se podía utilizar en la fabricación del concreto que requieren las esclusas”.

Afirmó que las piedras extraídas “no eran de la mejor calidad para efectuar los rellenos”.

A estas acusaciones la ACP respondió a través de un comunicado que “todos los interesados en el proyecto, incluido Gupc, tuvieron un amplio período de 14 meses antes de someter sus propuestas para estudiar con detenimiento todos los componentes de la obra, de manera que pudieran presentar una propuesta sólida”.

Los representantes de Gupc aseguran que desde marzo de 2013, “la ACP tiene conocimiento de los sobrecostos, y sin embargo, ha dilatado el proceso”.

Möder por su parte explicó, que una terminación del contrato no solo implica que pueda doblarse o triplicarse el costo de ejecución, “en un estimado de 2 mil millones de dólares”, sino que también el nuevo contratista “no daría las garantías técnicas de diseño y operación de la vía acuática” ofrecidas “hoy por hoy” por Gupc.

Aet Elisa Tejera C.

La ACP es la que debe llevar la batuta

Jorge E. Ritter *

Opinión. El contrato entre Gupc y la ACP cuenta con tres mecanismos, muy bien identificados y descritos para resolver los conflictos que pudieran surgir durante su ejecución. La consulta o negociación entre los Gobiernos, no es uno de ellos.

Aún dando por descontada la buena fe del Presidente, resulta improcedente que se inmiscuya en un asunto que es estrictamente comercial entre las partes.

La ACP está exigiendo que se cumpla con el contrato. Gupc está pidiendo que haya “mediación” (naturalmente por fuera del contrato), que es lo que, en la práctica, se hizo el viernes pasado en la Presidencia, y se hará mañana con la ministra española. Por tanto, resulta contradictorio que se “apoye” a la administración de la ACP y al mismo tiempo se le socave sus exigencias propiciando negociaciones entre los Gobiernos que, encima, no pueden comprometer ni obligar a las partes.

El administrador Jorge Quijano le ha demostrado al país y a la comunidad marítima internacional, que la ACP está en las mejores manos, que ha llevado las disputas con verticalidad y transparencia, y que por lo tanto, la mejor forma de apoyar su gestión es confiando en él y en su equipo, para que sean ellos, y solo ellos, los que lleven la batuta.

La ACP pagará lo que tenga que pagar, siempre y cuando se demuestre, ante las personas que conocen la materia, que hubo sobrecostos. Las instancias diplomáticas son importantes para resolver conflictos entre los Gobiernos, no para buscarle salidas a la letra de los contratos comerciales.

*El autor fue presidente de la junta directiva de la ACP

El gerente del PSOE, sustituido tras vincularse su nombre al 'caso Sacyr'

Alfredo Pérez Rubalcaba ha sustituido al hasta ahora gerente del PSOE, Xoan Cornide, colocando en su lugar a quien era su jefe de Gabinete, Gregorio Martínez, según informaba hoy el diario 'La Razón'. Este periódico recordaba que Cornide se vio implicado en el escándalo de la Fundación Ideas, y concretamente en la contratación por un sueldo muy elevado de la inexistente escritora Amy Martin. También recuerda ciertas conexiones, nunca especificadas, con las constructoras gallegas, y que fue el entonces secretario de Organización, José Blanco, quien le aupó a la gerencia del partido. Lo que no se cuenta en el periódico de Planeta es que Cornide fue, al parecer, uno de los contactos que intermediaron entre el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el presidente panameño, Ricardo Martinelli para que el contrato de la ampliación del Canal 'llegase a buen puerto', es decir, a Sacyr y no a otros litigantes.

http://www.diariocritico.com/nacional/rubalcaba/caso-sacyr/448472

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