Daniel Ortega traza su ruta

Nicaragua afirma que cuenta con financiamiento

Los aspectos financieros son manejados con discreción tanto por el Gobierno como por HK Nicaragua Development Invesment.
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Nicaragua afirma que cuenta con financiamiento

El Gobierno de Nicaragua asegura que contará con los 50 mil millones de dólares para financiar la construcción del canal interoceánico y que la obra no quede inconclusa, afirmó una autoridad oficial, sin precisar la procedencia de los fondos.

“Está la plata, no es que se va a quedar a medio palo (empezar sin terminar). Es un flujo (de fondos) que se va (a desembolsar) en cinco años” a medida que avance el proyecto, declaró el portavoz de la Comisión Nacional del Canal Interoceánico, Telémaco Talavera.

La construcción de la vía interoceánica, de 278 km de longitud y hasta 500 metros de ancho -tres veces más grande que la de Panamá- se prolongará hasta 2019 y constará de subproyectos como un aeropuerto, dos puertos, una zona franca y complejos turísticos y habitacionales.

Talavera explicó que hay dos tipos de inversión, la de las obras propias del canal y la de instalación de empresas proveedoras de material -como fábricas de cemento o acero- o prestadoras de servicios.

Las obras preparatorias del megaproyecto -carreteras de acceso- fueron inauguradas el 22 de diciembre por el presidente Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing, dueño de HK Nicaragua Development Invesment (HKND), a la que el Gobierno otorgó en 2013 la concesión para construirlo y operarlo por 50 años, prorrogable por otro período igual.

La cifra de 50 mil millones de dólares que cuesta el canal -cinco veces el PIB del país- “es bastante plata para Nicaragua, pero no para el mundo”, que tiene interés en una obra de esta magnitud, sostuvo.

“Hay un desborde de empresarios” de países europeos, de Estados Unidos y de Asia que están interesados y están llegando a Nicaragua para recibir información de las autoridades, apuntó Talavera.

Los aspectos financieros del proyecto son manejados con discreción tanto por el Gobierno como por Wang. El magnate ha dicho que “es normal en cualquier negociación comercial” no revelar el nombre de los socios.

Los panameños, que inicialmente no daban crédito a la vía por Nicaragua, ahora “están convencidos de que el canal va para adelante”, subrayó Talavera, quien señaló que las obras de construcción de la vía arrancarán en 2016.

Pero además, añadió, “están claros que será complementario y que va a dinamizar el comercio”, porque permitirá el paso de buques de hasta 23 mil contenedores, en tanto que con la ampliación del Canal de Panamá se prevé que podrán pasar a partir de 2016 embarcaciones de hasta 14 mil contenedores.

En contraste con lo que dice Talavera, la postura de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha sido concentrarse en su ampliación.

“Con 100 años de operaciones, el Canal de Panamá ofrece ventajas competitivas que se apoyan en un servicio eficiente y otras actividades conexas que brinda la ruta por Panamá y las cuales le añaden valor. Esas ventajas serán consolidadas con la ampliación que aumentará la capacidad del Canal para atender la demanda del comercio marítimo mundial”.

Además, no han faltado las voces que extraoficialmente señalen de la poca viabilidad del proyecto nicaragüense desde el punto de vista económico

Talavera, sin embargo, precisa que el proyecto “está avanzando con la construcción de los caminos para el acceso de la maquinaria pesada; está finalizando el diseño de la obra y los ajustes dentro de la propia ruta y completando el estudio ambiental y social para luego pasar a las licitaciones”.

Organismos ambientalistas nicaragüenses han advertido que el proyecto no es viable ambientalmente y que es un riesgo para la conservación de la biodiversidad y recursos naturales como el lago Cocibolca, segunda fuente de agua dulce de América Latina después del Titicaca. Pero Talavera comentó que el estudio ambiental de la obra se encuentra en la etapa final de procesamiento y estará terminado en abril.

“Son cientos de miles de datos de suelos, agua, aire, ruido, biodiversidad. Si el estudio de impacto ambiental indica que (el canal) no es viable, (entonces) no hay canal”, aseguró.

El proyecto enfrenta también la oposición de algunas comunidades de campesinos e indígenas que serán afectadas por la construcción del mismo.

Unas 28 mil personas que viven en puntos de la ruta serán desarraigadas de sus comunidades. “Hay que hacer una negociación en cada caso sobre la propiedad ya sea por pago o permuta. Comprendo la situación de las protestas, es un derecho que tiene la gente (...) sería raro que no hubiera incertidumbre”, comentó el funcionario.

Con información de La Prensa

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