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Nueva fase en pugna con fondos

A finales de año vence claúsula que impide al país ofrecer mejores términos a los acreedores de su deuda.
Argentina no acató la orden del juez Griesa de pagar $1,330 millones más intereses a los fondos buitres. Argentina no acató la orden del juez Griesa de pagar $1,330 millones más intereses a los fondos buitres.
Argentina no acató la orden del juez Griesa de pagar $1,330 millones más intereses a los fondos buitres.

El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, dijo que a partir de fin de año habrá mejores posibilidades para negociar con los fondos de cobertura que buscan cobrar bonos impagos, cuya demanda judicial llevó al país a una crisis de deuda, según una entrevista publicada ayer por el diario mexicano La Jornada.

A fines del 2014 vence la denominada cláusula RUFO, que impide a Argentina ofrecer a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda en 2005 y 2010, conocidos como holdouts, mejores términos que a quienes sí ingresaron.

“A finales de año, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitres han utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para dialogar con los acreedores que optaron por quedar fuera de la reestructuración de la deuda”, señaló Kicillof al periódico.

Argentina cayó técnicamente en una cesación de pago a fin de julio, después de negarse a acatar la orden del juez de distrito estadounidense Thomas Griesa de pagar $1,330 millones más intereses a los holdouts, argumentando que si lo hacía se arriesgaba a multimillonarias demandas en su contra.

Griesa bloqueó los pagos que Argentina hizo a los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda, que aún no logran cobrar el dinero depositado por el país en el Bank of New York Mellon. Para eludir el fallo de Griesa, el Congreso argentino aprobó en septiembre una norma conocida como “ley de pago soberano”, que propuso la cancelación de bonos dentro del país, nombrando a Nación Fideicomisos como agente de pago en lugar del Bank of New York Mellon. Prácticamente ningún acreedor aceptó el cambio de jurisdicción.

Algunos medios locales especularon que para alcanzar un acuerdo con los holdouts –conocidos como “fondos buitres” en el país– habría que derogar la legislación vigente porque podría ser un escollo. Pero el jefe de Gabinete de Argentina dijo ayer que el oficialismo no modificará la ley en cuestión.

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