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Contratos de la administración martinelli

Nuevo gobierno, nuevas reglas: Situación de los contratos durante la administración Martinelli

En la administración de Varela varios empresarios allegados a Martinelli perdieron sus negociados con el Estado.

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Contratos hechos a la medida, concesiones directas a empresarios allegados al poder, cambios de reglas en las contrataciones estatales e irregularidades en el manejo de los fondos públicos son algunos de los escándalos que giraron en torno a la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Además de los reclamos de la sociedad civil, durante la pasada campaña electoral ganaron intensidad los cuestionamientos, sobre todo de parte del entonces candidato presidencial Juan Carlos Varela. Aseguró que de ser elegido auditaría los “contratos lesivos” para las arcas del Estado. Dos meses después de consagrarse como el mandatario número 50 del país, al menos cuatro negocios han sido cancelados o modificados.

Entre ellos están las cámaras de vigilancia vehicular operadas por Traffic Safety; la administración y operación de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen, a cargo de Sky Parking; la concesión a Vertikal Corporation Inc., que pretendía suministrar combustible a los aviones de la terminal aérea; y el juego de azar “Buko Millonario”, operado por Grupo de Inversión Mundial.

¡Bingo!

Cuatro años atrás, el bingo televisado no existía en Panamá. Pero una resolución firmada por el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, aprobó las normas de esta nueva modalidad de sorteo semanal, que competiría con la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Con las reglas aprobadas por el MEF, la Junta de Control de Juegos (JCJ), entonces a cargo de Giselle Brea, quien ha actuado como agente residente en la mayoría de las empresas de la familia Martinelli, le otorgaría la concesión por 20 años a la empresa Grupo de Inversión Mundial en un proceso de selección que fue demandado más adelante.

Global Gaming Corporation, que no fue elegida para gestionar ese negocio, demandó el contrato por ilegal dos días después del primer sorteo del Buko Millonario, alegando que la JCJ no aplicó el mismo razonamiento de las reglas de contratación para las dos partes. De esta manera, Grupo de Inversión Mundial, de quien se desconocen sus beneficiarios finales, ha facturado $12.5 millones en nueve meses de operación y aportado al fisco $1.5 millón.

La suerte de esta empresa sufrió un giro de 180 grados con el cambio de administración. El pasado 28 de agosto la JCJ canceló la concesión, pero la compañía apeló la decisión, por lo que la suerte de Grupo Inversión Mundial sigue pendiente. Mientras tanto, Buko Millonario continúa con sus dos sorteos semanales. La empresa se mostró “sorprendida por la decisión de la JCJ, ya que nunca fue notificada de la auditoría que estaba siendo realizada”.

Traffic Safety

En agosto de 2012, la empresa Traffic Safety se hizo con un contrato por 10 años que debía representar un negocio redondo, ya que lograría recuperar la inversión en tan solo uno. ¿Cómo? Gracias a las condiciones de un acuerdo para suministrar y operar un sistema de cámaras conectadas al programa informático de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Cuatro empresas pretendían hacerse con la licitación, de acuerdo con la reunión de homologación realizada en julio de 2011. Sin embargo, nueve días después, solo Traffic Safety presentó su propuesta. Luego de cumplir con los requisitos, ganó el contrato.

La compañía, representada por Ricardo Chanis Correa, amigo y socio de la familia Martinelli y a la que el Estado le exigía $3 millones de inversión, se aseguraba ingresar el 65% de cada infracción que registraran sus cámaras a través del sistema informático de la ATTT. El 35% restante iría a parar a los fondos del Estado.

Las 15 cámaras de Traffic Safety detectaban las faltas de los conductores, a quienes debía notificar automáticamente. En ese entonces, en 2012, la cantidad de multas por exceso de velocidad ascendía a 8 mil, y su valor era de $50.

De los $400 mil que generaría este tipo de falta, $260 mil se los quedaría la empresa. Al cabo de un año, Traffic Safety ya habría recuperado con creces la inversión realizada. El Estado, en tanto, habría recibido $1.7 millón.

Luego de dos años de activar y desactivar el servicio, y de que se revisara el contrato y se invirtiera el porcentaje de la comisión que le tocaba a cada parte, un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ya en la administración de Varela, suspendió el servicio de manera temporal tras una demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos. Después del fallo, la empresa no se ha pronunciado.

Tocumen y Btesh

En época de campaña, el presidente Varela dirigió gran parte de sus cuestionamientos a las contrataciones que realizaba Tocumen, S.A., administradora de la terminal aérea. Y varias de sus críticas tenían como destino la empresa encargada de sus estacionamientos, Sky Parking, S.A., inicialmente llamada RepublicParking Tocumen, S.A.

Utilizando el mecanismo de contratación directa por invitación, y sin la obligación de hacerlo público, el anterior administrador de Tocumen, S.A., Juan Carlos Pino, –con el visto bueno de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini– gestionó un negocio redondo para la empresa representada por el empresario Gabriel Gaby Btesh y el abogado Francisco Pérez Ferreira.

De acuerdo con declaraciones de Varela cuando era candidato, Btesh era el “arquitecto” de los negocios que realizaba el Ejecutivo con un puñado de empresarios panameños.

Al adjudicarse el contrato, Sky Parking, que no contaba con la experiencia en este tipo de negocios, se aseguraba la administración de los estacionamientos del aeropuerto por un período de 20 años. Al poco tiempo, la empresa aumentó el costo del servicio un 66%.

Pero para poder hacerse con el contrato, Sky Parking se vio obligada a aliarse con una empresa que sí tuviera experiencia en estos menesteres. Fue entonces cuando apareció en la ecuación la asesoría de Republic Parking Systems, que tenía como uno de sus accionistas a Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente.

Al entrar la nueva administración al país y a Tocumen, Sky Parking terminó el contrato de manera irrevocable con una carta en la que no daba mayores explicaciones sobre su decisión.

Según Joseph Fidanque III, nuevo gerente de Tocumen, ahora el Estado recaudará $3 millones anuales por el cobro de los estacionamientos, y no $500 mil como antes.

La relación de Btesh y Tocumen no termina en el negocio de los estacionamientos. Su firma inmobiliaria Btesh & Virzi está involucrada en otro millonario negociado con el aeropuerto. Vertikal Corporation Inc., cuyo representante legal, Lucas De León, labora en la empresa que el empresario comparte con Felipe Pipo Virzi, pretendía instalar un oleoducto en la bahía de Panamá para suministrar combustible a los aviones de la terminal aérea. Antes del ocaso del pasado gobierno, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) recibió el aval del Gabinete para aprobarle a Vertikal el uso del fondo del mar de 4.5 hectáreas en el humedal de la bahía. La inversión de Vertikal, que podía afectar directamente la fauna y flora del área, ascendía a $35 millones.

A pesar de las amenazas que representaba este negocio, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), entonces a cargo de Silvano Vergara, le aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) sin atender a cuestionamientos de la sociedad civil.

Pero con el cambio de gobierno, cambiaron las reglas del juego. A finales de agosto, la nueva administración de la Anam, ahora bajo las órdenes de Mirei Endara, invalidó la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental a la empresa por los impactos negativos que representaba para esa área, protegida por ley desde 2009.

La empresa no se ha manifestado aún sobre las decisiones de las autoridades.

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