‘Offshore’ llevarán registros contables

Las sociedades panameñas que no tienen operaciones en territorio nacional, denominadas sociedades offshore, estarán obligadas a mantener registros contables de sus operaciones, según un proyecto de ley aprobado esta semana por el Consejo de Gabinete, que será llevado a la Asamblea Nacional para su debate. De esta forma, se crea un mecanismo para que las autoridades puedan tener información sobre las transacciones de las sociedades offshore, algo que no sucedía hasta ahora. La iniciativa aumenta la transparencia del sistema “porque si una autoridad competente lo requiere, a través del agente residente se le puede pedir a la sociedad información contable sobre las transacciones que ha hecho a lo largo de su vida”, explicó Gian Castillero, asesor legal de la Cancillería. El proyecto de ley impone a las sociedades offshore una exigencia que ya tienen las empresas con operaciones locales. Las sociedades deberán mantener los registros contables por un periodo de cinco años, como mínimo. Aunque la responsabilidad recaerá sobre la sociedad, el medio para solicitar la información será el agente residente. La legislación también contempla la supresión de derechos a las sociedades que no estén al día en el pago de la tasa única al Registro Público. Según las estimaciones de la Cancillería, entre 200 mil y 300 mil sociedades han dejado de cumplir su obligación con el pago de la cuota y “presuntamente han dejado de tener relación con el agente residente”. Las sociedades que tengan morosidad no tendrían capacidad para operar. Una vez que haya pagado y restablecido la relación con el agente residente, se volvería a activar la sociedad. Con este proyecto de ley, Panamá cumpliría una recomendación que venía haciendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde hace tiempo. Esta es también una de las sugerencias planteadas por el comité de expertos conformado por el Gobierno para analizar y fortalecer la plataforma de servicios financieros del país. Panamá está inmersa en la segunda fase de la revisión paritaria del Foro Global sobre Transparencia y Asuntos Fiscales de la OCDE. Luego de superar una primera fase en la que el organismo validó el marco legal para facilitar el intercambio de información, el segundo examen se enfoca en la implementación práctica del intercambio. Aunque no haya habido suficiente tiempo para que los cambios legales aprobados este año surtan efecto en la evaluación del Foro Global, sí se espera que se consideren en una eventual evaluación suplementaria. Un buen resultado en la revisión paritaria sería positivo para el país con el objetivo de evitar figurar en una nueva lista de paraísos fiscales o países no cooperadores que elabora la OCDE y que será publicada en julio de 2017. La exigencia de registros contables a las empresas offshore podría tener un efecto negativo para el negocio de registro de naves. Según el abogado Álvaro Tomas, “esta legislación podría ser funesta para nuestra marina mercante y su bandera de conveniencia pues, en mi opinión, los navieros japoneses y coreanos no van a querer que sus libros se lleven en Panamá y más cuando en Liberia e Islas Marshall (siendo ambos registros administrados por empresas norteamericanas) no hay necesidad de cumplir ese requisito. Por otro lado, estoy esperando que la OCDE se llene de valor y le pida a los estados de Delaware, Nevada, etc., que también lleven libros contables de sus vehículos jurídicos para que no haya competencia desleal”. Más reformas en curso

Además de las medidas aprobadas por el Consejo de Gabinete esta semana, el Gobierno trabaja paralelamente en otras reformas legales que establecerán los mecanismos para el intercambio de información de manera automática. Panamá se comprometió con la OCDE a compartir la información siguiendo el estándar de reporte común (CRS, por sus siglas en inglés) a partir de 2018, y firmó un acuerdo con Estados Unidos para iniciar el envío automático desde septiembre de 2017. Además, solicitó formalmente al Foro Global firmar la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, lo que permitirá el intercambio de información previo requerimiento con más de 100 países. Con estas medidas, el país aspira a alcanzar los estándares internacionales en transparencia, quitarse el estigma de paraíso fiscal y ser considerado como un territorio cooperador en la lucha contra la evasión fiscal.

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