Ofrecen productos libres de impuestos

El IVU ha pasado de ser del 7% al 11.5%, una subida con la que el Gobierno de Puerto Rico trata de elevar su pírrica liquidez.
La deuda del país supera los $72 mil millones. La deuda del país supera los $72 mil millones.
La deuda del país supera los $72 mil millones.

Mientras el Gobierno de Puerto Rico busca contrarreloj vías para aumentar la escasa liquidez con la que tiene que operar día a día, los comercios de la isla ofrecen desde este fin de semana dos días libres de impuestos para productos escolares, para paliar los efectos de una crisis que puede acabar en cese de pagos.

“Mi esposa hoy no ha ido a trabajar. Va a dedicar todo el día a comprar todo lo necesario para la escuela, que este año está bien caro por la subida del IVU” (Impuesto sobre Ventas y Uso), comentaba un ciudadano puertorriqueño mientras almorzaba en un bar sanjuanino.

A sus comentarios, camareros y clientes contestaban que efectivamente había que aprovechar este descuento fiscal, y repasaban qué otros productos se benefician de la desgravación, como los discos duros, memorias y otros dispositivos de almacenaje de datos, así como material artístico y de dibujo.

La exención del IVU de los productos escolares durante dos días le cuesta a las arcas públicas entre 12 y 15 millones de dólares que se calcula que dejarán de ingresar, según datos de Hacienda, y afecta a uniformes y materiales escolares, pero también “loncheras (fiambreras), zapatos escolares o tenis regulares”.

Además, este año se han incluido los desinfectantes de manos y toallas húmedas desechables, para favorecer la higiene en tiempos en que más de un tercio de la población de la isla está sin suministro de agua durante uno de cada dos días o incluso dos de cada tres, a causa de la sequía que azota a Puerto Rico.

Desde que comenzó el actual ejercicio fiscal, el IVU ha pasado de ser del 7% al 11.5%, una subida muy criticada por la ciudadanía con la que el Gobierno trata de elevar su pírrica liquidez para enfrentar este comienzo de año.

La escasez de liquidez es tal, que el Gobierno ha tenido que convocar a sus bonistas para tratar de negociar moratorias en la devolución de su deuda, que supera los $72 mil millones para una población de 3.6 millones de habitantes.

Además está tratando de que Washington le permita acogerse al Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras para que sus empresas públicas y municipios se puedan declarar en bancarrota.

De hecho, las agencias de calificación empiezan a dar por seguro el impago y ya el miércoles el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno, no transfirió a la Corporación de Finanzas Públicas los $93.7 millones que debía apartar para garantizar un vencimiento que llegará el 1 de agosto.

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