PLANO URBANO

Oportuna participación de la SPIA

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Oportuna participación de la SPIA

Rodrigo Mejía-Andrión

OPINIÓN

Ante las opiniones de diferentes organizaciones panameñas preocupadas por la participación de empresas de construcción extranjeras condenadas en otros países, que según la ley recién aprobada seguirá permitiéndose, resulta oportuna la posición, bien expresada, de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) sobre la ley de contrataciones públicas, en vías de ser firmada por el presidente de la República.

La SPIA presentó ante la Asamblea Nacional una excelente propuesta sobre la ley de contrataciones públicas, pero esta fue ignorada o “prohijada” como les gusta decir a los “honorables”, pasando por alto que la SPIA representa la labor de los ingenieros y arquitectos del país y reúne en su seno a los profesionales de la mayor experiencia .

Cabe destacar que la ley 15 del 26 de enero de 1959 estableció la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, tribunal que rige la buena práctica profesional de los ingenieros y arquitectos del país, que solo permite el ejercicio de ambas profesiones a los panameños, con contadas excepciones.

La ley mencionada encargó a los propios profesionales el compromiso de ejercer con honestidad y sabiduría su ejercicio profesional mediante un estricto control. Esta Junta Técnica, que siempre encabeza el Presidente de la SPIA, también controla las actividades de las empresas constructoras que trabajen en el país, sean nacionales o extranjeras.

Aunque la ingeniería y la arquitectura son profesiones liberales, las diferentes entidades que revisan los planos pretenden imponer criterios propios de diseño, cuando la responsabilidad corresponde a los diseñadores.

El señor Ricardo Martinelli cuando llegó al poder impuso el condenable sistema de “llave en mano” para realizar su amplio programa de construcciones, fórmula que se prestó a todas las picardías que bien conocemos, y que ha tentado a más de un miembro de honorables familias. Este método de “llave en mano” exige que el contratista aporte el financiamiento de toda la obra, impidiendo así que el país obtenga los intereses más bajos del mercado financiero, que se logran cuando el garante es el propio Gobierno. También el contratista debe proveer e interpretar el propio diseño de la obra, sin duda, preparado como más convenga a sus intereses, según le permitan las normas de la entidad que la desarrolle. Este método ha doblado el costo de las obras, enriqueciendo de paso a los miembros del círculo cero.

El procedimiento correcto, transparente y equitativo de la ejecución de obras del Gobierno es la división en un previo concurso público de diseño, cuando se trate de edificaciones, y luego una licitación para la construcción, cuyos costos cubrirá el Gobierno según fórmulas disponibles; finalmente podría licitarse la inspección de la obra, otorgando algunos puntos de preferencia a su diseñador. Todo esto significaría separar la obra en cuatro acciones: diseño, licitación, financiamiento e inspección.

La actual fórmula de llave en mano debe ser prohibida sin excepciones, dentro de la ley de contrataciones, con obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del país.

Otro aspecto de vital importancia para la transparencia es la recomendación de que las adendas de los contratos no puedan pasar de un 15% sobre el valor contratado.

Como construí por muchos años, yo hubiera recomendado no pasar de 10%.

Hay otra recomendación que yo incluiría en la ley, y es el límite de los “adelantos”. Cuando formé con un colega una empresa de construcción que funcionó por varias décadas, establecimos que sólo construiríamos por “administración”, esto es, costo más porcentaje con un adelanto de 10% sobre el presupuesto estimado, lo que siempre fue suficiente para nuestras operaciones. Es por ello que considero excesivo e imprudente el adelanto de millones de balboas para las obras oficiales. De allí salían las primeras coimas.

Es bueno el momento para estudiar y proponer una nueva, bastante alejados de los “padres de la patria”.

Bien recuerdo cuando en 1957, los ingenieros y arquitectos rechazamos una supuesta ley para el ejercicio de nuestras profesiones y una comisión de cuatro, dos ingenieros y dos arquitectos, preparamos en un año de trabajo continuo y esmerado nuestra estupenda ley. Me correspondió administrar la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura por los primeros tres años, luego varias veces como miembro del tribunal en representación del Colegio de Arquitectos, y más tarde como Presidente de la SPIA y por tanto de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que tanta admiración tiene de otros gremios y tanto beneficio ha traído para el país.

En estos momentos la Junta Técnica se prepara para aplicar el renovado código estructural para edificaciones, como parte del compromiso internacional que tiene la institución.

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