PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA

Oposición a proyectos hidroeléctricos

Ambientalistas de Chiriquí rechazan la creación de nuevos proyectos hidroeléctricos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria.
El Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 y 2050 permitirá definir políticas públicas para mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptables. El Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 y 2050 permitirá definir políticas públicas para mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptables.
El Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 y 2050 permitirá definir políticas públicas para mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptables. Archivo

Representantes de grupos conservacionistas de tierras altas de la provincia de Chiriquí y etnias aborígenes establecidas en la región occidental del país rechazaron el desarrollo de nuevas hidroeléctricas.

Dicha propuesta se contempla en el proceso de consultas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 y 2050.

Aducen que la creación de centrales hidroeléctricas en estas zonas representa graves perjuicios para las comunidades, ya que disminuye el volumen de agua de los ríos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.

Desde el pasado 24 de febrero el Comité de Alto Nivel de Seguridad Hídrica, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está llevando a cabo una serie de conversatorios en todo el país para orientar a la ciudadanía sobre el Plan de Seguridad Hídrica, que tiene como lema “agua para todos”.

En estos conversatorios se inició un proceso de consultas públicas y abiertas que permite a los grupos organizados y a la ciudadanía hacer sus aportes para enriquecer el plan.

Durante la segunda jornada de consultas que el Ministerio de Ambiente y el PNUD desarrollaron en la ciudad de David sobre el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, participaron 19 instituciones y diversos sectores de la sociedad civil.

Isabel Sánchez, de la comunidad naso, dijo que la mayoría casi absoluta de esta etnia se opone a la segunda fase de una hidroeléctrica sobre el cauce de la quebrada Bonyic, afluente del río Teribe, porque consideran que el río les asegura mejor provecho y calidad de vida.

“Somos testigos de la destrucción y el impacto nefasto de las hidroeléctricas, porque las fuentes de trabajo y bonanza que se registran durante la construcción de estos proyectos se diluyen en pocos años, pero los peces que nos sirven de sustento desaparecen por siempre”, dijo Sánchez.

Por su parte, el secretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, destacó la importancia del aporte y consenso de todos los sectores de la sociedad, especialmente de grupos y comunidades que acusan no haber sido tomados en cuenta en la formulación y ejecución de este tipo de iniciativas.

Wing recordó que el proyecto de ley sobre uso de agua fue enviado a la Asamblea Nacional desde inicios de la administración de Martín Torrijos, sin embargo, sigue vigente el Decreto No. 35 de 1966.

“Lo importante es que ahora hay voluntad política y una creciente conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de actuar adecuadamente ante situaciones más críticas producidas por el fenómeno climatológico El Niño y los cambios climáticos”, señala Wing.

El representante del corregimiento de Potrerillos Abajo, José Barrios, reiteró su propuesta de que el Estado compre los terrenos donde se generan los cinco principales ríos que nacen al norte del volcán Barú, entre estos el río David, que abastece la mayor parte de la población chiricana.

“Hay los recursos y si en verdad existe voluntad, el Gobierno Nacional debe comprar los terrenos donde nacen los manantiales de los ríos o incentivar a sus actuales propietarios para que los reforesten y cuiden”, manifestó Barrios.

El Plan Nacional de Seguridad Hídrica se creó para definir las políticas públicas destinadas a mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptables.

Para el director general de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente, Noel Trejos, la jornada nacional de consultas deberá enriquecer el trabajo que desde agosto del año pasado realiza un grupo de profesionales con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá, la Empresa de Transmisión Eléctrica, el Ministerio de Salud y el PNUD.

“Se trata de establecer consenso y equilibrio entre la prioridad de satisfacer el consumo humano y la producción de alimentos frente a las actividades económicas que dependen del recurso hídrico, incluyendo la generación de energía”, dijo Barrios.

Este plan se centra en cinco objetivos básicos: acceso universal al agua de calidad y saneamiento básico, agua para el crecimiento económico inclusivo, gestión oportuna de riesgos relacionados con el agua para prevenir y estar preparados ante los cambios climáticos, 52 cuencas hidrográficas saludables a fin de asegurar la disponibilidad y calidad del agua cruda para todos, así como sostenibilidad hídrica.

En el marco de este plan que se lleva a cabo a nivel nacional, se contempla la posibilidad de crear un embalse en el río Indio que garantice el funcionamiento del Canal de Panamá y cerca del 55% de la población que se encuentra en los alrededores de la cuenca hidrográfica.

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Cortesía/Sinaproc

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