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PLANO URBANO: Licitación del Miviot legal, pero injusta

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OPINIÓN

La licitación que acaba de otorgar el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha sido muy injusta para quienes, como quien escribe, participamos en ella de buena fe y mucho entusiasmo. Teníamos los mejores profesionales del país, los verdaderos conocedores del área.

La licitación para la “Revisión y Actualización del Plan Metropolitano de Desarrollo del Pacífico y del Atlántico” con valor asignado de $1.6 millón, es la más importante para quienes vivimos en estas ciudades, más importante que la ampliación del Canal. No es mucha plata para todo el trabajo que involucra. El trabajo original entregado en 1997 costó $2.9 millones y dos años de trabajo.

Primero, un apuro sospechoso: Anunciada el miércoles 15 de mayo para recibir propuestas cuatro días hábiles más tarde, por reclamos de quienes nos interesamos se aumentaron plazos, por la cuantiosa exigencia de documentos originales y certificaciones notariadas, más documentos del extranjero apostillados y notariados.

El pliego de cargos estableció que propuestas rebajadas un 15% serían consideradas riesgosas y las aumentadas un 10% onerosas, en ambos casos serían eliminadas. Empresas de larga tradición y experiencia como Louis Berguer y otras se han ganado muchas licitaciones con esos parámetros, en el entendimiento de que las propuestas pueden variar entre 15% de rebaja y 10% de aumento y ellos bajan o suben el porcentaje de 10% o 15%, según el caso. Eso lo hicimos tres consorcios.

La contestación a una consulta elevada a la Dirección de Contrataciones Públicas, la #256-2010 dice: “Se consideran riesgosas las propuestas que ofrezcan precio o condiciones técnicas con lo cual resulte difícil cumplir el objetivo del contrato.

“En cuanto al precio, el pliego de cargos podrá establecer el porcentaje máximo para considerar el margen de riesgo (artículo 50 L22-20069).

“De la citada norma podemos colegir que, al establecer un porcentaje de riesgosidad u onerosidad en el pliego de cargos, las propuestas que oferten deben estar sujetas al margen del porcentaje sugerido, el cual no podrá ser inferior ni estar por encima del porcentaje estipulado, de lo contrario dichas propuestas serán consideradas onerosas o gravosas tal como lo señala el artículo 154 del referido Decreto”. Es esa la interpretación de la Dirección de Contrataciones Públicas, con gran experiencia en todo tipo de contratos.

La licitación fue adjudicada al Consorcio POT quien propuso la suma de $1 millón 360 mil 001, al descartar “por riesgosas” tres propuestas de $1 millón 360 mil.

Dos consorcios que coincidieron con el nuestro al proponer un descuento de exactamente 15% sobre el precio base, objetaron el otorgamiento a quien había subido un solo dólar sobre el descuento del 15% propuesto por los otros tres competidores. Esa objeción fue rechazada por el Ministerio.

Mi almohada y yo consideramos que debería haberse escogido lo mejor para el país. Para la clase de trabajo altamente técnico exigido por el pliego de cargos, lo más importante resultaba lo del personal panameño asignado. En mi caso, el cargo más alto, el del director técnico, estaba ocupado por el más actualizado y mayor estudioso del crecimiento de la ciudad y las vecindadas, desde la época colombiana, siempre participativo en foros urbanistas por su colección de videos tomados en vuelos sobre el territorio en los últimos 20 años. Igualmente, el mayor experto del país en ingeniería sanitaria estaba asignado a ese cargo. Otros expertos arquitectos eran el escogido urbanista, como el experimentado estudio español y un socio de mi empresa, arquitecto urbanista con gran participación en las urbanizaciones estatales, director de Desarrollo del Ministerio de Vivienda y diseñador de urbanizaciones particulares recientes. Igual eran expertos los asignados a temas turísticos y preservación de monumentos y conjuntos históricos. Probablemente era yo el de menor experiencia en estos temas, solo 50 años.

Eran tres los comisionados como jurados de la licitación, los arquitectos Rubén Aguilar y Blanca de Tapia, por quienes puedo meter la mano al fuego por su conocida honradez y profesionalismo, y una abogada, quien me imagino hizo prevalecer el tema legal, descartando la opinión de la Dirección de Contrataciones Públicas y los muchos precedentes, sin defender los mejores intereses del país, al no examinar las propuestas desechadas.

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