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Reformas a la ley 45

Pendientes temas del consumidor

Uno de los puntos sensitivos fue el de las quejas que tienen los ciudadanos con las promotoras de vivienda.
La compra de una casa es una inversión importante para cualquier familia. Son constantes las quejas de los consumidores por construcciones de viviendas en mal estado o promotoras que no completan el desarrollo de un proyecto. LA PRENSA/ Jazmín Saldaña. La compra de una casa es una inversión importante para cualquier familia. Son constantes las quejas de los consumidores por construcciones de viviendas en mal estado o promotoras que no completan el desarrollo de un proyecto. LA PRENSA/ Jazmín Saldaña.
La compra de una casa es una inversión importante para cualquier familia. Son constantes las quejas de los consumidores por construcciones de viviendas en mal estado o promotoras que no completan el desarrollo de un proyecto. LA PRENSA/ Jazmín Saldaña.

La administración del presidente Ricardo Martinelli quedó pendiente en discutir y aprobar una regulación que proteja a los consumidores y que se propuso en las reformas a la Ley 45 de octubre de 2007, que preserva los intereses de toda persona que consume un producto o servicio.

Desde hace más de ocho meses, la Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la Competencia (Acodeco) presentó al Ejecutivo ocho puntos que debían incluirse en la referida norma.

No obstante, la iniciativa introducida al Consejo de Gabinete a través del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ha quedado engavetada y le corresponderá a las autoridades electas abordarla.

La propuesta crea un fondo en el cual las promotoras de vivienda debían depositar los abonos y préstamo que se otorguen para la construcción de una obra y que servirá de respaldo en caso de que el proveedor incumpla o se retire del país.

Este planteamiento surge a raíz de las constantes quejas contra las inmobiliarias y que repunta siempre como las número uno en las estadísticas oficiales, a lo que representantes de este sector alegan que la Acodeco incluye en la reclamación, “de manera irresponsable”, el valor total de la unidad departamental, cuando las afectaciones solo representan entre 2% y 5% del precio.

En los cambios a la Ley 45 se prohibía a las empresas adicionar al precio de un bien o servicio cualquier cargo distinto a los impuestos legalmente establecidos, como ocurre en la industria turística. También se contemplaba atender quejas presentadas por usuarios de empresas financieras, casas de remesa y de empeño.

La iniciativa incluía otorgar a la Acodeco mayor competencia a través de un tribunal para agilizar los procesos de práctica monopolística y aplicar sanciones más expeditas, así como obligar a las agencias de venta de automóviles a tener a disposición las piezas o repuestos que necesite el cliente en un plazo no mayor de 45 días, entre otros temas que según algunos involucrados fueron consensuados por un comité consultivo.

“Este tipo de reformas beneficia a la ciudadanía y se deben tomar en cuenta, pero es una decisión del órgano Ejecutivo presentarlas para su aprobación a la Asamblea Legislativa”, reconoció Pedro Meilán, administrador general de la Acodeco.

Las modificaciones fueron entregadas por Meilán al Mici, ya que la Acodeco no tiene iniciativa legislativa, pero el funcionario dijo que desconoce su paradero.

Este diario solicitó información a la Secretaría de Comunicación del Estado sobre el estatus de la propuesta de reformas a la Ley 45, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Sin embargo, Meilán manifestó que confía en que el nuevo gobierno adopte la iniciativa para que sea aprobada y se concrete antes de diciembre de 2014, cuando finaliza su gestión.

Pedro Acosta, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, atribuyó el retraso en el trámite de esta propuesta de reforma al ambiente político que reinó durante los últimos meses y que culminó con el proceso de elecciones el 4 de mayo. Meilán también comparte esta opinión.

Acosta reconoce que tal vez no era recomendable ingresar esas modificaciones a la legislación dentro de la pasada contienda electoral, porque se corría el riesgo de que intereses del momento intervinieran en el proceso.

“Eso se consensuó con todos los sectores para llevarlo a la Asamblea Nacional, pero en tiempos de campaña política no era prudente porque todos hubieran aprovechado para meter y quitar, y se iba a distorsionar un poco el espíritu de la reforma”, puntualizó Acosta. Los cambios son positivos, añadió, por lo que también espera que se lleven adelante en el próximo Gobierno.

LEGISLACIÓN

Ley 45

Es la norma que busca ser reformada en algunos de sus artículos.

Ley 29

Es la legislación del 2 de junio de 2008 que hizo leves cambios a la normativa vigente.

2

Modificaciones se han realizado a la Ley 45.

En aras del consenso

El promotor Iván Carlucci señaló que cualquier norma que se quiera implementar para garantizar los intereses de los consumidores es saludable.

Sin embargo, considera que el tratar de aplicar medidas que vayan en detrimento o compliquen la operación inmobiliaria puede ser contraproducente porque es una industria cada vez más competitiva y está convirtiéndose en una actividad difícil de desarrollar por los incrementos de precios en la mano de obra y en los materiales de construcción.

El expresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces considera que las regulaciones deben darse a través de un consenso, en lugar de leyes impuestas.

Frente a las quejas permanentes de los consumidores con las inmobiliarias, Carlucci indica que los empresarios que no son serios en el negocio son los menos. Como referencia mencionó que es mayor el número de unidades de viviendas entregadas a lo largo de los años versus la cantidad de reclamos “reales” presentados.

Raúl A. Bernal

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