políticas para la ´CAMARICULTURA´

Pequeños camaroneros piden adjudicación de terrenos

Camaroneros piden que les concesionen las tierras para poder capitalizar la industria que años atrás lideraba las exportaciones del país.

A inicios de la década de 1990 el camarón lideraba las exportaciones panameñas con unos $100 millones anuales producto de la ventas a Estados Unidos, hasta que en los primeros meses de 1999 el crustáceo fue atacado por el virus de la mancha blanca que acabó con una floreciente actividad.

No fue hasta septiembre de 2001 cuando el virus empezó a ceder y el país, en esa vía de recuperación, logró exportar productos por $37.7 millones en 2011 y $35.3 millones en 2010, o 5.6 millones de kilos el año pasado y 5.8 millones de kilos en 2010.

Ahora, superado el tema de la mancha blanca, las concesiones de tierras, la inclusión en la Ley 24 de indemnización por inundaciones, el seguro acuícola y los altos costos en la producción son las principales incertidumbres de los productores.

En Panamá existen unas cuatro o cinco plantas de camarones de pesca ubicadas en Vacamonte para la exportación y otras seis de camarones de cultivo de exportación en la provincia de Coclé.

Los pequeños productores, agrupados en la Asociación de Pequeños Productores de Camarón, señalan que aunque la industria del camarón se mantiene a través de las grandes empresas, para los pequeños empresarios la actividad está prácticamente paralizada y solo seis de los 30 productores que pertenecen a la asociación de cultivadores de camarones en Coclé están trabajando en sus fincas.

Ameth Tuñón, secretario ejecutivo de la Asociación Panameña de Productores de Camarones, explicó que desde hace unos 20 años se mantiene una deuda con el sector. El Estado debe otorgar concesiones o titular los terrenos en donde se produce camarón en estanque, pero a pesar de que trabajan en estas tierras no se les otorga ni una figura ni la otra.

De acuerdo con Tuñón, este trámite sí es procesado para las fincas grandes, pero los que trabajan áreas de entre 10 y 20 hectáreas no cuentan con el permiso que les serviría para gestionar créditos.

Indicó que en estas fincas los productores han cumplido con la elaboración de estudios de factibilidad y de impacto ambiental aprobados por las instituciones respectivas, pero la burocracia les an impedido lograr sus concesiones a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Como la tierra no les pertenece difícilmente una entidad crediticia les otorga una préstamo porque no tienen nada que dar en garantía.

Esta actividad resulta prometedora. De enero a marzo de 2012 las exportaciones del crustáceo totalizaron $3.9 millones, es decir, 10% menos que el valor alcanzado en el primer trimestre de 2011, a pesar de que el peso de la mercadería que se sacó del país aumentó un 7.3%.

Mora por tres años

Los acuicultores no forman parte de las actividades que el Estado subsidia en caso de desastres naturales, lo que les resulta injusto, según Tuñón, quien recordó que por las inundaciones y el desbordamiento del río Santa María en el año 2009 registraron pérdidas por 2 millones de dólares y se afectó el ingreso económico de 300 familias que dependen de la actividad.

Agregó que aunado a estos temas, el alto costo de la producción, el aumento de los insumos, entre estos el combustible, y los bajos precios del rubro en el mercado internacional están ahogando al pequeño productor, que labora en unas mil 500 de las 10 mil hectáreas destinadas a la producción en el país.

A su juicio, no se puede hablar de libre mercado cuando no se garantiza la producción nacional. Su temor es que los pequeños productores sean absorbidos por las grandes empresas.

Cuestionado sobre estas inquietudes, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Oscar Osorio, aseguró que la entidad busca alternativas para que los camaroneros diversifiquen su producción, como ocurre en otros países donde se están produciendo pulpos en estanques de agua salobre o especies como el róbalo.

Osorio prometió que el tema de las concesiones será analizado con el departamento de Asesoría Legal y la Autoridad de Recursos Acuáticos (Arap), para ver de qué forma se puede ayudar a los que tienen que pagar por el uso de agua, aun cuando no la están utilizando.

Según Osorio, no debe haber problema para incluir a los productores entre los beneficiarios de la Ley 24, pues existe un informe elaborado por la Arap, en donde se certifican los daños de esas inundaciones.

Solo hay que rescatar el estudio y obtener los recursos necesarios, que son alrededor de 2 millones de dólares, afirmó el funcionario.

Los productores tienen tres años esperando la ayuda.

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