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régimen tributario

Piden aliviar carga del impuesto de inmuebles

Gremios proponen que el tramo exonerado se eleve de $30,000 a $120,000 y que la tasa para la cantidad que supere esa cifra sea 0.25%.
Para la comisión de avalúos de la Cámara de Comercio, el cálculo del impuesto de inmuebles se debe hacer sobre montos pagados y no sobre estimaciones o ganancias no realizadas. LA PRENSA/Eric Batista. Para la comisión de avalúos de la Cámara de Comercio, el cálculo del impuesto de inmuebles se debe hacer sobre montos pagados y no sobre estimaciones o ganancias no realizadas. LA PRENSA/Eric Batista.
Para la comisión de avalúos de la Cámara de Comercio, el cálculo del impuesto de inmuebles se debe hacer sobre montos pagados y no sobre estimaciones o ganancias no realizadas. LA PRENSA/Eric Batista.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y otros gremios empresariales plantearon en un informe de de la comisión de avalúos la necesidad de reformar el impuesto de inmuebles hacia un formato “justo para los hogares y negocios panameños”.

La comisión, que además de la Cámara de Comercio, estuvo formada por la Asociación de Propietarios de Inmuebles, la Asociación Bancaria de Panamá, el Colegio Nacional de Abogados y el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, entre otros, entregó el reporte el pasado mes de abril al entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, que por aquel momento promovía la actualización de los valores de las propiedades a través de avalúos.

El informe, al que tuvo acceso La Prensa, plantea que el cálculo del impuesto debe ser sencillo y “no requerir de avalúos individuales”, debe ser estimable desde el momento de la compra, mientras el contribuyente sea propietario de inmueble, debe calcularse basado en montos pagados y no sobre valores estimados o ganancias no realizadas, como se propone con los avalúos que en su momento implementó el MEF. Esta figura quedó en suspenso, pero el marco legal todavía está en vigor.

El abogado Adolfo Linares recomendó la eliminación de todos los avalúos efectuados. Dijo que el error de la pasada administración fue hacerlos con los valores comerciales de las propiedades. “El valor catastral no es el valor comercial... El impuesto no puede ser tan oneroso para el contribuyente que termine perdiendo la casa para poder pagar el impuesto”.

Cuestionó también el anteproyecto de Ley 6, presentado la semana pasada por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez y acogido por la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional porque, desde su punto de vista, legitima los avalúos con valores comerciales, que serían la base para calcular el impuesto y podría provocar un alza en la contribución de familias y empresas, que es lo contrario de lo que se pretende con el anteproyecto.

Además, desde lo estrictamente legal, Linares dijo que un diputado solo no tiene iniciativa legislativa para plantear una reforma a una ley orgánica como el es el Código Fiscal y que por ese motivo el proyecto no debió ser admitido.

En lo que coinciden los empresarios y la propuesta del PRD es en la necesidad de elevar el monto exonerado y ajustar a la baja las tarifas que se pagan.

En la actualidad una propiedad de $100,000 paga al año $1,362 por este impuesto si se le aplica la tarifa general. Una de $200,000, por su parte, paga algo menos de $3,500. El Código fiscal exonera los primeros $30,000 del valor de la vivienda y grava el excedente con distintas tarifas. La más alta, un 2.10%, se aplica a todo los que supera los $75 mil.

Los gremios piden que se exoneren los primeros $120,000, el monto que marca el límite para beneficiarse de los intereses preferenciales en los préstamos hipotecarios. “No tendría mucho sentido que el Gobierno por un lado esté subsidiando la compra de viviendas por ese monto y por otros cobrando impuestos a dicha vivienda”, expresó la comisión de avalúos intergremial.

Además, solicitan que la tarifa más alta que se aplique al excedente de los primeros $120,000 sea de 0.25%, una tasa similar a la que se paga en países vecinos, como Costa Rica, “con quienes competimos para la atracción de inversión”, recoge el informe.

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