PLANO URBANO

Plano Urbano: Dos reuniones: dos temas similares

OPINIÓN

El día martes 10 se celebró una importante reunión de los propietarios de la urbanización Punta Paitilla en compañía del abogado Eric Eliécer Prado Izquierdo, autor de la demanda presentada contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) por su procedimiento inconstitucional e ilegal utilizado para aprobar un horroroso cambio de zonificación en un solo lote de la vía Italia para construir 180 apartamentos donde hubo una sola casa.

El terreno queda en una sección bien constituida por viviendas unifamiliares en excelentes condiciones, con un código R1B de baja densidad, así cambiada a RM3, la categoría de mayor densidad de todas, para permitir la construcción de dos torres de 37 pisos con un total de 180 apartamentos y unos 600 automóviles, que se construirían en unos tres años de contaminante labor continua.

La cita reunió a unas 50 personas, entre propietarios del barrio y representantes de otras cuatro urbanizaciones: Villa Las Fuentes, Ancón, El Carmen y Punta Pacífica, que permitió a airados asistentes expresarse contra la avalancha de promotores e inversionistas que consiguen obtener - en forma altamente sospechosa - cambios de zonificación que multiplican por 10, o más veces, la posibilidad de acomodar a nuevas familias.

Estas acciones dentro de núcleos de casas familiares producen tal distorsión y molestias a los colindantes que pronto esos propietarios deciden vender sus propiedades, que el promotor corre a adquirir a excelente precio para repetir su atraco a la ciudad. Una voz unánime resultó la observación de que estos hechos se consiguen a través de pagos de muy altas sumas de dinero, hecho que está en aumento en estos dos últimos años del Miviot.

Un banquero muy activo me comentó que calculando para el proyecto de vía Italia apartamentos de 300 metros cuadrados vendidos a $2 mil 500 el metro cuadrado, cada uno costaría $750 mil y 180 apartamentos tendrían un valor de mercado de unos $135 millones y una ganancia aproximada de $30 millones, con lo cual bien pudo haber pagado unos “$5 milloncitos” a quien le “arreglara” la aprobación. Alguien también me sopló quién “atendió” la propuesta inicial oficialmente presentada, ya con anteproyecto listo, el día 23 de enero de 2013.

Varios arquitectos urbanistas invitados al evento expresaron sus preocupaciones por el crecimiento de la ciudad que solo se da según los intereses inmobiliarios de ricos comerciantes que están comprando propiedades en los mejores barrios de la ciudad, con la aprobación previa del funcionario con poder.

El día miércoles estuve en otra reunión sobre preocupaciones similares de otra área afectada, la de Villa Las Fuentes, que reclamaban cambios drásticos que afectan la vida diaria. Una propietaria contaba cómo cuando el agua se va, no regresa antes de tres días. Se denunció el caso de un edificio alto de apartamentos cuyos planos aprobados mostraban apartamentos de una, dos y tres recámaras y ahora la empresa promotora tiene un panfleto donde anuncia que todos son apartamentos de tres dormitorios.

El director de Obras y Construcciones Municipales, a quien respeto por su integridad y profesionalismo, mostró el plano aprobado con el cual el promotor obtuvo el permiso de construcción, explicando que ahora con la demanda presentada enviará inspectores para verificar lo que se construye y podrá imponer multas a quien les corresponda. Aproveché la presencia del Jefe Nacional de Ingeniería del Idaan para quejarme de que, cuando se presentan proyectos voluminosos, como las dos torres de Punta Paitilla y otra seis más que vienen, la información que les dan es “si tenemos una tubería de agua de tantas pulgadas y otra tubería de tantas pulgadas que recoge las aguas servidas”. No dice que ya están saturadas como las de Punta Paitilla, que cada par de meses quedan convertidas en olorosas fuentes de caca muy fresquita que democráticamente las llantas de los vehículos reparten a la vecindad.

Otra interesante queja de los asistentes es que los concejales le han cambiado los nombres a todas las calles y quitado las señales viejas de modo que, cuando llaman a consulta pública, nadie sabe dónde queda el proyecto como si fuera un plan malvado del Gobierno. No lo descartemos.

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