Chiriquí

Productores de Barú piden legalizar su estatus

El ministro de la Presidencia presentará hoy al Consejo de Gabinete el contrato-ley entre el Estado y la multinacional Del Monte.

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Coosemuproaar opera en las tierras que Pafco, subsidiaria de Chiquita Brands, abandonó en 1998. Coosemuproaar opera en las tierras que Pafco, subsidiaria de Chiquita Brands, abandonó en 1998.
Coosemuproaar opera en las tierras que Pafco, subsidiaria de Chiquita Brands, abandonó en 1998. Archivo

La Cooperativa de Servicios Múltiples Unión de Productores Agropecuarios y Artesanos (Coosemuproaar), manifestó ayer su preocupación ante la posibilidad de ser sacados de las mil 132 hectáreas donde cosechan diversos productos, a causa de la negociación que adelanta el Estado con la multinacional Del Monte.

Ada Pinzón, presidenta nacional de la Asociación de Productores de Panamá (Aprodepa), explicó que trabajan dichas tierras desde que Puerto Armuelles Fruit Company (Pafco), subsidiaria de Chiquita Brands, cerró operaciones en el área en 1998. Los productores ha intentado en al menos tres gobiernos regularizar su estatus legal para poder ser sujetos de crédito y trabajar legalmente, sin ningún resultado.

Con relación a la actual administración, han enviado desde 2014 cartas y correos electrónicos dirigidas al presidente Juan Carlos Varela, al Ministerio de Presidencia, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La iniciativa de Coosemuproaar es apoyada por los productores de las cooperativas Los Visionarios, Denis Araúz y Rodolfo Aguilar.

En conjunto suman mil 601 hectáreas de tierra productiva, donde cosechan papaya, palma aceitera, yuca, frijoles, plátano, calabazas, maíz y café.

Marvin Wilcox, presidente de la junta directiva de Coosemuproaar, manifestó que no se oponen al proyecto que desarrollaría la multinacional Del Monte en el área. “Nuestra oposición es a que nos excluyan (de la negociación) y luego nos saquen de las áreas que hemos estado trabajando durante casi 19 años”, apuntó.

Las tierras donde trabajan estos productores son propiedad del Estado y forman parte de la negociación con la multinacional.

Del Monte y el Estado panameño han estado en negociaciones desde hace más de un año para reactivar la producción bananera en el área. Después de varias correcciones, ambas partes llegaron a un consenso sobre los términos en que se firmará el contrato-ley que respaldará la inversión de la empresa, de $100 millones en un lapso de siete años.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien afirma no haber tenido contacto con la cooperativa, presentará hoy el contrato-ley al Consejo de Gabinete, que después deberá ser refrendado por la Contraloría General de la República, antes de ser discutido por el pleno de la Asamblea Nacional, cuando se reinicien las sesiones ordinarias el 3 de enero.

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