VALOR RAZONABLE

Publicidad de sanciones y eximente de responsabilidad penal

Carlos Barsallo* economia@prensa.com

OPINIÓN

Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental, el regulador bancario y de valores de México deberá hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de internet, las sanciones que imponga, para lo cual deberá señalar: I. El nombre del infractor; II. El precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, monto o plazo, la conducta infractora, y III. El estado que guarda la resolución, indicando si se encuentra firme o bien, si es susceptible de ser impugnada y en este último caso si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo.

En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, deberá igualmente publicarse tal circunstancia. (Artículo 391 Bis. Ley del mercado de valores mexicano de 30 de diciembre de 2005, reformada en 2014).

Contrasta con la situación legal en Panamá, donde el superintendente de bancos tendrá la facultad (más no la obligación) de publicar las sanciones que imponga. (Artículo 189, Ley bancaria, texto único, Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008).

La publicidad de las sanciones es considerada un derecho de los ciudadanos y es, además, una parte integral del proceso administrativo disciplinario y del proceso penal. El efecto disuasivo en potenciales quebrantadores de las normas está ampliamente comprobado.

En Panamá, las sanciones en materia bancaria podrán ser impuestas por el superintendente al banco, sus directores, dignatarios, gerentes, empleados y demás funcionarios, que hayan participado en la violación. En el caso de funcionarios o directivos, el banco será solidariamente responsable por la multa que se imponga a dichas personas. (Artículo 188, Ley bancaria).

En otros mercados se han desarrollado mecanismos para eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Son prácticos y crean incentivos para actuar correctamente. No están exentos de críticas. En España, por ejemplo, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad por las actuaciones u omisiones violatorias de la ley penal de sus directores o administradores, si se cumplen las siguientes condiciones:

1. El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos;

2. La supervisión del funcionamiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control;

3. Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de prevención y

4. No se ha producido un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión. (Artículo 31 bis del Código Penal español como ha sido reformado en julio de 2015).

Lo anterior da lugar a que las personas jurídicas tomen las medidas necesarias con el propósito de no incurrir ellos en responsabilidad por las actuaciones de sus directivos o administradores, quienes deberán en todo caso responder personalmente.

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