Argentina

Ratifican acuerdo

El cierre del acuerdo implica la retirada de las demandas interpuestas por Repsol en tribunales internacionales.
La petrolera argentina registró el año pasado un beneficio neto de $711 millones. BLOOMBERG / Walter Moreno. La petrolera argentina registró el año pasado un beneficio neto de $711 millones. BLOOMBERG / Walter Moreno.
La petrolera argentina registró el año pasado un beneficio neto de $711 millones. BLOOMBERG / Walter Moreno.

El Gobierno argentino promulgó la ley que ratifica el acuerdo de compensación con la petrolera española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Se trata de la Ley 26.932, con la que el Ejecutivo de Cristina Fernández ratificó “el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación”, suscrito entre el Estado argentino y la petrolera española el pasado 27 de febrero.

La norma fue aprobada por el Parlamento argentino, con 135 votos a favor -procedentes del gobernante Frente para la Victoria y sus aliados-, 59 en contra y 42 abstenciones.

El acuerdo, que había recibido previamente el sí del Senado argentino y del Consejo de Administración de Repsol, supone el pago de 5 mil millones de dólares a la empresa española mediante un menú de bonos, con vencimientos que van desde 2017 a 2033 y tasas de interés del 7% al 8.75%.

El texto de la ley contempla la autorización para emitir bonos del Tesoro “en las condiciones y montos establecidos en el Convenio” -que se publicó en el Boletín como anexo a la norma- y la ampliación, en consecuencia, del presupuesto general de la administración pública para 2014.

Con el cierre del acuerdo, que implica la retirada de las demandas interpuestas por Repsol en tribunales internacionales, el gobierno de Fernández espera atraer inversiones para su ambicioso plan de exploración y explotación, que proyecta desembolsos de 7 mil millones de dólares anuales para el período 2013-2017.

YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, cuando el Parlamento aprobó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera a la española Repsol, que mantiene una participación del 12% en la mayor productora de hidrocarburos del país suramericano.

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