lucha contra el blanqueo de capitales

Reportes a la UAF serán digitales

El reforzamiento de la Unidad de Análisis Financiero es una de las recomendaciones del GAFI para salir de la lista gris.
Con la nueva ley antilavado, el número de empresas obligadas a enviar reportes se multiplica. Con la nueva ley antilavado, el número de empresas obligadas a enviar reportes se multiplica.

Con la nueva ley antilavado, el número de empresas obligadas a enviar reportes se multiplica.

Alejandro Melo, subdirector de la UAF.LA Alejandro Melo, subdirector de la UAF.LA

Alejandro Melo, subdirector de la UAF.LA Foto por: Luis García

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha creado una plataforma tecnológica que permite a las empresas remitir de manera electrónica los reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.

Según las normas de prevención de lavado de dinero, cuando un cliente de una empresa hace una transacción en efectivo por encima de determinado monto (el umbral varía dependiendo de la actividad) o hace una operación inusual, el proveedor que tiene la relación con ese cliente está obligado a comunicar la transacción a la UAF.

Buena parte de estos envíos de información, que se hacen a través de formularios estandarizados, se hacían de manera manual. Según la UAF, al mes se reciben en la institución entre 130 y 150 reportes de operaciones sospechosas y entre 20 mil y 30 mil reportes de transacciones en efectivo. La mayoría de reportes de este último tipo proceden de los bancos, que sí cuentan con un sistema digital de comunicación con la UAF.

Con la creación de la nueva plataforma, todas las empresas tendrán la oportunidad de enviar sus reportes luego de conectarse a un sistema online, a través del que también podrán adjuntar archivos.

Esta es una de las novedades que se han introducido en la UAF como parte de los avances en la prevención del blanqueo de capitales.

En junio de 2014, Panamá ingresó en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por las debilidades detectadas por el Fondo Monetario Internacional en la lucha contra el lavado.

Por estar en la lista gris, Panamá es considerado un país de alto riesgo, lo que ha complicado la relación de los bancos locales con sus corresponsales extranjeros.

Por eso, el Ministerio de Economía y Finanzas considera que estar en la lista gris es una de las grandes amenazas para el sistema financiero y, por lo tanto, para la economía nacional.

Para salir de la lista, Panamá se comprometió a cumplir un plan de acción que fue pactado con el GAFI y que, según las autoridades locales, ya ha sido completado.

Una de las recomendaciones hechas por el organismo internacional era reforzar la UAF y su capacidad de análisis de la información que recibe.

Con la Ley 23 de 2015, creada para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales, se multiplica la cantidad de empresas (denominados en la jerga legal “sujetos obligados”) que tienen que reportar transacciones en efectivo o sospechosas.

Rodrigo Ortiz, jefe de Tecnología y Seguridad Cibernética de la UAF, dijo que antes de la Ley 23 había alrededor de 5 mil sujetos obligados, mientras que con la ley el número se eleva a alrededor de 30 mil. Así, se hace imprescindible contar con una herramienta digital para mantener la comunicación entre los sujetos obligados y la UAF.

Recibida la información, la UAF hace los análisis pertinentes y si encuentra indicios de la comisión de un delito la remite al Ministerio Público, entidad que será responsable de hacer su propia investigación para probar el delito.

Otro de los objetivos de la UAF es elevar el conocimiento general y de los sujetos obligados sobre la prevención del blanqueo de capitales. Por eso creará una academia virtual a la que se podrá conectar cualquier persona a recibir instructivos de, por ejemplo, cómo completar un formulario de operaciones sospechosas.

La herramienta está especialmente dirigida a los sujetos obligados, quienes recibirán una certificación cuando completen el programa.

La propia UAF también aspira a pasar un proceso de certificación, como señala su subdirector Alejandro Melo. “Se han elaborado manuales y el otro año queremos certificarnos en ISO en gestión de calidad”, comentó a este diario.

Una de las claves para mejorar el funcionamiento de la UAF es la dotación de mayor presupuesto y de más personal cualificado y bien pagado. Al respecto, Melo señaló que el presupuesto de la entidad pasó de alrededor de $770 mil en 2014 a $3 millones en 2015 y a $4.5 millones para 2016.

En lo que se refiere al personal, pasó de menos de 30 empleados en 2014 a más de 60 en la actualidad, con la intención de contratar a 20 personas más.

Melo defendió que la entidad es autónoma y maneja su presupuesto de manera independiente, aunque sigue siendo una unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia.

De todo el proceso de renovación de la UAF estará pendiente la misión del GAFI que llegará a Panamá para verificar el cumplimiento del plan de acción y la eficacia del mismo contra el lavado de capitales.

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