COMPAÑÍAS AFECTADAS

Retraso en obras del Seguro Social; dos conflictos en uno

La burocracia en la Caja de Seguro Social demoró la firma del contrato para un módulo de oficinas y 200 estacionamientos en el edificio de Clayton.

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La valla que anuncia la construcción se mantiene en pie esperando la obra que no se ejecutó. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez. La valla que anuncia la construcción se mantiene en pie esperando la obra que no se ejecutó. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.
La valla que anuncia la construcción se mantiene en pie esperando la obra que no se ejecutó. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.

Para celebrar del contrato de una obra, la Caja de Seguro Social (CSS) demoró más tiempo en firmar el documento que el período solicitado al contratista para levantar las edificaciones. Siete meses contra seis.

La actual administración de la CSS, a cargo del director Guillermo Sáez-Llorens, termina el próximo 30 de septiembre su gestión de cinco años, y heredará a su sucesor un convenio conflictivo, sin resolver.

Tras la firma del contrato en 2012, hubo una serie de incumplimientos de la CSS en el acuerdo para la construcción de un módulo de oficinas y 200 estacionamientos en su sede de Clayton. La obra, que debía estar lista el 2 de noviembre de 2013, derivó en dos situaciones paralelas con el contratista y su aseguradora.

En ambos casos, la institución estatal no actuó de acuerdo con lo establecido por la ley, y terminó afectando tanto al consorcio español Arranz Acinas como a Nacional de Seguros.

En el primero, la propia CSS dilató el inicio de la obra, cuyo precio de referencia era de $3 millones, por una serie de irregularidades y demoras en el trámite.

Sin embargo, resolvió administrativamente el contrato con Arranz Acinas alegando que esta no había cumplido su parte e impidió que participara en licitaciones estatales por tres meses.

En el segundo, y a pesar de que la fianza de $1.3 millón ya estaba vencida, la CSS reclamó la indemnización a Nacional de Seguros. Al no conseguir el consentimiento de la aseguradora, decretó un secuestro por todos los bienes de la compañía, atentando contra el artículo 218 de la Ley 12 de 2012, que regula la actividad de seguros en Panamá.

Durante una semana, este diario intentó obtener la versión de la CSS a través de llamadas a su director y varios correos al departamento de Relaciones Públicas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta ni a las preguntas planteadas ni a la solicitud de entrevista.

Pasa el tiempo

El 13 de julio de 2012, el consorcio Arranz Acinas se adjudicó la licitación para construir el proyecto en Clayton. Su propuesta, a un costo de $2.7 millones, sumó 99 puntos y se impuso a otras tres. Hasta allí, todo bien.

Empero, el contratista tuvo que esperar más de siete meses, hasta el 27 de febrero de 2013, para que la CSS firmase el contrato. Y aquí se registra la primera de una serie de incumplimientos.

En su artículo 18, subtítulo “Principio de economía”, la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública en el país, establece que: “Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, a fin de evitar dilaciones y retardos en la ejecución del contrato”.

Con el contrato firmado, la empresa necesitaba la orden de proceder para iniciar la obra. Nuevamente, pasaron más de dos meses para que esta se decretara.

En total, desde que el consorcio español se adjudicó la obra hasta que recibió el aval de la CSS para iniciarla, pasaron casi 10 meses. Es decir, cuatro más que el tiempo de construcción de 180 días.

Pero las demoras no terminaron allí. Dos semanas después de firmado el contrato, el consorcio procedió a presentar el anteproyecto diseñado por los técnicos de la CSS ante la Sección de Obras del Municipio para su correspondiente aprobación.

El Municipio lo rechazó el 29 de mayo por no cumplir con las técnicas vigentes.

Dos días después, el consorcio solicitó hasta cuatro veces una reunión de urgencia con los técnicos de la CSS para analizar el nuevo revés. Para entonces, ya había pasado un mes del plazo de construcción.

Sesenta días después de la primera petición de reunión, la CSS accedió a ella, pero no resolvió nada al respecto. Fue entonces cuando el contratista presentó a la institución un anteproyecto para su consideración. El 1 de octubre estaba aprobado.

Ahora faltaba el aval -de nuevo- del Municipio para otorgar la licencia y comenzar los trabajos. En cinco días la entidad resolvió que el anteproyecto cumplía las normas. Era 7 de octubre de 2013, 25 días antes de la fecha de entrega.

Tras un año y tres meses desde la adjudicación de la licitación, los precios de los materiales ya no eran iguales. Al otro día, el consorcio le solicitó a la CSS una extensión de plazo y un aumento del precio.

El 22 de octubre se celebró otro encuentro para saber la decisión a su solicitud, pero la CSS no tenía respuesta. El 21 de noviembre, 19 días después de la fecha de entrega del proyecto, la institución decidió no otorgar ninguna de las dos.

Desde ese momento, y hasta el 23 de diciembre del mismo año, no se supo qué sería de la construcción. A las 11:31 a.m. se generó una nueva entrada en la web de PanamáCompra, la segunda después de la resolución de adjudicación del 13 de julio de 2012.

Dicha entrada dictaminó que la CSS resolvía -cancelaba- el contrato administrativamente, señalando que el consorcio “no ha honrado el compromiso pactado con la institución (...)”.

Además, inhabilitó a Arranz Acinas para participar en licitaciones estatales por tres meses.

fianza vencida

En esta misma resolución, firmada por Sáez Llorens, la CSS le quitó el seguro a otro conflicto. Ahora, el involucrado era Nacional de Seguros, que cerró 2013 con primas suscritas por $40.1 millones y tiene unos 65 mil asegurados.

La CSS reclama en el documento, con fecha del 28 de noviembre de 2013, el pago correspondiente a la fianza de cumplimiento No. 04-16-0105402-0, cuya vigencia inicial era del 11 de diciembre de 2012 al 9 de junio de 2013.

Tras la emisión de la orden de proceder de la obra, se generó un endoso a la fianza y se extendió la vigencia hasta el 2 de noviembre del mismo año. Es decir, el período de reclamo estaba vencido y la CSS no tenía facultad de reclamar el pago.

Ante la imposibilidad de recibir la indemnización de $1.3 millón, correspondiente al 50% del costo de la obra, la CSS decidió decretar un secuestro por todos los bienes de la aseguradora hasta el precio de la fianza.

La aseguradora consignó el secuestro con una nueva fianza emitida por la Aseguradora Ancón por la totalidad del pago. De esta manera, se debía levantar automáticamente la resolución.

El Código Judicial en su artículo 546 establece que: “Si el deudor presentare caución para que responda por el monto del secuestro o hiciese depósito en dinero por la suma que cubra lo secuestrado y las costas que fije el juez, se suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o se levantará el ya verificado (...)”.

Teniendo en cuenta lo que dicta el Código Judicial, además de la ya mencionada Ley 22 de 27 de junio de 2006, el juzgado cuarto ejecutor de la CSS debía emitir los oficios de levantamiento del secuestro, que aún sigue pendiente.

El jueves 18 de septiembre el 100% de las instituciones financieras en las que la aseguradora tenía recursos había congelado los fondos. Para amortiguar esto y la imposibilidad operativa, una fuente familiarizada con el caso indicó que accionistas de la compañía pusieron dinero para hacer frente a cualquier reclamo o pago.

La aseguradora ahora espera a que el juez levante el secuestro, o llevar el caso a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; el consorcio Arranz Acinas decidió no gastar tiempo y recursos en su conflicto; y en la entrada del edificio de la CSS de Clayton sigue en pie la valla que anuncia con orgullo la construcción de una obra que nunca fue.

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