avances en la lucha contra el lavado de capitales

Salir de lista, un reto de país

Quienes lideran la estrategia nacional advierten de que el señalamiento del Gafi puede afectar a toda la sociedad.
El sector financiero ya está sintiendo los efectos de que Panamá aparezca en la lista gris del Gafi, ya que los bancos corresponsales en Estados Unidos deben hacer una diligencia debida ampliada cuando efectúan operaciones con Panamá. El sector financiero ya está sintiendo los efectos de que Panamá aparezca en la lista gris del Gafi, ya que los bancos corresponsales en Estados Unidos deben hacer una diligencia debida ampliada cuando efectúan operaciones con Panamá.
El sector financiero ya está sintiendo los efectos de que Panamá aparezca en la lista gris del Gafi, ya que los bancos corresponsales en Estados Unidos deben hacer una diligencia debida ampliada cuando efectúan operaciones con Panamá.

Desde el pasado mes de junio Panamá integra la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El país fue incluido en esta relación de países en observación junto a territorios como Afganistán, Albania, Nicaragua, Pakistán o Yemen, entre otros, por las debilidades detectadas en la estructura para enfrentar el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Desde entonces, tanto el Gobierno como el sector privado, principalmente aquel vinculado al mundo financiero, han manifestado un compromiso para salir del listado. No obstante, quienes están dirigiendo la estrategia nacional para enfrentar esta situación afirman que se trata de una cuestión de Estado y que tiene que ser abordada transversalmente, ya que los efectos de permanecer en una lista discriminatoria terminarán impactando a toda la población.

La abogada Maruquel Pabón, excoordinadora de asuntos del Gafi dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que los efectos empiezan a sentirse en bancos y entidades financieras, que ven restringidas o cortadas las relaciones con sus corresponsales en el extranjero y eso encarece los costos de los préstamos, lo que terminará afectando a los consumidores porque sus financiamientos serán más difíciles de obtener y eventualmente más costosos.

“El tema del blanqueo de capitales está siendo atacado de manera agresiva internacionalmente y si un país no hace su parte en esta lucha se enfrentan consecuencias”, recalcó Pabón.

El plan de acción

Poco después de entrar en la lista gris, Panamá acordó un plan de acción con el Gafi cuyo cumplimiento debería suponer el abandono de la lista.

Ese plan tiene varios componentes. Entre ellos destaca la actualización de la legislación sobre prevención de lavado de activos a los estándares del Gafi, que fueron revisados en 2012.

Según Roberto de Michele, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asesora al Gobierno para ejecutar este plan de acción, “la mayor parte de los problemas que fueron identificados por el Fondo Monetario Internacional pueden resolverse si Panamá aprueba una legislación modelo”.

Un segundo grupo de reformas se debe introducir al Código Penal; tiene que ver con la adecuación al régimen panameño de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas sobre terrorismo, como en lo referente a la confiscación de activos.

La tercera área de actuación será la mejora institucional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que debe constituirse en un actor independiente en la estructura nacional de prevención de lavado de capitales.

El consultor del BID recordó que lo que el Gafi le pide a los países es un conjunto de acciones, lo que demuestra que no se trata de un problema del sector financiero, los desarrolladores inmobiliarios o de los que estructuran sociedades por sí solos, sino que es un problema general de la economía y, por lo tanto, los países tienen que tener mecanismos para cubrir esos riesgos.

Para determinar dónde están las mayores vulnerabilidades del sistema, Panamá se someterá a una evaluación nacional de riesgo, ejercicio para el que también se contará con el apoyo del BID. Su objetivo es determinar los distintos riesgos existentes y sus eventuales impactos. El resultado de ese trabajo, en el que participarán el sector público y el privado, permitirá adoptar las políticas públicas pertinentes para mejorar la lucha contra el lavado.

Los avances

El próximo 10 de diciembre Panamá debe entregar al Gafi un reporte con los avances que ha logrado hasta la fecha.

Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, explicó que se entregará el paquete de reformas presentado por el Ministerio Público para actualizar la legislación penal, los documentos proporcionados por la UAF que certifican los avances en esta institución y un borrador de la nueva ley antilavado.

En la nueva norma, siguiendo el estándar internacional, se van a ampliar las actividades sujetas a la obligación de reportar operaciones sospechosas, algo a lo que actualmente solamente están sujetos los bancos. Aunque el patrón del Gafi habla de actividades en concreto, Pabón dice se deben analizar las conductas, como las operaciones en efectivo de cierto volumen o cuando no se conoce al cliente. En esos casos será obligatorio reportar a la UAF.

Otro cambio legal que se incluye en el plan de acción es la revisión de la ley que inmoviliza las acciones al portador. Según el texto aprobado por la pasada administración, su implementación completa se producirá tres años después de su entrada en vigor, prevista para 2015. Hay consenso entre los distintos sectores sobre la necesidad de acortar ese plazo, pero todavía no se ha definido cuánto.

El Gobierno de Panamá se comprometió a tener estas medidas en marcha en junio de 2015. Si en ese momento se ha cumplido con todos los pasos, el país puede pedir una revisión para salir de la lista gris.

Después, en el primer trimestre de 2016 habrá una nueva evaluación por parte del Gafi, otra prueba de fuego que determinará qué tan efectivos han sido los esfuerzos para reducir esas brechas del sistema que se utilizan para delinquir.

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