Reformas limitan participación extranjera

Silencio estatal

El bloque de países europeos pidió una audiencia a la Cancillería. Fábrega les recomienda hablar con el Ministerio de Comercio.

Un día después que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley 613, que limita la participación de empresas extranjeras en los negocios de servicios marítimos auxiliares, los embajadores de la Unión Europea (UE) solicitaron el pasado sábado una audiencia “urgente” con el canciller Fernando Núñez Fábrega, pero hasta hoy no han recibido una respuesta formal a la petición.

Los diplomáticos europeos acreditados en Panamá han mostrado su descontento sobre el proyecto de ley, el cual fue promulgado en la Gaceta Oficial como Ley 41, que establece que el 75% de las acciones de las compañías en el negocio de servicios marítimos auxiliares deben pertenecer a panameños.

La legislación se refiere específicamente a las empresas que se dedican al servicio de distribución de combustible con barcazas y al servicio de transporte de pasajeros y víveres en lanchas, aunque este último lo ejercen, en su mayoría, empresarios locales.

El bloque de los 27 países europeos entiende que la Ley 41 violaría los compromisos que ya adoptó Panamá con Europa, y que podría traer fricciones en las relaciones económicas entre el país y la UE.

Miembros de la diplomacia europea confirmaron que hasta ayer en la tarde no habían recibido una respuesta del Gobierno respecto al encuentro en el que esperan evaluar el alcance de las reformas legales que ahora rigen para la industria marítima auxiliar.

Indicaron que continúa la intranquilidad al no recibir información que les asegure que no se restringirá el acceso al país para las sociedades europeas.

Vía telefónica, desde Costa Rica, el canciller Fernando Núnez Fábrega aseguró que no había recibido la carta con fecha del 13 de junio, y que en todo caso los diplomáticos debían solicitar la audiencia al Ministerio de Comercio, y no a él.

La misiva de la embajada de Italia, en su condición de representante pro témpore en Panamá de la Presidencia de la Unión Europea, muestra su inquietud principalmente a la cancillería panameña, con copias al Ministerio de Comercio y la Asamblea Nacional.

Mientras el Gobierno guarda silencio en torno a este tema, gremios como la Cámara Marítima, Fundación Libertad y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) analizan si la reforma a la ley da lugar a una demanda de inconstitucionalidad.

En este mismo renglón, Carlos Ernesto González De La Lastra, consultor y experto en el tema marítimo, entiende que la ley tiene una serie de defectos que violan los tratados comerciales que ha firmado Panamá.

“La ley viola los tratados de libre comercio”, aseguró González De La Lastra.

Panamá ha firmado una decena de convenios de promoción y protección de inversiones, además de varios tratados de libre comercio; y la Ley 41 pasaría por encima de estos pactos en los que no se incluyeron restricciones para la prestación de servicios marítimos auxiliares por parte de extranjeros.

González De La Lastra advierte que lo que se busca es “crear un monopolio familiar”.

En este sentido, fuentes relacionadas al sector marítimo indican que con esta legislación se trata de favorecer a la empresa Star Tankers Bunkering, supuestamente vinculada a la familia del presidente Ricardo Martinelli.

Factores que ahuyentan la inversión

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) instó fuertemente a los candidatos a la presidencia a que realicen sus campañas políticas basándose en propuestas de Gobierno y no enfocados en la “campaña sucia”.

Ayer, en la sede del consejo, el presidente Gabriel Diez destacó que, además de los riesgos sociales que puedan ocasionarse, estas prácticas podrían generar un impacto negativo en la economía del país.

“Con un sistema de elecciones que nos traiga como consecuencia una inestabilidad y riesgos de toda clase, la inversión extranjera no llega y vamos a tener muchos problemas económicos”.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas habló la semana pasada de lo peligroso de generar incertidumbre a la inversión cuando se aprueban proyectos como el que limita la participación de empresas extranjeras en los servicios marítimos auxiliares.

Un informe presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) la semana pasada reveló que Panamá y Costa Rica fueron los principales receptores de la inversión extranjera directa (IED) en Centroamérica durante 2012, que alcanzó la cifra récord de $9 mil 702 millones.

De ese total de IED, “$3 mil millones se quedaron en Panamá”, la economía más dinámica de la región junto con las de Costa Rica y Nicaragua, cita el documento.

En 2012, Panamá registró un crecimiento de aproximadamente 10.5%.

Luis Bellini

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