PUERTO RICO

‘Superbono’ contra la crisis

Los tenedores de deuda recibirían menos por los títulos adeudados, pero tendrían en compensación más posibilidades de recibir algún pago.
El país tiene una deuda pública de $72 mil millones. El país tiene una deuda pública de $72 mil millones.
El país tiene una deuda pública de $72 mil millones.

Los principales titulares de las Obligaciones Generales (GO, en inglés) de Puerto Rico han recibido con buenos ojos la propuesta del Gobierno de la isla para atender sus derechos a través de un “superbono”, por lo que ambas partes trabajan en un plan financiero para combatir la crisis de la isla.

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, celebró ayer la buena acogida de los bonistas, pero insistió en que ello no limitará el interés del Ejecutivo isleño por lograr que Washington permita su inclusión en la Ley federal de Quiebras, al igual que el resto de los estados de Estados Unidos.

Según apuntó en una entrevista radiofónica, el Gobierno puertorriqueño necesita un mecanismo de resolución de deudas aunque este no se utilice, pues ello facilitaría las negociaciones con los acreedores, incluso fuera de los tribunales.

“Veo con muy buenos ojos el interés de negociar en consenso, pero aun así hay que mantener la presión para que el Congreso entienda que Puerto Rico necesita un régimen de quiebras”, dijo Acosta.

El diario El Nuevo Día publicó ayer, sin identificar sus fuentes, que estos bonistas ven con buenos ojos la emisión por parte del Gobierno de Puerto Rico de un “superbono”, que se emitiría a los actuales acreedores a cambio de la deuda pendiente a negociarse.

Los tenedores de deuda recibirían menos por los títulos adeudados, pero tendrían en compensación más posibilidades de recibir algún pago.

Las citadas fuentes del diario apuntan que ambas partes trabajan además sobre el plan económico y fiscal que elaboraron hace meses los execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) Anne Krueger, Andrew Wolfe y Ranjit S. Teja, por encargo del Ejecutivo boricua.

“No es un plan de austeridad, es un plan de crecimiento. Dará la oportunidad para que los servicios públicos y los beneficios de pensiones continúen como está definido en el informe Krueger”, dijo al citado diario una persona que está al corriente de las mencionadas negociaciones.

Añadió que “es un plan que va a proteger la Constitución y va a respetar el estado de derecho vigente”, así como permitirá mantener los servicios públicos y el pago de las pensiones de los empleados públicos durante los próximos meses.

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