Terminales aeroportuarias

Suspicacia ante decreto ejecutivo

Por mandato presidencial, la AAC transfirió a Tocumen, S.A. todos los bienes y pasivos de tres aeropuertos.

Los motivos que estarían detrás del traspaso de la administración de los aeropuertos de David, en la provincia de Chiriquí; Río Hato, en Coclé, y Colón que hizo la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) a Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.,| han generado suspicacia entre algunos sectores de la sociedad. Aunque las autoridades sostienen que las razones son meramente económicas y administrativas, analistas indican que el Gobierno estaría buscando los mecanismos para reducir la carga fiscal que representará la ampliación y remodelación de las tres terminales, inversión que alcanza los 140 millones de dólares.

También se ha mencionado la posibilidad de que el Gobierno intente capitalizar a Tocumen S.A., que en estos momentos ejecuta un programa de inversión que superará los $600 millones con la construcción de la terminal sur y la primera fase de lo que será la ciudad aeropuerto.

En el artículo 2 del Decreto No. 65 de 5 de junio de 2012, y que lleva las firmas del presidente Ricardo Martinelli y del ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, se establece que “el Aeropuerto Internacional de Tocumen se encargará de la administración de las terminales de David, Río Hato y Colón, así como de sus activos y pasivos, incluyendo los bienes que estén destinados a su operación y desarrollo”. Además, se indica que la AAC continuará ejecutando todos los procesos de navegación que permitan el funcionamiento de las mismas.

El traspaso desde el punto de vista económico es una decisión acertada, por lo menos así lo piensa John Bennet, analista económico y exdirector de la AAC.

Sostiene que Tocumen tiene los fondos para solventar la carga que representará el manejo de estas tres terminales, aunque es probable que los ingresos del aeropuerto se vean afectados en los primeros años debido a que las nuevas operaciones aeroportuarias no contarán con un movimiento constante de aviones y por ende las terminales traspasadas no serán rentables.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno esté buscando reducir su carga fiscal con el traspaso de los aeropuertos y sus correspondientes deudas a Tocumen, Bennett es de la opinión que todo es posible, y añade que la actual administración se ha caracterizado por buscar mecanismos que le permitan contraer nueva deuda, pero sin que esta aparezca en sus libros contables.

Un ejemplo claro son los proyectos que se ejecutan bajo el mecanismo de llave en mano, que suman $3 mil millones. Bajo este esquema las empresas constructoras financian las obras y el Gobierno las paga cuando se entregan o según un calendario preestablecido. De esta forma el Gobierno recibirá los proyectos antes de 2014 cuando termina su período constitucional, pero la deuda será cancelada por la próxima administración.

Hay que recordar que en 2011 el Gobierno sacó del sector público no financiero a la Empresa Nacional de Autopistas, a Tocumen S.A. y a la Empresa de Transmisión Eléctrica. Con este cambio, toda la deuda adquirida por las tres empresas no se verá reflejada en el balance fiscal. En las actuales sesiones extraordinarias se aumentó el tope del déficit fiscal para 2012 a 2.9%, lo que permitirá al Gobierno sumar nueva deuda.

En tanto, Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen S.A., afirma que es normal que este cambio genere “morbo” entre los detractores del Gobierno, pero asegura que no hay nada oculto en el movimiento.

Una vez empiecen a controlar las tres terminales, explica Pino, planificarán una estrategia aeroportuaria que les permitirá aprovechar los recursos haciendo economía de escala en la compra de equipos y suministros.

Todo indica que Tocumen tendrá más capital bajo su control. Pino descarta la posibilidad de que estos sean utilizados para lograr o adquirir nueva deuda y argumenta que actualmente la empresa cuenta con activos valorados en $800 millones. Agregó que no necesitaría más capital para contraer futuros préstamos, si ese fuera el caso. La construcción de la terminal sur, que costaría entre $300 millones y $400 millones, se financiará con los fondos que se obtengan de la licitación de los futuros espacios comerciales o dutty free que se crearán en la nueva ampliación. En esta licitación, Tocumen proyecta recibir cerca de $500 millones, dijo Pino.

Germinal Sarasqueta, experto en aviación y exconsultor de la Organización de Aviación Civil Internacional, defiende el decreto publicado en Gaceta Oficial. Para él, la decisión es una idea sabia e incluso considera que debían incluirse todos los aeropuertos y pistas que existen en el país.

Añade que Tocumen S.A. tiene la experiencia y los fondos para manejar todos los aeropuertos del país, y recuerda que en 2003 se planteó esta posibilidad cuando Tocumen se convirtió en una sociedad anónima, pero que la misma no se ejecutó porque no existía la certeza que la transformación del aeropuerto a un ente semiprivado tendría éxito.

Tomará cerca de año y medio para que Tocumen S.A., que reportó ingresos por $100 millones en 2011, asuma el control de los tres aeropuertos que en estos momentos están en plena remodelación y construcción. Por ahora no existen proyecciones de ingresos de las nuevas terminales y no será hasta finalizadas las obras que se realizará un avalúo y así se conocerá el valor que estas le agregarán a la empresa en mención.

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