Comercio

UE analiza acuerdo con Estados Unidos

La negociación ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad civil que lamentan que se esté llevando a cabo con secretismo.
El acuerdo de libre comercio e inversiones pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo. BLOOMBERG/David Paul Morris. El acuerdo de libre comercio e inversiones pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo. BLOOMBERG/David Paul Morris.
El acuerdo de libre comercio e inversiones pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo. BLOOMBERG/David Paul Morris.

Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) harán hoy viernes un balance de la negociación en curso con Estados Unidos de un acuerdo de libre comercio e inversiones, conocido como TTIP, con la perspectiva de que su tramitación se haga más transparente con la publicación de más documentos. Los ministros, reunidos en un Consejo que inaugurará la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, tienen previsto aprobar unas conclusiones sobre el transcurso de las negociaciones comerciales transatlánticas, informaron fuentes comunitarias.

Las discusiones tendrán como telón de fondo el anuncio de la nueva comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, de que la próxima semana la Comisión Europea (CE) adoptará una decisión para publicar más documentos relacionados con la negociación y dar acceso a los mismos, aunque con salvaguardas, a los eurodiputados. El pasado octubre el Consejo ya decidió hacer públicas las directivas de negociación entregadas a la Comisión.

La CE es la institución comunitaria encargada de negociar este tipo de acuerdos internacionales con los Veintiocho, mientras que el Parlamento Europeo no puede participar en esa etapa y sólo puede aprobar o rechazar el texto cuando esté cerrado, sin posibilidad de introducir ninguna enmienda, tal y como especifican la legislación europea.

La negociación del TTIP, que pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo (supondría el 50% de la actividad económica global), ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad civil y eurodiputados, que lamentan que se esté llevando a cabo con “secretismo”. Una de sus mayores preocupaciones es la controvertida cláusula de protección del inversor (ISDS, en inglés), que a su juicio podría “amenazar la capacidad” de los Estados a la hora de emprender acciones preventivas para proteger la salud pública o el medio ambiente al establecer un mecanismo para que las empresas demanden a los países si creen que sus inversiones se ven perjudicadas.

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