INDUSTRIA marítima

UE pide audiencia por alcance de legislación

La solicitud aparece en una nota enviada por la embajada de Italia en Panamá al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Los embajadores de la Unión Europea acreditados en Panamá solicitaron una audiencia urgente con el canciller Fernando Núñez Fábrega para analizar los alcances del proyecto de ley 613 aprobado ayer en tercer debate en la Asamblea Nacional y promulgado en la Gaceta Oficial como Ley 41.

La solicitud aparece en una nota enviada por la embajada de Italia en Panamá al Ministerio de Relaciones Exteriores en condición de representante pro témpore de la presidencia de la Unión Europea.

En particular el bloque europeo se refiere al artículo de la Ley 41 donde se exige que para registrar naves dedicadas a estos servicios si su propietario es una sociedad anónima deberá acreditar que el porcentaje de los tenedores de las acciones pertenecientes a panameños, no es menor o inferior al 75%.

El proyecto de Ley fue aprobado ayer en tercer debate con 36 votos de los oficialistas de Cambio Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), mientras que siete diputados de oposición votaron en contra y hubo cero abstención.

La advertencia del bloque europeo se suma a la oposición que ha tenido el proyecto de ley por parte de las empresas marítimas debido a que restringe la inversión extranjera en este sector.

El propio proponente del proyecto y miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático, Yassir Purcait advirtió que la ley podrá ser demandada porque hay un artículo que entra en conflicto con los tratados de libre comercio y convenios que ha suscrito Panamá con otros países.

Aunque el diputado solicitó ayer que el proyecto se bajara a segundo debate para modificarlo, la bancada oficialista voto en contra. Sin embargo, tras la aprobación en tercer debate, Purcait no falló en posar con el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez para tomarse la fotografía con el proyecto en mano.

La legislación

El proyecto de ley 613, que originalmente tenía 10 artículos, recibió varias modificaciones pero se mantuvo la solicitud inicial de exigir que el 75% de las acciones de las empresas de servicios marítimos auxiliares sea de panameños.

El nombre del proyecto fue modificado de “anteproyecto de ley que dicta disposiciones sobre el trabajo de mar y vías navegables” a “Que reforma el Decreto Ley 8 de 1998, la Ley 56 de 2008 y la Ley 57 de 2008 y dicta otras disposiciones sobre el trabajo en el mar y vías navegables”.

La legislación se refiere especialmente a las empresas que se dedican al servicio de distribución de combustible con barcazas a los buques que llegan a Panamá, así como también al servicio de transporte de pasajeros y víveres en lanchas, aunque este último en su mayoría lo ejercen empresarios panameños.

El conflicto surge con las empresas de distribución de combustible, que actualmente son cinco: Star Tankers Bunkering, Trader Tankers e Interoceanic Supply Services (las tres propiedad de panameños), además de Compañía Marítima de Panamá (Grupo Boluda de España) y VT Shipping International Inc. (Holanda).

Fuentes del sector marítimo aseguran que con esta legislación se trata de favorecer a la empresa Star Tankers Bunkering, supuestamente vinculada a la familia del presidente Ricardo Martinelli y que fue creada en 2010.

Efecto legal

La legislación no solo afecta el contenido de los tratados de libre comercio firmados por Panamá con otros países, sino que también puede ser declarada inconstitucional.

Como parte del artículo 294 de la Constitución de la República de Panamá se establece que: “La Ley podrá, sin embargo, cuando exista la necesidad de proteger el comercio al por mayor ejercido por panameños, restringir el ejercicio de dicho comercio por los extranjeros. Pero las restricciones no perjudicarán en ningún caso a los extranjeros que se encuentren ejerciendo legalmente el comercio al por mayor al entrar en vigor las correspondientes disposiciones”.

Es justamente en este último párrafo que varios abogados consultados por este diario dijeron que la ley sería inconstitucional porque exige a las empresas extranjeras que ya tienen un permiso de operación de servicios marítimos auxiliares presentar la documentación “cada vez que estas requieran incorporar a su licencia de operación nuevas naves para prestar los servicios autorizados”.

Tema laboral

La Ley establece que la tripulación de las embarcaciones que presten servicios marítimos auxiliares deberán tener un porcentaje no inferior al 90% de nacionalidad panameña.

Según las fuentes consultadas, actualmente la mayoría de los tripulantes de las embarcaciones de servicios marítimos auxiliares son panameños, por lo que no se verá el efecto.

Aunque algunos marinos salieron a defender el proyecto de ley, la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (Apom) aclaró en un comunicado que la posición de los directivos del gremio Ernesto Cooper y Manuel Marino son opiniones personales y no de la agrupación.

“No podemos manifestarnos ni a favor o en contra de un proyecto de ley que no fue creado para favorecer a la gente de mar ”, indica la nota firmada por Luis Fruto, presidente de Apom.

Añadió que el gremio dará a conocer su posición sobre esta legislación cuando se reúna la junta directiva o asamblea general.

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