VALOR RAZONABLE

VALOR RAZONABLE: Efectos jurídicos del registro de valores

CARLOS BARSALLO*

OPINIÓN

En las ofertas públicas de valores el regulador tiene competencia para juzgar si se ha incluido información suficiente para que el inversionista se forme un juicio fundado y, de considerar que no es así, para exigir la inclusión de información adicional.

Puede insistir en sus interrogantes hasta llegar a una descripción de la realidad del emisor que resulte verosímil, a la vista del conjunto de la información disponible sobre el estado general de la economía, el del concreto sector del emisor y el de la propia situación de este.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha tenido oportunidad de reflexionar al respecto (13 de agosto de 1992). En demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción incoada por International Mortage Corp., la Sala III señaló que el regulador no está obligado a aprobar la emisión de valores ante la mera presentación de los documentos taxativamente enumerados en el artículo 7 del Decreto de Gabinete 247 de 1970, hoy derogado.

El regulador tiene un importante control sustantivo sobre el contenido del prospecto y es su capacidad para sancionar al emisor que registra información falsa. Conforme el artículo 75 del Decreto ley 1 de 1999 (hoy artículo 121 del texto único), el regulador no será responsable por la veracidad de la información o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro o en los informes. Para mayor divulgación de esta limitación de la responsabilidad del regulador se exige que los prospectos contengan una declaración en tal sentido.

El caso panameño es igual al español. Como bien señala José Enrique Cachón Blanco en “El Principio jurídico de protección al inversor de valores mobiliarios” (Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Año XIII Julio-Septiembre 1994): “En torno a la posible responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores…. la incorporación a los registros de la CNMV de los informes de auditoría y de cuentas y de los folletos informativos solo implicará el reconocimiento de que aquellos contienen toda la información requerida por las normas que fijen su contenido y en ningún caso determinará responsabilidad de la CNMV por la falta de veracidad de la información en ella contenida.

En consecuencia, el ordenamiento de mercado de valores español define un criterio de irresponsabilidad de la CNMV por el contenido del folleto, quedando el análisis del folleto por la CNMV limitado a cuestiones formales.

La legislación confía en el sistema de auditoría de cuentas como medio de aseveración de la corrección de los datos o de formulación de las advertencias que sean precisas, por lo que en el caso de falsedades, irregularidades u omisiones relevantes de datos, la responsabilidad recaería en los órganos de administración y, en su caso, en los auditores”.

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