VENTANA FISCAL

VENTANA FISCAL: Denuncias fiscales

OPINIÓN

Para generar negocios se requiere ser emprendedor y una buena dosis de creatividad. Por ejemplo, en otras jurisdicciones prosperan oficinas que se dedican a las denuncias fiscales, que se han convertido en buenos negocios.

En nuestro paraíso panameño también se han dado casos de denuncias fiscales con buenos resultados económicos tanto para el Tesoro Nacional como para el denunciante, por lo que no me asombraría ver a algún creativo organizar una empresa para realizar denuncias sobre evasiones, omisiones, retenciones, apropiaciones, defraudación de impuestos y demás infracciones al Código Fiscal.

La oportunidad pareciera propicia porque la recompensa es atractiva, cual dama en su noche de bodas, pues la Ley 31 de 2009 ofrece el 25% de toda suma que el Fisco recaude como consecuencia de una denuncia, con el incentivo adicional de que el denunciante no está obligado a pagar impuesto alguno (tax free) sobre la recompensa que reciba. Como quiera que el conocimiento es poder... conocer hechos que califican de evasión fiscal, propicia el poder de obtener ingresos importantes.

Y todo ello es confidencial, pues la misma Ley 31 de 2009 obliga a la Administración Tributaria a guardar reserva sobre la identidad del denunciado y demás hechos de la denuncia, aunque curiosamente no establece sanciones para quien rompa la reserva. En cambio, si el mismo denunciante rompe la confidencialidad puede perder la recompensa.

El tema de las denuncias fiscales cobra mayor importancia ante la vigilancia ciudadana sobre la Declaración Jurada de Estado Patrimonial de los servidores públicos. No obstante, a pesar de que las miradas están dirigidas a los nuevos funcionarios, es preciso establecer prioridades y señalar la necesidad de exigir la declaración final a los que salieron del aparato gubernamental, con el fin de realizar las comparaciones patrimoniales que correspondan sobre todo cuando se tiene la percepción del enriquecimiento no justificado.

La responsabilidad de establecer la variación del patrimonio de los exservidores públicos comparando el valor al inicio de su gestión con el patrimonio al separarse del caigo, recae en la Contraloría General de la República. Cualquier aumento deberá estar justificado con los ingresos netos del período descontando gastos personales y/o familiares. En caso contrario se presume un enriquecimiento injustificado y la Contraloría está sujeta a actuar en concordancia con el artículo 9 de la Ley 59 de 1999, enviando copia auténtica de su investigación a la Procuraduría General de la Nación para la correspondiente investigación y posterior responsabilidad penal.

Otro grupo que probablemente ha obtenido un enriquecimiento injustificado son aquellos que, sin ser servidores públicos, aumentaron su patrimonio personal por ser parte del “círculo cero” y/o por su asociación con el poder político. Ellos no tienen la obligación de hacer una declaración patrimonial y por lo tanto están más escondidos y resguardados que los funcionarios. El turno es de las autoridades fiscales que a través de denuncias, auditorías y revisiones fiscales pueden llegar a determinar un aumento no justificado del patrimonio y expedir las resoluciones pertinentes. La tarea no es fácil, pero sí se puede.

Las denuncias fiscales pueden surgir del seno del denunciado por medio de su propio personal pues es el que más fácil puede recabar pruebas y documentos; igual pueden llegar por medio de sus más cercanos colaboradores o allegados, cansados de tanto esperar o por haber recibido alguna mala jugada; otras fuentes son los funcionarios de la institución financiera que ha concedido facilidades o préstamos por un valor superior al valor registrado como compraventa o que haya sido desviado hacia una transacción diferente; también están los asesores legales que han brindado un servicio mediocre sin medir consecuencias fiscales.

Ante la posibilidad de denuncias fiscales, es tiempo de ser responsables y de eliminar la tradicional complacencia.

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